La DANA que azotó la Comunitat Valenciana reveló mucho más que los efectos de un fenómeno meteorológico extremo. Mostró cómo la evidente falta de protección del derecho a la vivienda unida a la ausencia de una estrategia de adaptación adecuada al cambio climático dejan a miles de personas sin protección ante cada nueva tormenta. El informe Llueve sobre mojado, de Amnistía Internacional, documenta vulneraciones del derecho a la vivienda, desigualdad en el acceso a las ayudas y una gestión que sigue ignorando las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos.
1. La DANA y el cambio climático: por qué fue tan grave y qué revela
La DANA que arrasó la Comunitat Valenciana desencadenó una de las inundaciones más destructivas registradas en Europa en los últimos años. No se trató de un episodio aislado, sino de la consecuencia directa de una crisis climática que avanza sin freno, intensificando la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, y de políticas que no han sabido anticipar ni prevenir sus impactos.
Según el informe Llueve sobre mojado, de Amnistía Internacional, el año 2024 fue el tercero más cálido jamás registrado en España, con una temperatura media de 15,1ºC. Mientras tanto, el Mediterráneo continúa calentándose a un ritmo un 20% superior al promedio mundial, lo que está multiplicando la frecuencia y la intensidad de las lluvias torrenciales.
Para Amnistía Internacional, las terribles consecuencias de la DANA no son un desastre “natural”: son el resultado de una ausencia de políticas adecuadas de adaptación climática y de falta de protección del derecho a la vivienda. La organización recuerda que el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a una vivienda adecuada están estrechamente vinculados, como han reconocido tanto la Corte Internacional de Justicia como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre vivienda.
Cuando los Estados y autoridades competentes no se preparan ante fenómenos climáticos previsibles, ni garantizan infraestructuras resilientes o viviendas seguras, están incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La emergencia climática deja así de ser una amenaza abstracta para convertirse en una vulneración concreta de derechos: el derecho a la vida, a la salud y a una vivienda adecuada.
“Lo ocurrido tras la DANA no fue una catástrofe “natural”: es la prueba de que la acción insuficiente frente al cambio climático ya está vulnerando derechos humanos básicos en España.”
Dos vecinos observan los coches destruidos por las inundaciones en Alfafar. Amnistía Internacional pide una reconstrucción basada en derechos humanos y viviendas seguras para todas las familias. © Joan Galvez/SIPA
2. Por qué se sigue construyendo en zonas de riesgo de inundación. ¿Qué se está haciendo mal?
A pesar de la devastación que provocó la DANA, en muchos municipios de la Comunitat Valenciana se sigue construyendo en suelos inundables. Es una realidad que Amnistía Internacional denuncia con contundencia: las políticas urbanísticas continúan ignorando las advertencias científicas y los riesgos conocidos, poniendo en peligro el derecho a la vivienda y la seguridad de miles de personas.
El informe Llueve sobre mojado revela que 15 municipios de la provincia de Valencia tienen todos sus inmuebles en áreas de riesgo de inundación, y que en Paiporta y Catarroja hay más de 16.000 viviendas expuestas. Un año después del desastre, no se ha revisado el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) ni se han reformado las normas estatales sobre gestión del riesgo.
En lugar de reforzar la protección, las autoridades autonómicas han impulsado un “urbanismo exprés” que agiliza trámites y permite seguir aprobando proyectos en municipios afectados por la DANA.
Este modelo, lejos de reducir la vulnerabilidad, la multiplica. Construir en zonas de riesgo no es un error técnico, sino una decisión política que prioriza intereses económicos por encima de la seguridad y los derechos humanos. Las consecuencias las pagan las familias que viven en las zonas más afectadas, a menudo con menos recursos para reconstruir o trasladarse.
La falta de planificación adecuada se agrava con la reducción del 83% de la inversión en infraestructuras hidráulicas entre 2006 y 2023, lo que ha mermado la capacidad del territorio para responder de manera adecuada a los crecientes riesgos asociados al cambio climático y a la urbanización en zonas inundables. La DANA no solo arrasó viviendas: exhibió la fragilidad de un modelo urbano que repite los mismos errores una y otra vez.
“El derecho a una vivienda adecuada incluye la obligación de las autoridades de garantizar que sea habitable y segura frente a amenazas previsibles, como las inundaciones. Continuar construyendo en zonas inundables sin medidas de prevención efectivas es incumplir esa obligación y exponer deliberadamente a la población a nuevos desastres.”
El desbordamiento del barranco a su paso por Torrent dejó a decenas de viviendas al borde del cauce, poniendo de relieve la urbanización en zonas inundables. © Amnistía Internacional España
3. Por qué no sabemos a cuántas viviendas afectó la DANA. La falta de transparencia impide conocer el alcance real de la catástrofe
Un año después de la DANA, todavía no existe una cifra oficial y consolidada sobre el número de viviendas afectadas. Las distintas administraciones han ofrecido datos contradictorios y parciales, lo que impide conocer con precisión el verdadero alcance de la catástrofe.
Para Amnistía Internacional, la falta de información pública detallada sobre el número y tipo de viviendas afectadas limita la posibilidad de realizar un diagnóstico adecuado de los daños y de la respuesta institucional. Aunque las personas afectadas han podido acceder a los mecanismos de ayuda y reparación establecidos, esta opacidad sigue reflejando una deficiencia en la transparencia que debería garantizar el derecho a la información pública.
Según los datos recabados por la organización, la Generalitat Valenciana informó de 15.969 viviendas afectadas, con un coste estimado de 569 millones de euros. De ellas, 1.530 fueron declaradas inhabitables y 524 tuvieron que ser desalojadas por daños estructurales. Sin embargo, el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana ofreció cifras diferentes: 11.242 viviendas afectadas, 1.491 no habitables y 564 desalojadas.
A su vez, el Consorcio de Compensación de Seguros reportó 76.481 solicitudes de indemnización de viviendas y comunidades de propietarios en la provincia de Valencia. Estas cifras, aunque elevadas, tampoco incluyen los hogares que no tenían seguro o que no fueron inspeccionados por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
El resultado es un vacío informativo que afecta directamente a miles de familias. Sin datos fiables, no se pueden evaluar con exactitud los daños, planificar la reconstrucción ni diseñar políticas de prevención eficaces. La falta de un registro público y actualizado de viviendas afectadas limita la posibilidad de contar con un diagnóstico completo y transparente del impacto de la DANA. Aunque se han habilitado mecanismos de ayuda, la escasa información pública detallada dificulta la evaluación de la respuesta institucional y la coordinación entre administraciones.
“La transparencia no es una cuestión administrativa, sino una obligación de derechos humanos: las personas afectadas tienen derecho a saber qué ha ocurrido, cuántas víctimas hay y qué medidas se están adoptando para evitar que vuelva a suceder.”
Calle de Catarroja repleta de barro y enseres tras la DANA. Las cifras oficiales de viviendas dañadas siguen siendo contradictorias un año después. © picture alliance/dpa/Revierfoto | Revierfoto
4. Por qué las ayudas por la DANA no han llegado a todas las familias. Una reconstrucción marcada por la desigualdad
Las promesas de ayuda tras la DANA se convirtieron, para muchas familias, en una nueva fuente de frustración. Un año después del desastre, miles de personas afectadas siguen esperando apoyo económico o una alternativa habitacional digna.
Ayudas autonómicas: cuantías insuficientes y burocracia
La Generalitat Valenciana ofreció ayudas al alquiler de 800 euros mensuales durante 12 meses, pero esta cantidad no cubre los precios reales del mercado en los municipios más afectados, donde los alquileres se dispararon tras la DANA.
Según datos oficiales se presentaron 40.129 solicitudes de ayudas por pérdida de bienes y enseres de primera necesidad y se habrían concedido las ayudas a 27.148 expedientes. También se solicitaron 1.657 ayudas al alquiler y se concedieron 1.316, con una inversión total de 14,7 millones de euros, muy por debajo del presupuesto previsto de 50 millones.
La falta de información clara, los retrasos administrativos y los requisitos excluyentes (como acreditar empadronamiento o disponer de contrato de alquiler) dejaron a numerosas familias fuera del sistema.
Ayudas estatales: alcance limitado y sin desglose claro
Por su parte, el Gobierno central informó de una inversión de 124 millones de euros en anticipos y ayudas por daños en viviendas y enseres. Sin embargo, no existen datos desglosados sobre cuántas solicitudes fueron aceptadas o rechazadas.
El Ejecutivo reconoció que se había efectuado el pago a más del 82% de las solicitudes. Aunque existen datos desglosados sobre el monto invertido en ayudas a la vivienda, los registros oficiales no especifican cuántas familias o solicitudes fueron finalmente aprobadas, lo que dificulta conocer el alcance real de la asistencia.
Seguros e indemnizaciones tras la DANA
El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, recibió 76.481 solicitudes de indemnización y resolvió 74.351 de ellas, con un desembolso total de más de 1.013 millones de euros.
Aunque estas cifras son significativas, no permiten conocer cuántas de las personas afectadas carecían de seguro o no tuvieron acceso a una peritación oficial por parte del Instituto Valenciano de la Edificación. En comunidades como la valenciana, se estima que alrededor del 22% de la población no cuenta con cobertura de seguro, lo que refleja una mayor vulnerabilidad ante este tipo de desastres.
Esta desigualdad en el acceso a seguros e indemnizaciones ha derivado en ritmos de recuperación distintos y en una reconstrucción marcada por las brechas socioeconómicas.
Desigualdad y exclusión en el acceso
Las personas migrantes, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular, enfrentaron mayores obstáculos para acceder a las ayudas. Los requisitos burocráticos –como presentar NIE o contrato de alquiler– excluyeron indirectamente a quienes vivían en la informalidad o en viviendas sin titularidad reconocida.
Las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de cuidados fueron uno de los grupos más afectados. Muchas perdieron tanto su vivienda como su fuente de ingresos, y se vieron obligadas a depender de redes informales o de la solidaridad vecinal. El acceso a las ayudas públicas fue especialmente difícil para ellas: la falta de contratos formales y de información accesible las dejó fuera de la mayoría de los programas de apoyo.
Amnistía Internacional estima que unas 60.000 personas migrantes se vieron afectadas por la DANA, muchas de las cuales no recibieron ningún tipo de asistencia.
“Las ayudas por la DANA no han llegado de forma equitativa a todas las familias afectadas, lo que ha dejado a muchas personas en situación de vulnerabilidad y con dificultades para acceder a una vivienda adecuada.”
Calles de Torrent anegadas y cubiertas de barro tras la DANA que azotó la Comunitat Valenciana. Las lluvias torrenciales dejaron viviendas destruidas y coches arrastrados por el agua. © SOPA Images/SIPA
5. Dónde golpeó más la DANA: los barrios que siguen esperando ayuda
En la Comunitat Valenciana, los barrios del Xenillet y La Mancha, en el municipio de Torrent, se convirtieron en el símbolo de cómo un evento climático extremo golpea con más fuerza a quienes ya vivían en la exclusión.
Destrucción y abandono
En estos barrios, decenas de viviendas fueron arrasadas o gravemente dañadas por la riada. Un año después, la reconstrucción sigue siendo lenta, desigual y, en algunos casos, inexistente. En agosto de 2025, comenzaron los derribos de 45 viviendas, muchas de ellas sin que sus habitantes recibieran información clara ni compensaciones adecuadas. La falta de transparencia en los procesos y la ausencia de alternativas dignas dejaron a familias enteras en la incertidumbre, sin saber cuándo ni cómo podrían recuperar un hogar.
Impactos sobre la salud y el entorno
Las consecuencias no se limitan a la pérdida material. Tras las inundaciones, Amnistía Internacional documentó problemas graves de salubridad: desbordamientos de residuos, acumulación de escombros, contaminación del agua y casos de infecciones cutáneas en menores.
Desigualdad que se perpetúa
El Xenillet y La Mancha ya eran zonas marginadas antes de la DANA, con altos índices de desempleo e infravivienda. El desastre no hizo más que profundizar esas desigualdades. Las familias con menos recursos han afrontado con mayor dificultad las consecuencias de la DANA. Aunque han podido acceder a los mecanismos de ayuda, muchas siguen sin una solución estable, mientras otras zonas avanzan más rápido en la recuperación. Esta situación refleja una falta de voluntad política para garantizar una reconstrucción equitativa y centrada en los derechos de las personas más vulnerables.
“La reconstrucción posterior a una catástrofe debe tener un enfoque de derechos humanos. Ignorar las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables perpetúa la exclusión.”
Una vivienda del barrio del Xenillet, en Torrent, quedó inhabitable tras las lluvias torrenciales. © Amnistía Internacional España
6. Qué está obligada a hacer España para proteger el derecho a la vivienda frente al cambio climático
La protección del derecho a la vivienda y la adaptación al cambio climático no son compromisos voluntarios, sino obligaciones jurídicas que España ha asumido en virtud del derecho internacional. Sin embargo, como demuestra Amnistía Internacional, estas obligaciones no se están cumpliendo.
Un marco internacional claro
España es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, segura y habitable. Este derecho incluye la obligación del Estado de proteger a la población frente a riesgos previsibles, como inundaciones o desastres relacionados con el cambio climático.
A ello se suman las directrices del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), adoptado por Naciones Unidas, que insta a los Estados a integrar la prevención y la gestión del riesgo en sus políticas de desarrollo y planificación urbana.
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda y la Corte Internacional de Justicia han subrayado que el cambio climático y el derecho a la vivienda están estrechamente vinculados: los Estados deben garantizar viviendas resilientes, seguras y asequibles, especialmente para las comunidades más vulnerables.
Obligaciones incumplidas
Amnistía Internacional concluye que España no ha adoptado medidas suficientes para prevenir y mitigar los impactos de fenómenos extremos como la DANA, ni para garantizar una reconstrucción justa y basada en derechos humanos. Persisten carencias graves de coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local, y no existe una estrategia integral de adaptación del parque de vivienda al cambio climático.
“España tiene la obligación legal de garantizar viviendas seguras y resilientes frente al cambio climático, pero sigue sin cumplirla.”
El cauce del barranco del Xenillet, en Torrent, muestra la falta de infraestructuras adecuadas para prevenir inundaciones en zonas urbanas. © Amnistía Internacional España
7. Qué exige Amnistía Internacional: del PATRICOVA a la vivienda social
Tras analizar los impactos de la DANA, Amnistía Internacional concluye que España necesita pasar de la reacción a la prevención. La organización reclama medidas urgentes y estructurales para garantizar que un desastre como el de 2024 no vuelva a repetirse y, sobre todo, que nadie quede atrás cuando ocurren fenómenos climáticos extremos.
- Una moratoria inmediata de proyectos urbanísticos en municipios afectados por la DANA.
- Adopción de la revisión del PATRICOVA, adopción de normativa estatal sobre gestión de riesgo de inundaciones y estudios pormenorizados sobre el riesgo por parte de los ayuntamientos.
- La revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España, considerando tanto los eventos pasados como los riesgos futuros en un contexto del cambio climático, así como la elaboración de un protocolo integral de ayudas que establezca un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda.
- El incremento del parque de vivienda social en zonas afectadas.
- Garantías de igualdad de acceso a las ayudas para personas migrantes y en situación vulnerable.
“La DANA fue una tragedia evitable. El cambio climático seguirá provocando fenómenos extremos, pero la magnitud de sus consecuencias dependerá de las decisiones políticas que se tomen hoy. Garantizar viviendas seguras, resilientes y accesibles no es una cuestión técnica: es una obligación de derechos humanos.”
