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Casi la mitad de las mujeres de Túnez (el 47%) han sufrido violencia, según la encuesta oficial sobre violencia de género, de 2010. Las leyes, lejos de proteger a las víctimas, favorecen a los agresores. © AP Photo/Aimen Zine, File

Túnez: ¡Dejen de castigar y de tratar como criminales a las víctimas de violencia sexual!

Una combinación de actitudes discriminatorias arraigadas, lagunas legales e ineficacia policial y judicial, rodeó de sombras la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Túnez, cuna de la primavera árabe y el país más avanzado de Oriente Medio y el Norte de África en el reconocimiento de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

 

En Túnez se está debatiendo una ley integral para combatir la violencia contra las mujeres. Es un momento que debemos aprovechar para conseguir que se priorice la lucha contra la violencia sexual y de género. ¡Ayúdanos! ¡Firma nuestra petición!

Pese a los avances igualitarios de los últimos años, reforzados en la Constitución de 2014, un informe publicado por Amnistía Internacional ("Asaltadas y acusadas: violencia sexual y de género en Túnez") alerta de las importantes asignaturas pendientes en ese ámbito, empezando por la prometida y ahora paralizada Ley Integral para combatir la violencia contra las mujeres. Todo indica que el gobierno de coalición formado en enero está dando prioridad a las cuestiones de seguridad, que tras los graves atentados (61 muertos) en el Museo del Bardo y un complejo vacacional de Sousse volvieron ayer mismo al primer plano de actualidad con el mortífero ataque a un autobús de la Guardia Presidencial.

Las mujeres se manifiestan fuera del juzgado en el que varios oficiales de policía se enfrentan a cargos por la violación a una mujer de 27 años. © AP Photo/Aimen Zine, File.

Mi marido me pegaba todos los días", cuenta una mujer de la localidad de Gafsa. "Nos divorciamos a petición mía, pero mis problemas están ahora peor: viene a mi casa, entra a la fuerza y me golpea, habla mal de mí, me sigue al trabajo..." Y de nada le ha valido denunciarlo: "Fue a la comisaría y firmó un compromiso de dejarme en paz, pero no lo ha hecho y no pasa nada.

Los testimonios recogidos por Amnistía desvelan los múltiples perfiles cotidianos –familiares y comunitarios, policiales y judiciales, médicos y de servicios sociales– del problema. "Mi marido me pegaba todos los días", cuenta una mujer de la localidad de Gafsa. "Nos divorciamos a petición mía, pero mis problemas están ahora peor: viene a mi casa, entra a la fuerza y me golpea, habla mal de mí, me sigue al trabajo..." Y de nada le ha valido denunciarlo: "Fue a la comisaría y firmó un compromiso de dejarme en paz, pero no lo ha hecho y no pasa nada".

No pasa nada porque su exmarido "se lleva bien con la policía de la zona", y porque la propia policía –hay muy pocas mujeres agentes– carece de formación específica en violencia de género, la considera un asunto privado y, en vez de proteger a las víctimas, suele culparlas y asumir un papel de mediación y reconciliación para preservar la unidad familiar. "Piénsatelo, piensa qué os pasará a ti y a tus hijos si tu marido va a la cárcel", le insistieron a Rima, de 35 años, para que no denunciara a su esposo maltratador, que la golpeó por primera vez delante de sus padres antes de casarse y que lo hizo incluso estando embarazada.

Un gran obstáculo es la amplia percepción de que esa violencia es "normal", hasta el punto de que, en la única encuesta nacional sobre el tema realizada en 2010, un 73% de las tunecinas no esperaba ayuda de nadie y apenas un 18% había presentado denuncia. Tal actitud, con un trasfondo del 47% de mujeres que han sufrido alguna vez violencia sexual y de género, alimenta un círculo vicioso que resume bien el testimonio de una tunecina de 32 años de una aldea cercana a Sfax: "Es un ciclo que se repite todos los meses: me pega, me voy con mi familia, entonces se disculpa y vuelvo". Y tras presentar y retirar después dos denuncias, se siente atrapada y sola: "Se portaba muy bien conmigo durante unos días, pero luego volvía a las andadas. Todavía tengo los informes médicos de los dos incidentes. Retiré mi denuncia cuando llegué al tribunal porque no tengo confianza en mí misma, me da miedo todo. No tengo amigos y no me permite visitas familiares".

Reivindicando los derechos de las mujeres en el día Internacional de la mujer, 8 de marzo de 2015, Túnez.

Permite que los violadores de mujeres menores de 20 años eludan el castigo si se casan con su víctima. No reconoce la violación conyugal; en la práctica esto implica que el deber conyugal de la mujer es tener relaciones sexuales con su esposo siempre que él lo desee.

 Dos tercios de las denuncias son retiradas por la esposa agredida –por presión del maltratador y de su propia familia temerosa de 'deshonor'– o desestimadas por la fiscalía, y apenas un 10% del total acaba en condena. Pero el círculo se va cerrando antes por las casi inexistentes medidas de protección para las víctimas, la escasez de casas refugio y la ausencia de órdenes de alejamiento para los agresores.


El resultado, como subraya el informe de AI, es que "la legislación tunecina no protege a quienes más necesitan la protección". Y esa desprotección legal ante la violencia sexual y de género desborda el ámbito familiar: "Permite que los violadores de mujeres menores de 20 años eludan el castigo si se casan con su víctima. No reconoce la violación conyugal; en la práctica, esto implica que el deber conyugal de la mujer es tener relaciones sexuales con su esposo siempre que él lo desee. Penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo mantenidas de mutuo acuerdo, lo que hace prácticamente imposible que lesbianas, gays y personas bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) denuncien agresiones sexuales y facilita el chantaje y otros abusos a manos de la policía". De hecho, "los hombres gays agredidos tienen más probabilidades de ser enjuiciados que sus agresores", y "las trabajadoras sexuales que trabajan ilegalmente son maltratadas y chantajeadas por la policía".

Abundan en el informe testimonios que lo confirman. Samira, de 27 años, sintió "como una violación" la primera relación sexual con su marido, que le dejó cortes vaginales que se infectaron. Tras unos días de dormir separados, él dejó claro que "eres mi mujer y tengo derecho a hacer contigo lo que quiera", incluido sexo anal, tipificado como delito en Túnez y considerado en general como moral y religiosamente inaceptable. Cuando por fin le permitió acudir al médico al cabo de 10 días, la recomendación fue evitar relaciones sexuales hasta curar la infección. Pero eso no disuadió al marido de violarla a pesar de sus quejas de dolor.

También los testimonios de violencia contra jóvenes y niñas resultan impresionantes. Una mujer de Gafsa acabó casándose con su violador, en una auténtica cadena de maltrato: tras escapar de casa por la violencia familiar con 17 años, conoció a un hombre que primero la violó, después la dejó embarazada, luego la golpeó en plena gestación y finalmente esquivó cualquier responsabilidad penal por la agresión sexual al contraer matrimonio con su víctima. Ahora está divorciada, pero sigue sufriendo la violencia de su exmarido.

Manifestación a favor de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. © AI

 

En cuanto saben que eres trabajadora del sexo, te explotan y usan para obtener sexo y dinero; se creen que no eres nadie y que todo les está permitido.

A dos chicas que sufrieron abusos sexuales les prohibieron volver a sus escuelas: sus directores les colgaron la etiqueta de "mala influencia". Una tenía 16 años cuando huyó de casa y un pariente lejano la secuestró: lo condenaron a solo 6 meses de cárcel porque el juez dio por sentado que las relaciones sexuales fueron consentidas. Otra tenía 13 años cuando conoció a un hombre de 23, que le prometió matrimonio y la obligó a acostarse con cuatro amigos; cuatro años después de denunciar los hechos, el caso sigue en los tribunales y se confiesa cansada de esperar justicia.

En cuanto al colectivo LGBTI y las trabajadoras sexuales, su vulnerabilidad ante la violencia  es incluso mayor. En el primer caso, a la homofobia y transfobia generalizadas se suma la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El cese, hace un mes, de un ministro por defender la despenalización confirma que la actividad LGBTI sigue siendo un tabú social. Pero lo más inquietante es que desemboca a veces en crímenes de odio (la organización activista Damj ha contabilizado 80 casos anuales y al menos 15 asesinatos desde 2011), que se añaden a numerosos episodios de asaltos y golpes, insultos y amenazas, y que encuentran campo abonado en la frecuente actitud discriminatoria y hostil de la policía. El informe recoge testimonios como el de Slim, travesti encarcelado por vestirse de mujer; el de la lesbiana Sharky, que se exilió tras sufrir ocho agresiones homófobas en nueve años; o el de un activista LGBTI golpeado, quemado y casi estrangulado cuya denuncia en comisaría fue despreciada por los agentes con un despectivo "es una historia de maricones. No vamos a perder nuestro tiempo con eso".

La legalización y regulación parcial del trabajo del sexo en Túnez hace especialmente vulnerables a quienes quedan fuera de ese marco, cuya actividad está penalizada. Según los testimonios recogidos en el informe, eso se traduce muchas veces en abusos policiales –incluidas violaciones y extorsión–, cuya denuncia es más difícil por el propio riesgo de procesamiento por realizar esa actividad. Los relatos hablan de agentes que "en cuanto saben que eres trabajadora del sexo, te explotan y usan para obtener sexo y dinero"; de insultos; de toqueteos –"se creen que no eres nadie y que todo les está permitido"–; de sobornos para no ser detenidas; de amenazas; de "obligarme a acostarme con sus amigos"; de un agente grabando en vídeo una triple violación policial mientras "yo gritaba todo el tiempo y oía a mi hijo gritar en otra sala" contigua...