Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.
El conflicto armado de 12 días que estalló entre Irán e Israel provocó la muerte de civiles e implicó violaciones del derecho internacional humanitario. Las autoridades iraníes lo utilizaron para intensificar la represión interna. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, interrogadas, hostigadas o procesadas injustamente por ejercer sus derechos humanos. Las autoridades emplearon fuerza ilícita y armas de fuego para dispersar protestas, por lo que se produjeron muertes. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTIQ+ y las minorías étnicas y religiosas sufrían discriminación y violencia sistémicas. Se aplicó la legislación sobre el uso obligatorio del velo. Más de 1,8 millones de afganos y afganas fueron expulsados ilícitamente u obligados a regresar a Afganistán. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas y sistemáticas. Se aplicaron castigos corporales que constituían tortura, como flagelaciones y amputaciones. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. La pena de muerte se aplicaba arbitrariamente y se utilizaba de forma desproporcionada contra las minorías. Se llevó a cabo el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989. Persistió la impunidad sistémica de crímenes de lesa humanidad que se habían cometido en el pasado y se seguían cometiendo, así como de otros crímenes de derecho internacional. Las autoridades no abordaron la degradación ambiental, que contribuía a causar miles de muertes.
Información general
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó los mandatos de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, y amplió el mandato de esta última. Se negó la entrada al país a ambos mecanismos y a otros equipos independientes de personal experto de la ONU y de observación internacional de la situación de los derechos humanos.
En septiembre, la ONU volvió a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear.
Las autoridades continuaron prestando apoyo político, ideológico, financiero, logístico y militar a grupos armados de toda la región de Oriente Medio.
También proporcionaron drones y misiles balísticos a Rusia, que los utilizó contra infraestructuras civiles en Ucrania.
Violaciones del derecho internacional humanitario
El 13 de junio, Israel lanzó varios ataques aéreos sobre territorio iraní en los que se dañaron infraestructuras civiles y murieron más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas.1
Las fuerzas israelíes llevaron a cabo de forma deliberada bombardeos aéreos contra el complejo penitenciario de Evín, ubicado en la capital, Teherán, causando daños y destrucción. Murieron al menos 80 civiles, incluidas personas presas y familiares suyos, así como varias trabajadoras sociales y miembros del personal penitenciario.2 El ataque representaba una grave violación del derecho internacional humanitario que debía investigarse penalmente como crimen de guerra.
En represalia, las fuerzas iraníes lanzaron un ataque con misiles y drones contra Israel en el que utilizaron ilícitamente municiones de racimo en zonas residenciales y mataron al menos a 29 personas, entre ellas niños y niñas.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Se criminalizó la expresión de opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica.
Los cuerpos de seguridad e inteligencia y las autoridades judiciales perpetraron violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Entre quienes sufrían esa represión había manifestantes, disidentes, mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos laborales o medioambientales, personas usuarias de las redes sociales, artistas, figuras de la música y la literatura, intelectuales, estudiantes de universidad, personas LGBTIQ+, miembros de minorías étnicas y religiosas oprimidas, familiares de personas asesinadas en protestas y profesionales de ámbitos como la enfermería, la enseñanza o el transporte. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas se contaban detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, amenazas de muerte, juicios injustos con imposición de multas o de penas de prisión, de flagelación o de muerte, vigilancia, hostigamiento, interrogatorios, prohibiciones de viajar, congelación de activos, confiscación de bienes y suspensión o expulsión de los estudios o el trabajo.
Las autoridades adoptaron medidas punitivas contra las familias de periodistas, disidentes, manifestantes y activistas de los derechos humanos radicados fuera de Irán y sometieron a sus miembros a interrogatorios, prohibiciones de viajar, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.
Continuaron bloqueadas plataformas como Clubhouse, Facebook, Snapchat, Signal, Telegram, TikTok, X y YouTube.
Se mantuvo la prohibición de todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y periódicos independientes.
Entre marzo y agosto, las fuerzas de seguridad de ciudades como Isfahán, Meshed y Sabzevar emplearon fuerza ilícita para reprimir protestas pacíficas contra los cortes de agua y electricidad y la inflación, valiéndose para ello de gases lacrimógenos, pulverizadores de gas pimienta, palizas y detenciones arbitrarias.
La represión se intensificó a lo largo del conflicto con Israel y en el periodo posterior. Durante el conflicto se interrumpieron deliberadamente las redes de Internet y de telefonía móvil, lo que dificultó el acceso a información de vital importancia. Además, las fuerzas de seguridad instalaron puestos de control, donde realizaban registros invasivos de teléfonos móviles y detenían a personas por supuesta “colaboración” con Israel basándose en publicaciones de redes sociales o contactos con periodistas del extranjero.
En octubre entró en vigor una nueva legislación —la Ley de Endurecimiento de las Penas por Espionaje y Colaboración con el Régimen Sionista y Estados Hostiles contra la Seguridad y los Intereses Nacionales (Ley de Espionaje)— que prescribía la pena de muerte por actividades pacíficas, como el envío de información a periodistas del extranjero, a las que se aplicaba el cargo de “corrupción en la tierra” (efsad fel-arz). También penalizaba el uso o manejo de herramientas no autorizadas de acceso a Internet por satélite, como Starlink, y permitía aplicar la pena de muerte si las autoridades consideraban que la persona juzgada era un “agente enemigo” que actuaba con la intención de “oponerse al Estado” o “hacer espionaje”.
Durante protestas que comenzaron en Teherán el 28 de diciembre y se propagaron con rapidez por todo el país, las fuerzas de seguridad se valieron ilícitamente de fusiles, escopetas de perdigones, gas lacrimógeno y palizas para dispersar manifestaciones mayoritariamente pacíficas en las que se pedía la caída del sistema de la República Islámica; como consecuencia de ello se produjeron muertes y lesiones.
Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y la detención en régimen de incomunicación eran prácticas generalizadas y sistemáticas.
Tras el bombardeo aéreo de Israel contra la prisión de Evín, decenas de personas allí recluidas por motivos políticos fueron sometidas a desaparición forzada durante semanas o meses.3 Centenares más fueron trasladadas a otras cárceles en las que prevalecían condiciones crueles e inhumanas, como hacinamiento, insalubridad, mala ventilación, infestación de ratones e insectos, y acceso insuficiente a agua potable, alimentación adecuada, camas, retretes o instalaciones de aseo. Se siguió negando a las personas presas atención médica adecuada. Varias de ellas murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas; según informes fidedignos, tras haber sufrido tortura y otros malos tratos, incluida negación de asistencia médica.
Las leyes conservaban castigos constitutivos de tortura, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación. Se llevaron a cabo flagelaciones y amputaciones.4
Detención arbitraria y juicios injustos
Los juicios eran sistemáticamente injustos, lo que hacía que los encarcelamientos y las ejecuciones fueran arbitrarios. Las autoridades negaban de manera habitual a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada durante las investigaciones y basaban las condenas en “confesiones” obtenidas mediante tortura, que a menudo eran retransmitidas por la televisión estatal.
El poder judicial carecía de independencia y era cómplice de tortura y otros crímenes de derecho internacional.
En agosto, las autoridades anunciaron que se había detenido a 21.000 personas en relación con el conflicto con Israel.
La Ley de Espionaje erosionó aún más el derecho a un juicio justo al crear secciones especiales en los tribunales revolucionarios, acelerar los procedimientos penales, limitar a 10 días el plazo para apelar y permitir a los tribunales concluir las investigaciones, socavando de ese modo la separación de funciones entre las fiscalías y las autoridades judiciales.
Las autoridades continuaron manteniendo recluidas de manera arbitraria a personas extranjeras y con doble nacionalidad para ejercer presión, y tomaron rehenes impunemente.
En abril finalizó el arresto domiciliario del disidente Mehdi Karroubi, que llevaba 14 años sometido arbitrariamente a esta medida de privación de libertad, mientras que el de Mir Hossein Musaví y Zahra Rahnavard entró en su decimoquinto año.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las autoridades seguían discriminando a las mujeres y las niñas, negándoles la igualdad de derechos en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la nacionalidad y custodia de los hijos e hijas, el empleo, la herencia y la ocupación de cargos públicos.
La edad legal para el matrimonio de las niñas seguía siendo los 13 años, pero el padre podía solicitar un permiso judicial para casarlas a la fuerza incluso antes.
La edad mínima de responsabilidad penal de las niñas se mantuvo en los nueve años lunares (alrededor de ocho años y nueve meses), mientras que la de los niños era los 15 años lunares (alrededor de 14 años y siete meses).
Las autoridades sometieron a activistas de los derechos de las mujeres, periodistas, cantantes y otras personas que reivindicaban la igualdad de género y desafiaban el uso obligatorio del velo a detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones de utilizar las redes sociales.5
En mayo, el gobierno retiró un proyecto de ley que se había presentado inicialmente hacía más de 10 años para abordar la violencia contra las mujeres, pero que se había suavizado y había cambiado de nombre varias veces.
La ausencia de protección jurídica y de casas refugio y la falta de rendición de cuentas favorecieron los feminicidios, hasta el punto de que el número de mujeres y niñas asesinadas por familiares varones superó las 100, según cifras publicadas por diarios nacionales y organizaciones de derechos humanos de fuera de Irán. Se temía que el número real de víctimas fuera muy superior, dado que las autoridades no publicaban estadísticas de feminicidios.
La resistencia generalizada de las mujeres y las niñas frente al uso obligatorio del velo, junto con el incesante clamor nacional e internacional en contra de la violencia que sufrían, obligó a las autoridades a frenar las violentas agresiones y detenciones masivas de años anteriores y a mantener suspendida la implementación de la Ley de Protección de la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab. Aun así, continuaron utilizándose leyes y reglamentos vigentes para hacer cumplir el uso obligatorio del velo en el lugar de trabajo, la universidad y otras instituciones públicas, con lo que las mujeres y las niñas que se resistían estaban expuestas a sufrir hostigamiento, agresiones, detención arbitraria, imposición de multas y expulsión de sus estudios o su trabajo. Entre los autores de estos ataques había tanto agentes estatales como fuerzas parapoliciales que actuaban con el aval del Estado.
La vigilancia electrónica, y en particular el reconocimiento facial, era fundamental para hacer cumplir el uso obligatorio del velo. Las mujeres siguieron recibiendo amenazas por SMS, basadas en datos obtenidos por receptores IMSI (identidad internacional de abonado móvil), lectores de tarjetas sin contacto, cámaras de vigilancia e informes presentados por agentes estatales y parapoliciales a través de aplicaciones desarrolladas con ese fin.
También continuó la confiscación arbitraria de vehículos a mujeres como castigo por desafiar la legislación sobre el uso del velo.
En octubre, el director de la Jefatura de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio de Teherán anunció la creación de un “centro de operaciones sobre el hiyab y la castidad” y avanzó su intención de desplegar una fuerza cualificada de 80.000 efectivos para reforzar la infraestructura de vigilancia y de aplicación de la ley.
En noviembre y diciembre, el líder de la República Islámica, el presidente de la Magistratura y otros altos cargos calificaron el desafío generalizado de mujeres y niñas al uso obligatorio del velo como una “desviación social” vinculada con enemigos extranjeros. El presidente de la Magistratura ordenó a las fiscalías y a los órganos de seguridad e inteligencia que trataran la negativa a usar el velo como “delito flagrante”.
Decenas de establecimientos, incluidos restaurantes, fueron clausurados por atender a mujeres sin velo, y quienes los regentaban se enfrentaron a detenciones y enjuiciamientos.
Discriminación
Minorías étnicas
Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a cargos públicos. La falta de inversión en las regiones donde habitaban, en particular de infraestructuras de suministro de agua potable, agravaba en ellas la pobreza y la marginación.
Al seguir siendo el persa la única lengua de enseñanza, a los niños y niñas de esas minorías se les negaba la educación en su lengua materna, lo que contribuía a generar elevadas tasas de abandono escolar, así como denuncias de humillación, hostigamiento y entorno escolar inseguro, entre el alumnado que no hablaba persa. En febrero, el Parlamento rechazó un proyecto de ley que preveía la enseñanza de la literatura en lenguas de las minorías étnicas.
Las autoridades tachaban el activismo pacífico de los defensores y defensoras de los derechos de las minorías de amenaza a la integridad territorial.
Quienes combatían las violaciones de derechos o exigían la descentralización o el autogobierno regional se exponían a sufrir detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y penas injustas de prisión o de muerte.
Las autoridades siguieron denegando el certificado de nacimiento y otros documentos de identidad a decenas de miles de hombres, mujeres y niños y niñas baluchis, lo que en la práctica los convertía en apátridas y los dejaba sin acceso a servicios públicos como la educación, la atención sanitaria, los servicios bancarios o el registro de matrimonios, así como en riesgo de que los trasladasen de forma forzosa a países vecinos en tanto que personas extranjeras.
Las minorías étnicas sufrían de manera desproporcionada violaciones del derecho a la vida, entre ellas disparos ilícitos y pena de muerte.
Minorías religiosas
Las minorías religiosas —bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía, musulmana suní y yaresana, entre otras— sufrían violaciones generalizadas y sistémicas de derechos humanos, como discriminación en el acceso a la educación, el empleo, la adopción, los cargos públicos y los lugares de culto.
Además, las que profesaban o practicaban su fe se exponían a sufrir detención arbitraria, procesamiento injusto y tortura y otros malos tratos.
Las personas cuyos progenitores estaban registrados como musulmanes corrían el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos y pena de muerte por “apostasía” si adoptaban otras religiones o se declaraban ateas.
Las autoridades aprovecharon el clima de fuertes medidas de seguridad creado tras el conflicto con Israel para intensificar la represión de las comunidades bahaí, cristiana y judía.6
La comunidad bahaí sufría una persecución sistemática en medio de una intensa propaganda estatal que retrataba falsamente a sus miembros como espías israelíes. Entre las violaciones de derechos humanos de que era objeto figuraban detenciones arbitrarias, registros de domicilios, expulsiones del trabajo, prohibiciones de acceder a la educación superior, cierres forzosos de empresas, confiscaciones o destrucción de bienes, prohibiciones de viajar, amenazas de muerte, juicios injustos, encarcelamientos, exilio, profanaciones de cementerios y negaciones del derecho de sepultura.
Se sometió a decenas de personas judías a citaciones judiciales arbitrarias, interrogatorios y cargos infundados de espionaje.
Las autoridades difamaron a la comunidad cristiana tildando a sus miembros de “mercenarios del Mossad”, retransmitieron por televisión “confesiones” forzadas de personas detenidas, allanaron iglesias domésticas y detuvieron arbitrariamente a personas conversas al cristianismo.
Personas LGBTIQ+
Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando penadas. Los castigos incluían la flagelación y la pena de muerte. Varios hombres fueron azotados tras ser haber sido juzgados por mantener relaciones homosexuales consentidas.
La penalización alimentaba la violencia y la discriminación contra las personas LGBTIQ+, lo que a su vez dificultaba su acceso a la educación, el empleo, la vivienda y la atención sanitaria, y dejaba a las víctimas de ataques homófobos y tránsfobos sin recursos legales ni acceso a servicios de protección.
Las expresiones de no conformidad con las convenciones de género que divergían del concepto de representación de lo masculino y lo femenino impuesto por el Estado, en particular, la elección de vestimenta y el aspecto físico, eran castigadas con penas de prisión, multas y flagelación.
Las “terapias de conversión” avaladas por el Estado, constitutivas de tortura y otros malos tratos, seguían estando muy extendidas y se aplicaban incluso a niños y niñas. Para cambiar de sexo respecto del asignado al nacer, era obligatorio someterse a terapia hormonal y a procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización.
En las escuelas, el profesorado, la dirección y los servicios de seguridad sometían al alumnado LGBTIQ+ a acoso, exclusión, traslado forzoso a otros centros y derivación para intervenciones psiquiátricas y médicas no consentidas.
Persistieron los discursos de odio de las autoridades y los medios de comunicación del Estado contra las personas LGBTIQ+.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La población afgana sufría violencia generalizada y discriminación en ámbitos como la educación, la vivienda, el empleo, la atención médica, los servicios bancarios y la libertad de circulación.
Más de 1,8 millones de afganos y afganas, entre los que había menores de edad no acompañados y separados de sus familias, mujeres y niñas, personas refugiadas y solicitantes de asilo, fueron expulsados ilícitamente u obligados a regresar a Afganistán.7 Estas expulsiones en masa implicaron redadas violentas, operaciones de identificación y registro y detenciones arbitrarias.
Las autoridades intensificaron la retórica racista y deshumanizadora contra las personas afganas al culparlas de los males socioeconómicos, acusarlas de ser espías al servicio de Israel y fomentar los crímenes de odio contra ellas.
Homicidios ilícitos
La Ley de Uso de Armas de Fuego por las Fuerzas Armadas en Incidentes Necesarios continuó perpetuando la impunidad de los homicidios ilícitos al autorizar el empleo generalizado de estas armas, incluso para dispersar protestas o interceptar a personas que intentaran eludir una detención o cruzar fronteras de forma ilegal. En el Parlamento seguía pendiente un proyecto de ley que modificaba esta legislación y que, de aprobarse, permitiría portar armas de fuego a otras fuerzas, además de a la policía, la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército, y ampliaría los supuestos en que podían utilizarse.
Las fuerzas de seguridad continuaron disparando impunemente contra personas que viajaban en automóvil, en particular desde los nuevos puestos de control establecidos en junio, llegando a matar a personas adultas y a menores de edad.
La guardia de fronteras siguió matando a decenas de porteadores de combustible baluchis (soukhtbars) en la provincia de Sistán y Baluchistán, así como a mensajeros transfronterizos kurdos desarmados (kulbars) entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak.
En julio, agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizaron medios letales —incluidos rifles AK y escopetas de perdigones— contra un grupo de mujeres baluchis durante un asalto a la localidad de Gounich, en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el que mataron de forma ilícita a dos de ellas e hirieron a otras 10.
Pena de muerte
Las autoridades llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989.8 Algunas de ellas fueron públicas.
El aumento obedeció al uso creciente de la pena de muerte como herramienta de represión política y a unas mortíferas políticas antidroga. En el Parlamento seguía tramitándose un proyecto legislativo que modificaba la Ley Antinarcóticos y mantenía la pena de muerte para ciertos delitos de tráfico y distribución.
Las ejecuciones masivas dieron lugar a concentraciones pacíficas sin precedentes ante las prisiones y a huelgas de hambre carcelarias, frente a lo cual las fuerzas de seguridad amenazaron con tomar represalias contra la población reclusa.
La pena de muerte también se mantuvo para actos amparados por el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de religión o de creencias, como el consumo de alcohol y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El “adulterio” (relaciones sexuales fuera del matrimonio) seguía castigándose con la muerte por lapidación.
Se ejecutó al menos a una persona que tenía menos de 18 años en el momento de cometerse el delito, y había decenas más como ella que permanecían encarceladas en espera de ejecución.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Persistió la impunidad sistémica de homicidios ilícitos, tortura, desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional cometidos en 2025 y en décadas anteriores.
Las fiscalías desestimaban sistemáticamente las denuncias de las víctimas y archivaban las investigaciones. En los pocos casos que llegaban a juicio, los tribunales militares, que tenían competencia para conocer de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, absolvían a los autores, limitaban la reparación al pago de “dinero de sangre” (diyeh) por el Estado y eximían de responsabilidad a los mandos y superiores.
En junio, las autoridades protegieron a los autores del homicidio ilícito del niño de nueve años Kian Pirfalak durante las protestas de “Mujer Vida Libertad” de 2022 para eximirlos de rendir cuentas y, en cambio, ejecutaron de forma arbitraria a Mojahed (Abbas) Kourkouri, manifestante al que habían acusado de la muerte del menor en un juicio manifiestamente injusto.9
El juicio por el derribo en 2020 del vuelo 752 de Ukraine International Airlines se encontraba estancado al haber aplazado las actuaciones un tribunal militar iraní. Se negó a las familias de las víctimas y a sus defensas el acceso al expediente del caso. Los 10 acusados seguían en libertad bajo fianza.
Las autoridades impidieron a las familias de las víctimas de las masacres penitenciarias de 1988 acceder al cementerio de fosas comunes de Javarán, donde yacían los restos de algunas de ellas. También destruyeron la parcela 41 del cementerio de Behesht-e Zahra de Teherán, donde se encontraban tumbas individuales de personas ejecutadas en la década de 1980, para construir un aparcamiento.
Derecho a un medioambiente saludable
Irán mantuvo elevados índices de producción y subvención de combustibles fósiles.
Las autoridades no abordaron la degradación medioambiental del país, que agravaba las desigualdades existentes y afectaba de manera desproporcionada a las comunidades marginadas. La crisis se caracterizaba por la pérdida de lagos, ríos y humedales, el agotamiento de las aguas subterráneas, la contaminación hídrica causada por el vertido de aguas residuales en las fuentes de agua urbanas, la deforestación, el hundimiento del suelo, la disminución de las reservas de agua y de la salud del suelo y la contaminación atmosférica provocada, en parte, por el uso industrial de combustibles de calidad inferior, que contribuyó también a causar miles de muertes.
La población sufría cortes severos y prolongados de agua y electricidad, que provocaron el cierre de escuelas y empresas. Las autoridades ignoraron las deficiencias sistémicas y culparon de ello a la sequía y al consumo excesivo.
Se detenía de forma arbitraria a activistas de los derechos ambientales.
En julio, tres activistas medioambientales murieron en la provincia de Kurdistán mientras intentaban apagar un fuego forestal. El suceso desató críticas a las autoridades por dejar en gran medida los servicios contra incendios en manos de grupos voluntarios, sin proporcionarles equipos de protección ni garantizar medidas de seguridad.
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