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Un policía federal arresta a una mujer © Daniel Aguilar/Reuters

Sobrevivir a la muerte

En México las mujeres son habitualmente objeto de abusos sexuales por parte de las fuerzas de seguridad para obtener confesiones forzadas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado. Así lo revela una investigación sin precedentes de Amnistía Internacional que se hace pública hoy.

En abril de 2016 se filtró a la prensa un vídeo que mostraba a policías y militares asfixiando a una mujer con una bolsa de plástico e interrogándola mientras gritaba. El vídeo escandalizó a la sociedad mexicana y puso en alerta a las defensoras y defensores de derechos humanos de todo el mundo. El escándalo público, sin precedentes, provocó una disculpa del Secretario de Defensa y el Comisionado Nacional de Seguridad. Pero la tortura y otros malos tratos se han convertido en prácticas generalizadas en México, por lo que una simple disculpa no es suficiente. El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de abordar la crisis de derechos humanos a la que se enfrenta.

Bajo el título de “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, Amnistía Internacional documenta el caso de 100 mujeres mexicanas que han sido víctimas de tortura sexual y malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas del país. Semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, golpes en la cabeza, el estómago y otras partes del cuerpo -nunca en la cara, estrategia habitual para no dejar marcas o rastros visibles-. Estas son las principales formas de maltrato, pero la violencia ejercida contra las mujeres tiene siempre una naturaleza altamente sexual, que va desde los abusos psicológicos -insultos centrados en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, además de amenazas de violación contra ellas o sus familiares- hasta el acoso sexual propiamente dicho.

Sin coincidencias

La mayoría de las mujeres cuyos casos ha documentado Amnistía Internacional tiene un bajo nivel educativo y pertenece a la clase social más baja. Perciben sueldos que oscilan entre los 55 y los 270 dólares americanos al mes. De las 100 mujeres entrevistadas, 72 de ellas tienen hijos y son mayoritariamente madres solteras. Estos factores pueden no ser una coincidencia. En el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico en México, las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena. Las ven como a un blanco fácil para la detención, ya que los cárteles de la droga a menudo captan a mujeres de entornos vulnerables para que realicen las tareas de más bajo nivel y más peligrosas, y las consideran prescindibles en caso de que sean detenidas.

Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México:


Muchas de las mujeres entrevistadas relataron los graves efectos psicológicos de la tortura y los malos tratos que habían sufrido. El relator especial de la ONU sobre la tortura señala que además de los traumas físicos, “el dolor y el sufrimiento psíquico infligido a las víctimas de violación y otras formas de violencia sexual suelen ser duraderos debido, entre otras cosas, a la estigmatización y el aislamiento que llevan aparejados”. El trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación. Además, las familias de quienes sobreviven a la tortura suelen soportar una carga adicional en forma de dificultades económicas y estigma social.

Investigaciones escasas

Sobre el papel, México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura. Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas salvaguardias efectivas para proteger a las personas de la tortura y otros malos tratos. El Secretario de Gobernación (Ministro de Interior) mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, que es indudablemente el miembro más influyente del gobierno de Peña Nieto, y que previsiblemente se presentará a las elecciones presidenciales de 2018, ha expresado públicamente su interés en combatir la violencia contra las mujeres en el país. Él es, además, el último responsable de varias agencias federales que son parte del Mecanismo de Seguimiento de casos de Tortura Sexual, creado en septiembre de 2015 para revisar los casos de mujeres torturadas. Sin embargo, la realidad es que las investigaciones penales y las sentencias condenatorias son escasas. Con este informe Amnistía Internacional busca convencer a Osorio Chong de que este es un problema específico al que debe hacer frente.

Se ha impartido a la policía y a las fuerzas armadas mexicanas abundante capacitación sobre género y violencia contra las mujeres, pero esto parece haber tenido poco efecto a la hora de prevenir la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. A esto se suma el déficit médico a la hora de documentar la tortura, puesto que en los exámenes médicos iniciales de las personas detenidas a menudo se subestima la gravedad de las lesiones.

Una chica que va en bus sube sus manos cuando un policía lleva a cabo una búsqueda rutinaria en Acapulco. © AP Photo/Enric Marti


No es suficiente

Las reparaciones para mujeres supervivientes de la violencia sexual como tortura y otros malos tratos deben garantizar un efecto transformador en la vida de las afectadas, en sus comunidades y en la sociedad en general. En estos casos, no es suficiente proporcionar una mera restitución, sino que es necesario abordar las causas fundamentales de estas violaciones y dar garantías de no repetición y cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

La tortura y otras formas de malos tratos son una práctica generalizada en México, en el contexto de la “guerra contra el crimen”, pero el impacto sobre las mujeres es con frecuencia ignorado o minimizado. El gobierno mexicano no puede mantener esta cuestión por más tiempo en la oscuridad. Los autores de estos actos no pueden quedar impunes.