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Elche acoge la XXXV Asamblea General Federal de Amnistía Internacional en España

Amnistía Internacional sitúa en el punto de mira de sus objetivos la lucha contra la pobreza para defender la dignidad humana

Elche.- Más de 200 activistas, en representación de los más de 55.000 miembros de la Sección española de Amnistía Internacional (AI), se reúnen en Elche los días 25 y 26 de abril para celebrar la XXXV Asamblea General Federal de la organización. Durante dos jornadas, los participantes abordan la situación de los derechos humanos en España y en el mundo, y fijan las prioridades de actuación para el próximo año.

 

“Como principal reto, Amnistía Internacional, señala la lucha contra la pobreza. Las personas que viven en esta situación no sólo sufren privaciones, sino que están atrapadas: excluidas, sin voz y bajo la amenaza de la violencia y la inseguridad. El acceso sin discriminación a todos los derechos humanos y la participación activa de quienes viven en la pobreza son clave para salir de esta trampa”, asegura Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, presidenta de la organización en España.

 

Las condiciones de insalubridad, la falta de acceso a agua potable, saneamiento, atención médica, seguridad o educación que padecen millones de personas son, en muchas ocasiones, fruto de las decisiones de gobiernos, empresas y otros agentes; y deben rendir cuentas por ello. Denunciar estos hechos constituye el gran objetivo de la campaña que Amnistía Internacional presenta este año “Exige Dignidad”. Los miembros de la organización pondrán todo su esfuerzo en los próximos meses en la difusión de informes que visibilicen esta situación, realizarán actos de calle para acercar esta realidad a toda la sociedad y llevarán a cabo acciones dirigidas a las autoridades para exigir dignidad para todas las personas.

 

El activismo, una respuesta eficaz frente a los abusos de derechos humanos
Amnistía Internacional presenta un Plan de trabajo en el que destaca el equilibrio entre las prioridades en defensa de los derechos humanos a nivel internacional y en España, la intención de crecer en activistas jóvenes, que ya suman el 18%, y de ampliar una base social que aporte más presión y fuerza a las denuncias de la organización. En el plano internacional, la organización está formada por casi dos millones y medio de personas, de las que más de 55.000 pertenecen a la Sección española y más de 1.600 participan en los 102 grupos de trabajo voluntario de la organización en el estado español.


 
Además, más de 87.000 personas forman ya parte de la Red de Acciones Urgentes en España. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en situación de riesgo, estas personas aúnan su capacidad de presión enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico a los responsables de abusos contra los derechos humanos.


 
Internet continúa siendo también una gran herramienta de movilización. En el último año la Sección española ha recogido casi un millón de firmas a través de www.actuaconamnistia.org. Destacan las movilizaciones que han contribuido a que Estados Unidos dé sus primeros pasos para abandonar el lado oscuro de los derechos humanos anunciando el cierre de Guantánamo, la enorme movilización para exigir a China un legado positivo en derechos humanos tras los Juegos Olímpicos, las firmas que exigen rendición de cuentas tras el conflicto en Gaza, las que han pedido que se erradique la pena de muerte, las que expresan su preocupación por el conflicto en la República Democrática del Congo, o las que ahora exigen que en España no se produzcan rebajas en los derechos de las personas inmigrantes.


 
Prioridades en el mundo
Además del gran reto que supone el lanzamiento de la campaña “Exige Dignidad”, que busca enfrentar la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos y situarla como una prioridad en la agenda mundial,  Amnistía Internacional está siguiendo con especial atención las actuaciones del nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, cuya elección ha supuesto una esperanza para los derechos humanos. El anuncio del cierre del centro de detención de Guantánamo o la adopción de leyes que destierran la tortura de la legislación norteamericana son pasos en la dirección correcta. En este sentido, Amnistía Internacional seguirá trabajando por la rendición de cuentas y para evitar que se repitan las políticas contrarias a los derechos humanos que han definido la “Guerra contra el Terror” en los últimos ocho años.

 

Amnistía Internacional sigue trabajando contra la pena de muerte. Siguiendo la tendencia de años anteriores, en el último año China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos fueron los cinco Estados con la cifra más elevada de ejecuciones. Entre los cinco sumaban un 93% de las ejecuciones en todo el mundo. Sin embargo, la tendencia hacia la abolición de este castigo sigue creciendo. Sólo en 25 de los 59 países que la mantienen se registraron realmente ejecuciones.

 

Oriente Medio es nuevamente una prioridad internacional, tras el conflicto del invierno pasado. En Gaza y el sur de Israel, Amnistía Internacional ha denunciado los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos por todas las partes implicadas en el conflicto. Las operaciones militares israelíes en Gaza han matado a centenares de civiles palestinos, devastado las infraestructuras del territorio y creado una catástrofe humanitaria. Algunos de los ataques se dirigieron contra civiles o edificios civiles de la Franja de Gaza, o su naturaleza fue desproporcionada. Durante el mismo periodo, los cohetes lanzados de forma indiscriminada por Hamás y otros grupos armados palestinos han matado a varios civiles israelíes. Para la organización todas las partes deben rindan cuentas por estas y todas las infracciones del derecho internacional cometidas.

 

Prioridades en España
En los próximos meses se van a discutir en el Parlamento español tres reformas legislativas (Ley de Asilo, Ley de Extranjería y Código penal) con impacto en los derechos de las personas extranjeras. El Gobierno debe garantizar que estas reformas no impliquen una rebaja en derechos humanos. Amnistía Internacional recuerda al Gobierno Español que debe cumplir sus compromisos internacionales y garantizar que estas reformas legislativas no se traducen en un recorte de las garantías de protección a las personas inmigrantes o solicitantes de protección internacional (sea asilo u cualquier otra). Además, debe adoptar las medidas necesarias contra la discriminación, el racismo y la xenofobia que puedan agravarse con la crisis económica actual.

 

La violencia contra las mujeres sigue siendo otra de las grandes preocupaciones en España, si bien se han producido avances en esta materia en al menos seis Comunidades Autónomas. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer; sobre todo en lo que respecta a las mujeres que son víctimas y además inmigrantes, que encuentran una gran cantidad de obstáculos en la búsqueda de protección. La organización seguirá trabajando para que el Estado ofrezca garantías y reparación a todas las mujeres e impulsará medidas para este fin.


 
La organización también ha condenado de forma tajante la campaña de amenazas contra representantes de los partidos políticos, de la sociedad civil y de los medios de comunicación planificada por ETA. El largo historial de abusos contra los derechos humanos acumulado por ETA indica que esta amenaza pública contra la población continúa siendo preocupante.


 
Logros en el mundo
En el último año, activistas de la sección española de Amnistía Internacional han trabajado con éxito por cerca de 100 personas con nombres y apellidos, que han sufrido abusos y menoscabo en sus derechos humanos y posteriormente han visto mejorada su situación como Javier Villanueva, español torturado en Bolivia que ha regresado este año a España; Shi Tao, ciberdisidente chino encarcelado en su país y cuyo caso trataron las autoridades españolas con las chinas en sus relaciones bilaterales; o Ali Mahin Torabi, condenado a muerte en Irán que espera nuevo juicio. Su trabajo ha tenido impacto en al menos 13 países, como Colombia, Estados Unidos, Israel o Guinea Ecuatorial.

 

Ha sido muy importante el trabajo de movilización llevado a cabo con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en Pekín en el verano pasado. Cientos de miles de activistas y medios de comunicación, incluidos los deportivos, se han sumado a las peticiones de Amnistía Internacional y han apoyado una mejora de la situación en el país asiático. Si bien, aún no se han producido los frutos de esta movilización, sí se ha conseguido mostrar al mundo la verdadera realidad del país.

 

Recientemente, hemos celebrado la condena contra el ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, que constituye un hito en la lucha por la justicia y contra la impunidad en Perú. La condena a un ex jefe de estado por violaciones a los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas puede ser el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el resto del mundo.

 

En este sentido, también cabe destacar que en materia de justicia universal, el Tribunal Penal Internacional ha emitido en marzo pasado una orden detención contra el Presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, acusándole de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que se cursa una orden de este tipo contra un presidente en ejercicio. Además, Amnistía Internacional sigue trabajando para mitigar los efectos de la crisis humanitaria que se vive en Darfur.


 
Logros en España
En diciembre pasado, coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Gobierno español adoptaba el Plan Nacional de Derechos Humanos, una aspiración histórica de Amnistía Internacional. Tiene aspectos positivos como la inclusión de medidas en política interior y exterior que reflejan la transversalidad de los derechos humanos, es decir que afectan a todas las áreas de gobierno. Incluye algunas de las garantías que la organización lleva pidiendo desde hace años, como son la grabación en vídeo de los interrogatorios tanto en comisaría como en sede judicial, y la posibilidad de que el detenido sea examinado por un médico de su elección. Sin embargo, no elimina el régimen de incomunicación, que propicia la tortura.  Este Plan también hace una apuesta por el multilateralismo, pero no hay una garantía concreta de que los derechos humanos vayan a estar en el centro de las políticas del Gobierno.

 

La presión de los activistas ha contribuido a que España reforzara su papel en las instituciones internacionales. Así, en el último año ha firmado el Tratado Internacional para prohibir la bombas racimo, así como otros importantes tratados, como el referido a las desapariciones forzadas o la reciente ratificación del Convenio europeo contra la Trata de personas. Sobre este mismo tema, el Gobierno ha adoptado un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual  en España. Y en Naciones Unidas, ha apoyado la creación de un tratado internacional que regule el comercio de armas y ha presentado una iniciativa internacional contra la pena de muerte.

 

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