La decisión de un tribunal ruso de confirmar la prohibición impuesta a los vídeos “extremistas” de la actuación de protesta llevada a cabo por las Pussy Riot el año pasado en una catedral de Moscú pone de relieve la escalada de represión de la libertad de expresión en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.
El miércoles el Tribunal de la Ciudad de Moscú rechazó la apelación presentada por la integrante del grupo Ekaterina Samutsevich y confirmó el fallo que un tribunal de primera instancia dictó en noviembre, prohibiendo los vídeos con arreglo a una legislación contra el extremismo definida con imprecisión.
"El aumento del uso de leyes contra el extremismo formuladas en términos generales para reprimir la disidencia demuestra la absoluta falta de respeto de las autoridades rusas hacia la libertad de expresión como uno de los pilares de una sociedad democrática", ha señalado David Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
"Se debe levantar la prohibición impuesta a los vídeos de las Pussy Riot y se debe poner fin a todos los ataques de este tipo al derecho, internacionalmente reconocido, a la libertad de expresión, además de dejar de aplicar de una manera tan restrictiva la legislación contra el extremismo".
Maria Alekhina fue acusada, junto con las también integrantes del grupo punk femenino Pussy Riot Nadezhda Tolokonnikova y Ekaterina Samutsevich, de “vandalismo por motivos de odio religioso” tras cantar una canción de protesta en la principal catedral ortodoxa de Moscú en febrero de 2012.
Las tres fueron posteriormente condenadas a dos años de prisión en una colonia penitenciaria, pero a Ekaterina Samutsevich le concedieron más tarde, en el proceso de apelación, una suspensión de la condena.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación ante el fallo del tribunal, según el cual los vídeos contienen "imágenes y expresiones dirigidas a incitar al odio o la animadversión y la humillación de personas por motivos de su religión y pertenencia a instituciones sociales".
A juicio de la organización, en los vídeos no hay indicios de violencia ni llamamientos a cometer actos violentos.
Las integrantes de Pussy Riot insisten en que sus acciones, como la actuación en la iglesia de Jesús el Salvador, no pretendían incitar al odio, ya sea hacia la religión o hacia quienes pertenecen a determinados grupos sociales u otras minorías.
El fallo dictado por el tribunal parece oponerse a una declaración formulada por el Tribunal Supremo ruso en junio de 2011 según la cual la crítica de funcionarios públicos o políticos profesionales, sus actuaciones y creencias no debe considerarse en si misma acciones dirigidas a humillar o degradar a una persona o grupo, puesto que existen menos limitaciones a la hora de criticar a estas personas que a personas particulares.
