Yemen: firma para que Fatma no sea ejecutada
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Todas las firmas han sido enviadas a Mohamed Abdelsalam, Portavoz de Ansarolá y representante de las autoridades huzíes de facto en Yemen. Ante la falta de respuesta por parte de éstas, Amnistía Internacional seguirá la situación de Fatma mediante contacto con sus representantes legales con el objetivo de que la pena de muerte sea anulada, al igual que la sentencia condenatoria.
Petición antes del cierre
Fatma al-Arwali es defensora yemení de los derechos humanos, tiene 34 años y podría ser ejecutada en cualquier momento. La acusan de “ayudar a un país enemigo” tras un juicio manifiestamente injusto en el que el propio juez no quiso que su abogado estuviera presente.
Tras su detención su familia estuvo ocho meses sin saber nada de ella. Preguntaron en todas las comisarías de policía y prisiones de Saná, pero las autoridades les dijeron que no tenían ninguna información sobre su paradero. Después, la familia supo que, durante todo ese tiempo, Fatma fue recluida en régimen de aislamiento en el centro de detención de los servicios de seguridad e inteligencia de Chamlan, en Saná. A día de hoy sigue allí.
Además, las condiciones de Fatma en prisión son crueles e inhumanas. Está recluida en una celda subterránea y no le permiten ver a sus hijos. El temor por su vida es aún mayor desde que, en enero de 2024, su hermano recibió una llamada de un número desconocido en la que le dijeron que iba a ser ejecutada el 21 de febrero en la plaza Tahrir de Saná. A pesar de las noticias de que sería ejecutada a finales de febrero, esta ejecución no ha tenido lugar. Esto no significa que la situación no sea preocupante, ya que sigue en riesgo.
El 5 de diciembre de 2023, el Tribunal Penal Especializado la declaró culpable de “ayudar a un país enemigo” y la condenó a muerte. Según la legislación yemení, Fatma al-Arwali tiene derecho a que su condena y sentencia sean revisadas por el Tribunal Superior, pero la independencia e imparcialidad de éste son cuestionables.
Amnistía Internacional lleva desde 2015, documentando los casos de más de 60 personas que comparecieron ante el Tribunal Penal Especializado de Saná -entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política o de minorías religiosas- y fueron sometidas a juicios injustos por cargos falsos o inventados. Casi todas ellas fueron juzgadas por espionaje, delito condenado con la muerte según las leyes yemeníes.
¡Firma para que Fatma al-Arwali no sea ejecutada y tenga un juicio justo!
