Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Islas Baleares: Silvia y Luis. No hay derecho a estar enfermos

Entrevista a Silvia Graciela Velazquez

Entrevista a Luis Andrés Ulloa Carvajal

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 61.255 firmantes

Las firmas recogidas serán entregadas el martes 12 al Conseller de Salut. Muchas gracias a las más de 61.000 personas que han participado.

Petición antes del cierre

Al aplicar la reforma sanitaria, el gobierno balear vulnera el derecho humano a la salud de las personas migrantes en situación irregular.

Estoy preocupado.Tengo que controlar el cáncer, pero no sé si cuando vaya (al hospital), me van a atender

Luis Andrés Ulloa Carvajal. Ciudadano chileno de 34 años enfermo de cáncer de vejiga.

Luis llegó a Palma de Mallorca en 2007 para trabajar. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Le operaron y el médico le dijo que se tenía que hacer controles cada 4 o 6 meses. En noviembre de 2012, se fue a hacer una revisión y cuando pidió cita, le dijeron, para su sorpresa, que no figuraba en la base de datos y le advirtieron que tendría que pagar. “Me hice unas analíticas pero me llamaron para decirme que me iban a enviar todas las facturas a casa por todas las pruebas y las veces que me atendieron. Me dijeron que el precio de las analíticas es entre €80 y €200…Yo eso no lo voy a poder pagar”, afirma Luis.

Silvia Graciela Velazquez tiene 52 años, es uruguaya y llegó a España en 2003. Desde hace unos 7 años, padece de EPOC grave, una enfermedad pulmonar, que hace que la capacidad respiratoria disminuya. Es una enfermedad progresiva y en general no reversible. Además, sufre depresión. En enero fue a urgencias porque no podía respirar y le emitieron un compromiso de pago, a pesar de que la propia ley establece la gratuidad de este servicio. “Antes del Real Decreto me hacía controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi enfermedad”. “Al quitarme la tarjeta sanitaria, no puedo seguir los tratamientos (…) muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir”, cuenta Silvia.

En Islas Baleares se está vulnerando el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular. Los casos de Luis y Silvia constituyen un claro y lamentable ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria.

Una reforma que limita la atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad en los siguientes supuestos: urgencias, embarazo, parto y posparto, y también para las personas solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata a las que se les haya concedido el periodo de reflexión. Una medida regresiva y discriminatoria contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Las autoridades baleares decidieron aplicar la nueva normativa incluso cinco meses antes de que entrase en vigor. A partir de entonces, se ha construido un auténtico laberinto que obstaculiza el acceso al sistema sanitario público para las personas migrantes, con graves efectos para el derecho a la salud de este colectivo.

El gobierno ha retirado desde abril de 2012 casi 20.000 tarjetas sanitarias. Estas personas, algunas con enfermedades graves crónicas, han quedado excluidas del sistema sanitario. Además, la falta de claridad de la normativa ha provocado un escenario de caos y confusión en el que cada centro de salud u hospital ha interpretado la misma de forma dispar, llegándose a veces incluso a denegar el acceso a la atención a personas cubiertas por la normativa. Este escenario, está haciendo desistir a muchas personas de acudir a los hospitales. “Me caí y cada vez me duele más la pierna (…) pero no pienso ir al médico… yo no quiero tener problemas.”, cuenta una persona migrante a Amnistía Internacional.

El gobierno balear debe poner fin a esta vulneración del derecho a la salud. Exige que las autoridades garanticen el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas que residan en su territorio, con independencia de su situación administrativa.