La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas Michelle Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio de 2019. Durante su visita se reunió con víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares, organizaciones de sociedad civil, y actores políticos. En su conferencia de prensa al finalizar dicha visita, Michelle Bachelet expresó haber alcanzado algunos acuerdos con el gobierno de Nicolás Maduro, y que incluye la permanencia de un equipo de dos personas de su oficina en el país para prestar asistencia y asesoría técnica, así como seguir monitoreando la grave situación de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera que estos acuerdos son un paso. Sin embargo, en los próximos meses tienen que ocurrir cambios substanciales para que las condiciones de vida de las personas venezolanas puedan empezar a tener una mejoría en un país donde la crisis de masivas violaciones a derechos humanos y la impunidad han generado graves consecuencias, incluida la migración forzada de cuatro millones de personas refugiadas en los últimos años.
“Estos acuerdos básicos que el gobierno de Nicolás Maduro ha aceptado, en el contexto de la visita de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, son un aliciente para las víctimas y las organizaciones que las acompañan para continuar con la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ha enfrentado la población en los últimos años”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La Alta Comisionada Bachelet ha escuchado de las víctimas la desgarradora realidad que sufren las personas en Venezuela día a día. Millones de personas en el país enfrentan cotidianamente desde la falta de servicios básicos, escasez de comida y medicinas, hasta la constante persecución y represión por parte de las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro.”
Amnistía Internacional ha documentado las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional que están sucediendo en Venezuela, incluido desde el agravamiento de la crisis en enero de 2019. La organización ha documentado ejecuciones extrajudiciales, uso ilegitimo de la fuerza letal, detenciones arbitrarias masivas y malos tratos contra personas que manifiestan su opinión en contra del gobierno de Maduro, así como las graves consecuencias de las violaciones a los derechos económicos y sociales de la población.
El próximo 5 de julio en Ginebra, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos presentará su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en un diálogo interactivo mejorado con los Estados que son parte del Consejo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional espera que en dicho informe se recomiende la creación de una comisión de investigación, así como lo hizo su predecesor en sus respectivos informes sobre Venezuela en 2017 y 2018.
“La trágica realidad en Venezuela requiere que la Organización de Naciones Unidas ponga todos sus recursos en atender la crisis de derechos humanos y establezca una Comisión de Investigación bajo la supervisión del Consejo de Derechos Humanos, al que la Alta Comisionada Bachelet reportará los hallazgos de meses de investigación de su equipo y de esta visita el próximo 5 de julio,” agregó Erika Guevara Rosas.
Información adicional:
Amnistía Internacional ha documentado desde 2014 los patrones y la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Desde ese año la organización identificó el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes y los tratos crueles inhumanos y la tortura en su contra con el fin de neutralizar la protesta social. Asimismo, en 2017 se volvieron a identificar los patrones de uso excesivo de la fuerza, -en ocasiones letal- en contra de personas que se manifestaron ese año contra el gobierno.
Amnistía Internacional ha documentado y denunciado los patrones de detenciones arbitrarias por motivos políticos que han ocurrido en los últimos años, a través del análisis de 22 detenciones arbitrarias emblemáticas de patrones tales como el uso de jurisdicción militar contra civiles y las detenciones ilegales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), además se han identificado al menos seis presos de conciencia cuya libertad está restringida por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional también ha denunciado las ejecuciones extrajudiciales con cifras oficiales de más de ocho mil ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017, entre los cuales se documentaron a profundidad ocho casos que dieron cuenta de patrones similares de ataque dirigido contra hombres jóvenes y en situación de pobreza. Toda esta documentación permite a la organización identificar la naturaleza sistemática y generalizada de los hechos de enero de 2019 en contra de una población civil.
