Se cumple un año desde que la orden de la Corte Internacional de Justicia exigiera a Israel medidas para evitar el genocidio.
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de actos genocidas. Tras examinar la demanda, el 26 de enero de 2024, este tribunal ordenaba a Israel la puesta en marcha de ciertas medidas provisionales porque “la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza corre el grave riesgo de empeorar antes de que el tribunal emita su fallo final” y pedía a Israel que, el plazo de un mes, presentara un informe de cumplimento de las mismas. Un año después, y con un alto el fuego recién acordado, seguimos esperando a que las autoridades israelíes informen sobre qué han hecho para impedir el genocidio de la población de Gaza.
El 26 de enero de 2024, a mediodía, la presidenta de la Corte, la jueza Joan Donoghue, compareció para anunciar el resultado de las discusiones internas del máximo tribunal tras haber analizado las 84 páginas de la demanda sudafricana en la que se acusa a Israel de actos y omisiones de carácter genocida, pues se cometen con la intención específica indispensable de destruir a la población palestina de Gaza. En su fallo, la Corte ordenaba seis medidas provisionales en las que pedía a Israel: abstenerse de cometer actos previstos en la Convención sobre el Genocidio, prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio y tomar de inmediato medidas para garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil de Gaza. Un aspecto de decisivo es que la Corte ordenaba también a Israel preservar las pruebas de genocidio y presentarle, en el plazo de un mes, un informe sobre todas las medidas adoptadas.
Miles de personas desplazadas toman la carretera costera de Rashid para regresar a la ciudad de Gaza. © AFP vía Getty Images
Un año desde la orden de la CIJ a Israel: ¿Qué ha cambiado?
Un año después, ¿qué ha sucedido? ¿Ha obedecido Israel a la Corte? ¿Se ha dado algún avance en la demanda interpuesta por Sudáfrica? ¿Dónde queda el respeto del Derecho Internacional Humanitario?
Para contestar a estas preguntas, es importante que conozcamos el contexto: La Corte Internacional de Justicia , establecida en 1945, es el principal órgano judicial de Naciones Unidas, la misma institución que alumbró el nacimiento del Estado de Israel. Su función es dirimir, de acuerdo con el derecho internacional, las controversias jurídicas sometidas a ella por los Estados, incluidas las relativas a la interpretación, aplicación y cumplimiento de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que las sentencias de la CIJ son vinculantes para las partes en la controversia y que, si no se acatan, se recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU, que podrá formular recomendaciones o decidir qué medidas tomar para dar cumplimiento a la sentencia.
Por su parte, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 es el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU. Se adoptó tras el Holocausto ocurrido durante de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Alemania nazi asesinó sistemáticamente a más de seis millones de judíos. Conocida también como la Convención sobre el Genocidio, indica el compromiso de la comunidad internacional para que las atrocidades del genocidio no se repitan jamás. Sin embargo, han surgido otros casos, como el de Ruanda en 1994 y el de Srebrenica en 1995. Esta Convención proporciona la primera definición jurídica internacional del término genocidio y estipula el deber de los 153 Estados que han ratificado la Convención o se han adherido a ella de prevenir y castigar este delito. Israel es uno de esos 153 Estados.
El incumplimiento de Israel: ausencia de ayuda humanitaria y genocidio en Gaza
Tras la orden de enero, el gobierno de Israel calificó la demanda de Sudáfrica como “falsa e indignante” y definió la decisión de la Corte como “una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones”. Al mismo tiempo, los abogados de Israel afirmaron que las medidas provisionales, en caso de concederse, equivaldrían a "un intento de negar a Israel su capacidad para cumplir sus obligaciones con la defensa de sus ciudadanos", en referencia a los ataques de Hamás el 7 de octubre, que causaron 1.200 muertos, la captura de 250 personas como rehenes y el desplazamiento de 110.000 personas, según datos de Israel.
Quedaban claras las intenciones de las autoridades israelíes: hacer caso omiso de todas y cada una de las medidas pedidas por la CIJ. Pasado solo un mes, este país no había cumplido ni siquiera con la orden de proporcionar ayuda, asegurando suficiente asistencia humanitaria y permitiendo servicios básicos. Y durante el resto del año, Israel siguió incumpliendo su obligación, como potencia ocupante, de garantizar la atención de las necesidades básicas de la población palestina en Gaza. No se garantizó la llegada en la medida suficiente de unos bienes y servicios que podían salvar vidas a una población al borde de la hambruna debido a los incesantes bombardeos y al endurecimiento del bloqueo ilegal que Israel impuso hace 17 años. Tampoco se levantaron las restricciones impuestas a la entrada de productos que pueden salvar vidas, como medicinas, ni se abrieron puntos de acceso o pasos fronterizos adicionales, ni siquiera se aseguró que el personal humanitario estuviera protegido ante los ataques.
Cientos de personas palestinas reciben raciones de comida en el sur de la Franja de Gaza. © Said Khatib/AFP vía Getty Images
Al mismo tiempo que Israel continuaba con su genocidio en Gaza, la comunidad internacional seguía poniéndose de perfil. Países como Estados Unidos o Alemania seguían vendiendo armas a Israel, vetando resoluciones sobre el alto el fuego o incluso retirando la financiación de organizaciones humanitarias como UNRWA.
A día de hoy, Israel no ha cumplido con ni una sola de las medidas ordenadas. Sin embargo, la demanda interpuesta en la Corte Internacional de Justicia sigue en marcha. Países como España, Irlanda, Nicaragua, Colombia, Turquía o Chile, entre otros, han presentado declaraciones de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel. Sin duda, es un importante avance que podría contribuir a devolver la fe a un sistema, el derecho internacional humanitario, muy debilitado en los últimos años, y transmite claramente el mensaje de que el mundo no permanecerá en silencio ante una campaña militar despiadada que ha diezmado a la población palestina y ha dejado un rastro de muerte, horror y sufrimiento en Gaza sin precedente.
Crímenes de guerra y lesa humanidad: Las órdenes de arresto internacionales
Apenas una semana después de la entrada en vigor de un alto el fuego que no reparará las vidas de palestinos y palestinas destrozadas por el genocidio israelí, está por ver que sucederá en Gaza y en el resto del Territorio Palestino Ocupado. Lo único que sabemos es que la causa abierta en la Corte Internacional de Justicia, tarde o temprano, tendrá que emitir un fallo. Ese fallo lo tienen claro millones de personas y multitud de organizaciones: Israel ha cometido un genocidio contra la población palestina de Gaza, y las personas responsables de este genocidio deben rendir cuentas, bien en la Corte Internacional de Justicia, bien en la Corte Penal Internacional, quien ha ordenado el arresto de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y Yoav Gallant, exministro de Defensa de Israel, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, bien en cualquier tribunal de un tercer Estado que se atreva a desafiar la impunidad de la que disfruta Israel y restaurar una cierta fe en el Estado de derecho.
