En reacción a la noticia de que un tribunal de Rusia ha confirmado una solicitud del Ministerio de Justicia que instaba a liquidar el Grupo Moscovita de la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos —la organización de derechos humanos más antigua del país—, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
“Rusia está sumida en una frenética crisis de derechos humanos cada vez más profunda, donde el desprecio compulsivo y el miedo a los derechos humanos y a quienes los promueven se han convertido en política de Estado. En un país en el que los derechos humanos se profanan y deshonran, no queda prácticamente espacio para trabajar por ellos”.
“Tras haber liquidado Memorial, el movimiento Por los Derechos Humanos y Rusia Abierta, y haber desalojado al Centro Sájarov de sus locales, ahora las autoridades clausuran el Grupo Moscovita. Se trata de un gesto especialmente cínico, habida cuenta de que en 2017 el presidente Vladimir Putin visitó a Liudmila Alekséyeva, celebrada presidenta del Grupo Moscovita e icono del movimiento disidente soviético, y en 2018 depositó flores en su funeral.”
“El desmantelamiento del grupo de derechos humanos más antiguo de Rusia por parte de las autoridades del país pasará a la historia como un acto vergonzoso. La decisión de liquidar el Grupo Moscovita es ilegítima y debe revocarse. La represión de la sociedad civil debe acabar. Rusia y su gente merecen algo mejor.”
Información complementaria
El 25 de enero, el Tribunal Municipal de Moscú atendió la solicitud del Ministerio de Justicia que instaba a liquidar el Grupo Moscovita de la Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos, fundado en la Unión Soviética en 1976. El proceso judicial se basaba en una serie de presuntas “violaciones” por parte de la organización, por ejemplo, la participación de miembros del grupo en actos fuera de Moscú, con lo que supuestamente se habrían sobrepasado los límites estatutarios de la organización.
La suspensión y la disolución involuntaria de una organización se hallan entre las restricciones más graves del derecho a la libertad de asociación, protegido por el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dada la gravedad de esta medida, sólo puede utilizarse cuando exista una amenaza clara e inminente, por ejemplo, para la seguridad nacional o el orden público.
Además, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada al objetivo legítimo buscado y utilizarse únicamente cuando resulten insuficientes otros medios menos restrictivos.
