Londres.- Amnistía Internacional condena en los términos más enérgicos el homicidio deliberado de al menos 75 personas, todas o la mayoría civiles, que ha tenido lugar hoy, 19 de agosto de 2009, en la capital de Irak, cuando se cumplen seis años del atentado con bomba contra la sede de la ONU en Bagdad en el que murieron 22 personas, entre ellas Sergio Vieira de Mello, representante especial de la ONU en Irak.
Dos grandes camiones bomba explotaron esta mañana, uno en el exterior del edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, cerca de la fuertemente vigilada Zona Verde, y otro en el exterior del Ministerio de Hacienda, en el distrito bagdadí de al-Waziriya. En un tercer atentado, un coche bomba explotó en un mercado del distrito de al-Baya’. Según los informes, al menos 75 personas murieron en las tres explosiones, todas o la mayoría de ellas civiles, y más de 400, también civiles en su mayoría, han resultado heridas. Hasta el momento no se sabe con certeza quién llevó a cabo estos últimos atentados.
Al ser ataques directos contra civiles, estos últimos atentados con explosivos constituyen crímenes de guerra. Si, como parece, los atentados forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil de Irak en apoyo de la política de una organización o un grupo armado concretos, también constituyen crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad se cuentan entre los delitos más graves en virtud del derecho internacional. Hay que poner fin de inmediato a estos atentados y llevar ante la justicia a los responsables.
Cientos de personas, entre ellas miembros de minorías étnicas y religiosas, han muerto ya a manos de grupos armados, y un número muy superior han resultado heridas antes y después de la fecha límite del 30 de junio para la retirada de las tropas de Estados Unidos de las ciudades y pueblos iraquíes, tal como estipula el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas, un acuerdo en materia de seguridad firmado por Irak y Estados Unidos a finales de 2008 y que entró en vigor en enero de 2009.
