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Más de 35.000 personas mayores han muerto por COVID durante la pandemia. Sufrieron graves violaciones de derechos humanos, y no fueron derivadas a hospitales cuando lo necesitaban. Sus familias siguen sin tener justicia. Pese a la extrema gravedad de lo sucedido, las investigaciones están siendo deficientes. El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas.

No se ha escuchado a las víctimas. Se ha dado carpetazo a un elevado número de casos sin haber llamado a testificar a las familias. Tampoco se han investigado lo suficiente los protocolos que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales en los momentos más duros de la pandemia.

En el segundo aniversario del inicio del Estado de Alarma hemos mantenido esta conversación con Manuel Rico (@manuelrico), Director de investigación de Infolibre, y con Ángela Arreba, cuya madre falleció en una residencia. Esta charla se emitió en directo a través de Twitter Spaces.