“¿Por qué CAF sigue evitando detallar en el informe de sostenibilidad que el proyecto atraviesa Territorios palestinos y asentamientos ilegales en Jerusalén ocultando así factores de riesgo? “. Es una de las preguntas que ha realizado Gerardo Ríos, activista de Amnistía Internacional, en la Junta de Accionistas de la empresa CAF celebrada esta mañana en la localidad guipuzcoana de Beasain. La empresa ha continuado argumentando el "impacto positivo" social del proyecto y, escudándose en una consulta a un experto,se reafirman en que el proyecto es legal, aunque no ha hecho público el contenido de su informe.
Amnistía Internacional ha reclamado a CAF que abandone el proyecto de ampliación del tren ligero en Jerusalén, valorado en 1.800 millones de euros, cuya adjudicación en 2019 ganó la empresa, en consorcio con la empresa israelí Shapir. Los 28 kilómetros de vía planeados conectan el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no es reconocida por Naciones Unidas ni la Unión Europea.
“A través de este proyecto, la empresa CAF se hace cómplice, al tiempo que beneficiaria, de la ocupación ilegal de esos territorios. Es evidente que la ampliación del tren ligero contribuirá a que estos asentamientos ilegales se mantengan y crezcan, y con ellos también la posibilidad de los desalojos forzosos, las confiscaciones de tierras y las demoliciones de viviendas” apuntó Ríos.
Amnistía Internacional recuerda que el proyecto de ampliación del tren ligero ya fue declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2017 al considerar que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”. Además, la socia de CAF en el consorcio, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista que elabora Naciones Unidas con aquellas compañías que operan en los asentamientos ilegales israelíes con actividades que plantean “especial preocupación”. Más de 30 organizaciones de derechos humanos y sindicatos entre los que se incluye Amnistía Internacional, han solicitado la inclusión de CAF en la próxima actualización del listado debido a su participación en este proyecto.
Compromisos convertidos en “papel mojado”
En su intervención en la Junta, otra activista de Amnistía Internacional, Cecilia Denis, recordó al consejo de administración y al conjunto del accionariado de CAF cómo en sus informes y políticas la empresa asegura estar “comprometida con el respeto a los derechos humanos”, pero al mismo tiempo no tiene en cuenta las consecuencias que tiene el proyecto de ampliación para una población palestina que ve vulnerados sus derechos cada día.
En ese sentido, el Punto Nacional de Contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó una serie de recomendaciones a CAF. Entre ellas, una “mayor diligencia en la valoración de daños o vulneraciones a los derechos humanos que pueda ocasionar la actividad de la empresa”, revisión de su política de derechos humanos e integración de la misma en su esquema corporativo y revisión de su política de información para que publique los factores de riesgo que puedan existir en sus actividades.
En su informe de sostenibilidad presentado a la Junta, la empresa informa que ha dado cumplimiento a dichas recomendaciones. Sin embargo, no detalla que el tranvía conecta el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, ni de qué forma se han aplicado al proyecto las recomendaciones ni los procedimientos de debida diligencia de la empresa, ni cuáles son los riesgos de derechos humanos que implica.
“Resulta indignante leer todas las declaraciones y pactos en los que CAF reafirma su compromiso con los derechos humanos, y cómo éstas se vuelven papel mojado al participar en este proyecto que da el visto bueno a una ocupación ilegal”, lamentó Marta Mendiola, responsable de Empresas de Amnistía Internacional España.
Desde hace tres años, la Junta de Accionistas de CAF ha servido de escenario para mostrar el rechazo social a que la corporación fundada en Beasain se involucre en la ampliación del tranvía en Jerusalén. Este año, además de las intervenciones en la propia Junta, ha tenido lugar una manifestación por las calles de la localidad convocada por la plataforma “CAF, Bájate del tren”, formada por 40 entidades.
Próxima parada, apartheid
El crimen de lesa humanidad de apartheid, según la Convención contra el Apartheid, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el derecho internacional consuetudinario, se comete cuando se perpetra cualquier acto cruel o inhumano (en esencia, una violación grave de derechos humanos) en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro con la intención de mantener dicho sistema.
En febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó el informe Israel: El apartheid israelí contra la población palestina, que documenta como, desde su creación en 1948, los sucesivos Gobiernos de Israel han creado y mantenido un sistema de leyes, políticas y prácticas concebidas para oprimir y dominar a la población palestina, sistema que se manifiesta de diferentes formas en las diferentes zonas en las que ejerce su control. Una de estas formas es la confiscación discriminatoria de tierras, propiedades, demoliciones de viviendas y desalojos forzosos.
En concreto, el IV Convenio de Ginebra prohíbe trasladar a la fuerza a personas residentes en el territorio ocupado y apropiarse de sus bienes. Es decir, los asentamientos que conecta el proyecto que está ejecutando CAF son ilegales, y contribuir a su mantenimiento y consolidación con esa conexión también lo es.
Desde 1967 Israel ha derribado decenas de miles de propiedades palestinas tanto en Cisjordania como en Jerusalén Oriental. Además, se han desviado recursos naturales de estas zonas para destinarlos a los asentamientos de colonos. En ellos viven ya cerca de 600.000 personas. Construir una infraestructura permanente entre los asentamientos ilegales, como puede ser una línea de tren ligero, es una muestra más de la confianza israelí en seguir disfrutando de impunidad por parte de la comunidad internacional.
En 2022, la ONU registró en la Cisjordania ocupada hasta 621 ataques contra población palestina por parte de los colonos israelíes. Mientras que desde febrero del año pasado, las fuerzas de seguridad israelíes habrían matado a 220 personas palestinas.
