Europa es la región del mundo donde el derecho al aborto está reconocido en las legislaciones de la mayoría de países. Además, en la última década muchos países han cambiado sus leyes y políticas para mejorar el acceso al aborto. Irlanda, Irlanda del Norte y San Marino han derogado las prohibiciones de aborto casi totales. Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega y España han eliminado algunas barreras clave para acceder al aborto y Francia ha consagrado el aborto como libertad garantizada en su Constitución.
Países con restricciones graves: Malta, Polonia y Andorra
Sin embargo, el marco es muy restrictivo todavía en Malta, ese país que se promociona como un destino estupendo para nuestras vacaciones. Es lo que también sucede en Polonia, que sólo permite abortar si el embarazo es causa de violación o pone en riesgo la vida de la mujer.
El caso más extremo se da en la vecina Andorra, ese lugar privilegiado de los deportes de invierno y para ir de compras, donde abortar está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es fruto de una violación, y las mujeres se arriesgan ir a la cárcel si intentan saltarse la prohibición.
Pancartas en apoyo al derecho al aborto durante una manifestación del 8 de marzo en Luxemburgo, donde colectivos feministas reclamaron garantizar este derecho sin barreras. © Amnesty International Deutschland /Stephane Lelarge
El aborto como derecho humano
Pero el aborto es atención sanitaria esencial y un derecho humano. Asimismo es un elemento clave de la autonomía reproductiva, que comprende el derecho a decidir cuándo y cómo tener hijos, a determinar si se desea o no un embarazo y en qué momento, a interrumpirlo o continuarlo, así como a tomar cualquier otra decisión relacionada con el propio cuerpo y la salud reproductiva. Y estos derechos se vulneran cuando el aborto se trata como un delito y se lleva al código penal.
Entonces, ¿por qué, incluso en los países donde hay una regulación pública del aborto que atiende a causas o a periodos temporales, y donde las mujeres son ciudadanas de pleno derecho, no lo son para decidir sobre su maternidad?
¿Por qué siempre hay una regulación jurídica sancionadora cuando no se atiende a los límites establecidos por el Estado?
¿Por qué el orden político patriarcal, desde los mitos hasta políticas de equilibrio demográfico, pretende controlar la maternidad?
Como dice la filósofa feminista Adriana Cavarero, las mujeres tienen el poder no sólo de engendrar, sino también de no engendrar, un poder que está inscrito en su naturaleza y por tanto es “un poder absoluto que custodia el espacio humano del devenir del mundo”. La maternidad, entendida así, como espacio simbólico del origen humano y no sólo como función reproductiva gobernada por el poder patriarcal.
Porque a pesar de los avances conseguidos en Europa en los últimos años, una determinada concepción de la maternidad, reproducida durante siglos, hace que el aborto, todavía hoy, esté acompañado del estigma, la vergüenza y los estereotipos de género. Y estos, junto a las barreras de acceso en la práctica, siguen dificultando la decisión de abortar, sobre todo para las mujeres y niñas de los grupos marginados socialmente.
Además, los grupos antiderechos y antigénero, coordinados y bien dotados de recursos, intensifican sus esfuerzos para influir en las políticas y leyes restrictivas como parte de una agenda política más amplia para socavar la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Como denuncia Camille Kumar, directora general de la Red de Apoyo al Aborto en el Reino Unido, el éxito de los movimientos antigénero significa que, incluso en países donde el aborto es accesible, las barreras están aumentando nuevamente. Ella habla de relaciones abusivas “no apoyo el aborto así que no te harás uno”, o se impide activamente acceder a las píldoras abortivas, o se aumenta el estigma, lo que significa que las mujeres se aíslan más, no contactan a su personal médico de cabecera o no dan los pasos necesarios para acceder a un aborto seguro.
“Los grupos antiderechos y antigénero intensifican sus esfuerzos para influir en las políticas y leyes restrictivas como parte de una agenda más amplia para socavar la igualdad de género y los derechos de las mujeres.”
Una manifestante muestra el rayo rojo, símbolo del movimiento pro derechos reproductivos en Polonia, durante una protesta contra las leyes restrictivas de aborto. © SOPA Images/SIPA
Las barreras de acceso en Europa: los siete obstáculos clave
Amnistía Internacional ha publicado el informe "Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: la lucha por el acceso al aborto en Europa. En él se identifican siete obstáculos clave que nos permiten tener una radiografía de la situación del derecho al aborto en los distintos países europeos. Además, incluye reflexiones de activistas y organizaciones que trabajan en derechos reproductivos en varios países (su labor es imprescindible cuando los Estados no protegen a sus ciudadanas al no garantizar la salud sexual y reproductiva y el acceso a un aborto seguro).
Los siete obstáculos son:
1. Penalización del aborto
Las personas que ayudan a abortar fuera del marco legal corren el riesgo de ser procesadas, multadas o incluso ir a la cárcel. En 20 países europeos, la penalización también se aplica a las mujeres que se someten a un "aborto ilegal".
Según Isabel Tanzer, de la asociación de voluntariado Changes for Women, la asequibilidad está estrechamente ligada a la criminalización del aborto: “Eliminar el aborto del Código Penal permitiría que los abortos fueran cubiertos por el seguro médico, porque actualmente éste no puede cubrir algo que está penalizado”.
2. Denegación del servicio por motivos de conciencia
Es uno de los obstáculos más repetidos, con la consecuencia de retrasos o denegación de la atención al aborto debido a la falta de regulación clara de dicha objeción. En Italia o Croacia las negativas de este tipo están muy extendidas. En Rumanía, el personal médico del sistema de salud pública alega cada vez más objeciones religiosas o morales para evitar realizar abortos, al mismo tiempo que redirigen a las personas a su consulta privada, donde los servicios están disponibles, pero a un mayor coste.
Ljerka Oppenheim de la Asociación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos “Sofija”, que lucha por un mayor acceso a la anticoncepción y al aborto en Croacia, señala que las mujeres que buscan abortar a menudo son víctimas de abusos en los hospitales bajo el pretexto de la denegación del servicio por motivos de conciencia:
“Por ejemplo, una mujer de nueve semanas puede ser enviada de un hospital a otro o recibir información incorrecta hasta que sea demasiado tarde para obtener el procedimiento legalmente. En ese momento, se ve obligada a buscar atención médica fuera del país, como en Eslovenia”.
3. Requisitos médicos injustificados
Al menos 12 países europeos siguen imponiendo un período de espera obligatorio antes de acceder a abortos legales, mientras que 13 países imponen el asesoramiento obligatorio. Seis países (Alemania, Albania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal) mantienen tanto los períodos de espera obligatorios como el asesoramiento obligatorio. Además, en Hungría, las personas que buscan un aborto se ven obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto.
Teresa Bombas, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia de Portugal, dice que en su experiencia los periodos de espera obligatorios son totalmente innecesarios, ya que “la mayoría de las mujeres que acuden al hospital para abortar ya han tomado una decisión, y si no la han tomado, tienen la autonomía para solicitar información o más tiempo para reflexionar”.
Una activista levanta el puño durante una marcha por los derechos de las mujeres y el acceso al aborto seguro, rodeada de otras participantes que exigen igualdad y justicia. © SOPA Images/SIPA
4. El coste y la falta de cobertura
En países como Alemania, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Letonia, Montenegro, República Checa, Rumania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia, el aborto a petición de la persona embarazada debe ser costeado de su bolsillo.
La asociación de voluntariado Changes for Women, ha creado un fondo de solidaridad para apoyar a las mujeres que no pueden costearse un aborto en Austria. Según su experiencia: “Los precios varían dependiendo de dónde vivas. Por ejemplo, en Viena capital, si vas a un hospital público, pagas alrededor de 400 euros por un aborto, sea cual sea el procedimiento. Y si vas al oeste del país pagas entre 700 y 1.600 euros, lo cual es mucho dinero para la mayoría de las mujeres”.
5. Acceso insuficiente o inexistente al aborto farmacológico y a la telemedicina
El aborto médico con pastillas no es una opción en Albania, Bosnia y Herzegovina, Liechtenstein, Malta, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Serbia, Eslovaquia y Turquía. La telemedicina no se ofrece ampliamente en toda Europa.
La ginecóloga Silvana Agatone cuenta que en Italia sólo tres regiones Toscana, Emilia-Romaña y Lacio, ofrecen un aborto farmacológico: “establecer un servicio de aborto médico debería ser del interés de todos, no solo de los médicos. Pero la realidad es que los médicos tienen dificultades para conseguir la aprobación de un protocolo en el hospital. No es fácil; por ejemplo, yo lo conseguí después de dos años”.
6. Límites gestacionales (plazos) y necesidad de viajar
Los límites temporales de gestación, combinados con otras barreras, hacen que las embarazadas se vean obligadas a viajar a otros países siempre que cuenten con los medios económicos necesarios.
DaMigra es una organización que agrupa a asociaciones de mujeres migrantes en Alemania; su directora de la oficina en Berlín relata: “Muchas mujeres me han contado que, por ejemplo, mientras corren contra el reloj para cumplir con el plazo legal para un aborto, llegan a la clínica casi al límite, creyendo que todo saldrá bien, que lograrán abortar y que todo terminará bien. Pero, en cambio, salen aún más traumatizadas porque el personal médico las discrimina, las somete a racismo y prejuicios”.
7. Narrativas sobre el estigma, la vergüenza y los estereotipos de género
Socavan los esfuerzos para ver el aborto como un derecho y como una atención médica esencial.
Todas estas barreras, visibles e invisibles, afectan de manera desproporcionada a los grupos marginados socialmente, a las mujeres de bajos ingresos, a las refugiadas y migrantes, a las adolescentes, a las mujeres con discapacidad, a las personas LGBTIQ+ y a las trabajadoras sexuales. En Bélgica, por ejemplo, aunque el aborto está disponible y cubierto por el Estado para las migrantes en situación administrativa irregular , en la práctica el largo proceso burocrático exigido hace que se vean obligadas a viajar a los Países Bajos, siempre, claro, que tengan los medios económicos necesarios. En Alemania, la falta de profesionales de la salud concienciadas con la situación de las personas transexuales, combinada con la criminalización y otros requisitos médicos injustificados, sigue siendo una barrera importante para acceder al aborto.
Desde la organización DaMigra, subrayan que hay que abordar las necesidades específicas de las mujeres y niñas migrantes para acceder al aborto:
“Para garantizar los derechos de las mujeres en general se excluyen algunas necesidades específicas de las más vulnerables, y esto no es justo. (…) Por ejemplo, cuando negociamos leyes, los apartados específicos necesarios para proteger a otras mujeres como las refugiadas, siempre se omiten. La ley es importante, pero no se puede olvidar a estos grupos… al final, las concesiones afectan a los derechos de las personas más vulnerables”.
“Muchas mujeres me han contado que, mientras corren contra el reloj para cumplir con el plazo legal para un aborto, llegan a la clínica casi al límite, creyendo que todo saldrá bien (…) y salen aún más traumatizadas porque el personal médico las discrimina, las somete a racismo y prejuicios.”
Pancartas en apoyo al derecho al aborto durante una manifestación del 8 de marzo en Luxemburgo, donde colectivos feministas reclamaron garantizar este derecho sin barreras. © Amnesty International Luxembourg
Avances recientes y buenas prácticas
Todos estos ejemplos nos permiten ver cómo se impide en la práctica el derecho al aborto. Pero como ya se ha señalado, también hay desarrollos positivos importantes que podrían servir de buenas prácticas para otros países. Por ejemplo, Dinamarca en 2025, Noruega en 2024 y España en 2023, aumentaron los límites gestacionales para el aborto a petición de la embarazada, entre otras medidas.
Otros países eliminaron requisitos médicos injustificados, incluidos los periodos de espera obligatorios como Luxemburgo en 2025, o el asesoramiento obligatorio en España en 2023.
También aumentó el acceso a la telemedicina y a abortos médicos autogestionados (con pastillas) en Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales), en Francia y en Países Bajos. A su vez el parlamento de Suiza legisló en 2025 para garantizar que las compañías de seguros suizas cubran todos los costes a partir de 2027. Además ha habido iniciativas para consagrar el derecho y la libertad de las mujeres a abortar en las constituciones nacionales de Francia en 2024 (ya en vigor), de Luxemburgo en 2025 (en trámite), y de España (todavía solo como iniciativa del gobierno).
Este es un momento en el que el progreso logrado con tanto esfuerzo para tener acceso al aborto legal y seguro sin discriminación, puede estar en peligro, con nuevas barreras que se establecen o se quieren establecer en ciertos países europeos, y son las mujeres y niñas de los grupos socialmente marginados las más afectadas.
El llamamiento de Amnistía Internacional para proteger el acceso al aborto
Amnistía Internacional, a través de este informe, hace un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea para que cumplan sus obligaciones y aseguren el acceso al aborto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Queremos sumar esfuerzos para mostrar los riesgos y las barreras que en Europa obstaculizan la libre decisión de las mujeres de abortar, en particular ante las agendas políticas regresivas, y queremos contribuir al apoyo de la sociedad civil europea al derecho al aborto.
Hemos llegado hasta aquí por la movilización de las mujeres, con el movimiento feminista y sus alianzas, con las organizaciones de derechos humanos, con las pensadoras que nos ayudaron a entender que las mujeres son la cadena de la vida y no mera función reproductora. Y hemos comprendido, con todas las mujeres a las que se les deniega un aborto, el valor del derecho. Creemos en la fuerza de las alianzas para seguir avanzando y para no retroceder.
