El 4 de octubre es el Día Mundial del Hábitat, una fecha para recordar que la vivienda es un derecho humano reconocido en la normativa internacional.
Así viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25.1). Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1). Y lo dice nuestra Constitución en su artículo 47: “todos los españoles [y españolas] tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” para que puedan vivir con seguridad, paz y dignidad.
Miriam dos Anjos desempaqueta la ayuda alimentaria que recibió de Central Unica das Favelas (CUFA), una organización no gubernamental brasileña, en medio del brote de coronavirus (COVID-19) en el barrio marginal de Heliopolis en Sao Paulo, Brasil, 18 de junio de 2020. © REUTERS / Amanda Perobelli
Pero, ¿qué es el derecho a la vivienda?
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este derecho no se basa solo en disponer de un techo bajo el que cobijarse. La vivienda debe de ser digna y adecuada. Debe estar ubicada en un entorno con todos los servicios urbanísticos y con los suministros y medios necesarios para el desarrollo personal, familiar y vecinal de las personas que viven en ellas, de acuerdo con los estándares de una sociedad avanzada.
Además, se debe poder acceder a ella con unos costes que sean soportables según los ingresos de las familias. Y, una vez en ella, se debe tener la seguridad de poder vivir con una cierta continuidad en el tiempo: sin amenazas de desahucios, hostigamiento y otras intimidaciones.
Lamentablemente, la vivienda es percibida y tratada como un bien de inversión, en vez de un bien de primera necesidad, tal y como se vio en la crisis económica que estalló en 2008. Y ahora, durante la pandemia de COVID-19, la vivienda ha vuelto a mostrarse como uno de los derechos más vulnerados.
Carecer de un hogar supone una barrera en el desarrollo de las personas y puede provocar situaciones de exclusión social, por lo que las administraciones públicas tienen la obligación de buscar soluciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Un hombre sin hogar es fotografiado frente a una casa de empeños en Berlín, Alemania, el 30 de julio de 2020. © REUTERS / Fabrizio Bensch
Vivienda y pandemia
Según datos de la Organización Mundial de la Salud alrededor de 1.800 millones de personas (más del 20 por ciento de la población mundial) carece de una vivienda adecuada. Y se calcula que unos 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales. Otros 100 millones no tienen hogar.
Para estas personas que carecen de hogar, que viven en condiciones de vida insalubres y/o hacinadas, la COVID-19 ha representado una amenaza grave e inmediata para su salud y su vida. Por ejemplo, sabemos que más de 2.100 millones de personas carecen de agua potable en sus hogares; y más del doble no dispone de un saneamiento seguro. Al carecer de instalaciones básicas de lavado de manos, se sigue facilitando la propagación del virus.
Como señaló la anterior Relatora Especial de la ONU sobre Vivienda Adecuada, su acceso, mientras la COVID-19 siga propagándose, seguirá siendo una cuestión de vida o muerte. Sin un lugar estable y seguro para vivir es imposible protegerse a sí mismo y a las demás personas.
Una vista aérea muestra el barrio marginal más grande de la ciudad, Paraisopolis, en Sao Paulo, Brasil, el 2 de abril de 2020. © REUTERS / Amanda Perobelli
#QuédateEnCasa
A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, se pidió a miles de millones de personas que no salieran de sus hogares. El hashtag #QuédateEnCasa fue escrito, repetido, tuiteado y viralizado dentro y fuera de nuestro país durante meses.
Esta medida preventiva de salud pública, que parecía sencilla de respetar, fue imposible para las personas que viven en la calle o en viviendas inseguras o superpobladas.
Durante la pandemia, algunos gobiernos locales y nacionales fueron poniendo en marcha mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, facilitando el aplazamiento del pago de hipotecas y la exención de pago de alquiler público, entre otras. Pero, aunque necesarias, no se trataba de capear una situación puntual (por grave que fuera) sino de sentar las bases para reconstruir una sociedad más protegida. Una apuesta que sigue pendiente.
Por ello, en el Día Mundial del Hábitat, Amnistía Internacional se suma y pide que se garanticen todos los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación.
A largo plazo, los gobiernos deben comprometer los recursos necesarios para aumentar el parque de viviendas sociales y hacer que estas sean asequibles y accesibles para todas las personas sin discriminación. Los planes de recuperación de COVID-19 deben incluir estrategias creadas con la participación significativa de todas las personas, incluyendo los sectores más vulnerables y marginados.
Si queremos salir de esta pandemia como comunidades más fuertes y justas, más resistentes a futuras crisis, los gobiernos deben evaluar sus medidas de respuesta a COVID-19 desde el punto de vista de los derechos humanos y adoptar soluciones que garanticen que las medidas de recuperación no afiancen aún más las pautas de pobreza y discriminación.
