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AI consternada tras el nuevo rechazo de Nicaragua de sus obligaciones para proteger los derechos de las mujeres y niñas

Amnistía Internacional está muy decepcionada tras el rechazo de Nicaragua de las recomendaciones realizadas por 12 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos relativas al cambio o reforma de la total prohibición del aborto. Los Estados hicieron las recomendaciones durante el Examen Periódico Universal del estado de los derechos humanos en Nicaragua ante Naciones Unidas. En tanto la prohibición del aborto permanezca, las víctimas de violación e incesto –muchas de ellas niñas– son obligadas a dar a luz, o poner en riesgo su salud y son llevadas a prisión, si buscan el aborto ilegal. Otra consecuencia de la prohibición total del aborto es que los profesionales médicos, con miedo a ser acusados, retrasan o deniegan tratamientos médicos para salvar las vidas de las mujeres y niñas que sufren complicaciones durante el embarazo.

 

Desde la prohibición del aborto en 2006, los expertos de Naciones Unidas han condenado reiteradamente esta Ley y han instado a su reforma, en los que se incluyen órganos de expertos creados en virtud de tratados de derechos humanos como el Comité Contra la Tortura. Hoy Nicaragua otra vez se negó a escuchar estas importantes recomendaciones.

 

“El rechazo del Gobierno de Nicaragua a aceptar estas recomendaciones muestra un desprecio a sus obligaciones contraídas bajo los tratados de las Naciones Unidas de proteger a las mujeres y las niñas de las violaciones de derechos humanos y una escalofriante indiferencia ante la difícil situación de las mujeres y niñas de su país. Es sobrecogedor que las autoridades nicaragüenses, a pesar de tener pleno conocimiento de las consecuencias de esta prohibición total, parezcan decididas a ignorar su cruel impacto sobre la vida de las mujeres y las niñas y no acepten estas recomendaciones para trabajar por el cambio en esta Ley. Hoy Nicaragua negó otra oportunidad para corregir el error de introducir la prohibición total del aborto”, dijo Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

 

“Amnistía Internacional seguirá tomando acciones a favor de los derechos humanos, junto con las ONG que trabajan con mujeres y niñas víctimas de violación y asociaciones médicas profesionales. El Gobierno de Nicaragua debe dar respuesta urgentemente a la difícil situación de las mujeres y las niñas afectadas por esta Ley tan cruel y cumplir con sus obligaciones contraídas a través de tratados internacionales.” “Es esencial que las mujeres y las niñas en Nicaragua no sean obligadas a continuar con sus embarazos consecuencia de violación, o a continuar con ellos en caso de que su salud y sus vidas corran peligro”, añadió Guadalupe Marengo.

FIN