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Ucrania: Tortura y detención secreta en ambos lados del conflicto

Soldados ucranianos detienen a un grupo de hombres en un emplazamiento prorruso en junio de 2014. © REUTERS/Osman Karimov/Po
  • Informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch

Tanto las autoridades gubernamentales ucranianas como los separatistas apoyados por Rusia en el este de Ucrania están sometiendo a civiles a detención arbitraria y prolongada, y a veces secreta, y los están torturando; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un informe conjunto que han publicado hoy.

El informe You Don’t Exist’. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances and Torture in Eastern Ukraine está basado en entrevistas con 40 víctimas de abusos, miembros de sus familias, testigos, representantes letrados de víctimas y otras fuentes. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan en su informe nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de las autoridades ucranianas –en lugares de detención no oficiales, entre ellos varios casos de desaparición forzada– y nueve casos de detención arbitraria prolongada de civiles por parte de los separatistas respaldados por Rusia. La mayoría de los casos descritos con detalle en el informe son de 2015 y el primer semestre de 2016.

“Las personas que están siendo secuestradas y escondidas en el este de Ucrania por los bandos enfrentados están a merced de sus captores”, ha afirmado Tanya Lokshina, directora general de investigación de Human Rights Watch para Europa y Asia Central. “En ningún caso es legal ni está justificado secuestrar a personas en la calle, privarlas de todo contacto con familiares y abogados y someterlas a golpes y otros abusos".

“La tortura y la detención secreta no son prácticas tradicionales en Ucrania; tampoco desconocidas. Están teniendo lugar ahora mismo, en ambos lados del conflicto”, ha afirmado Denis Krivosheev, director de Investigación de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central. “Los países que ofrecen apoyo –a uno u otro bando– lo saben muy bien. No deben seguir cerrando los ojos ante estos abusos abominables".

Desapariciones forzadas, tortura

Las autoridades ucranianas y los grupos paramilitares afines a Kiev han detenido a civiles sospechosos de apoyar a los separatistas prorrusos o actuar junto a ellos, mientras que las fuerzas separatistas han detenido a civiles que presuntamente apoyaban al Gobierno ucraniano o espiaban para él, según las conclusiones de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

En el caso particular de “Vadim”, de 39 años, primero fue detenido y torturado por un bando y, más tarde, por el otro. En abril de 2015, hombres armados lo secuestraron en un puesto de control atendido por las fuerzas ucranianas, le metieron la cabeza dentro de una bolsa y lo interrogaron sobre sus presuntas conexiones con separatistas apoyados por Rusia. Vadim pasó más de seis semanas en cautividad, la mayor parte del tiempo en un centro que, al parecer, estaba dirigido por personal del Servicio de Seguridad de Ucrania. Sus interrogadores lo torturaron con descargas eléctricas, lo quemaron con cigarrillos y lo golpearon, reclamándole que confesara que trabajaba para los separatistas apoyados por Rusia.

Cuando finalmente fue liberado, Vadim regresó a Donetsk e inmediatamente fue detenido por las autoridades locales de facto, que sospechaban que había sido reclutado por el Servicio de Seguridad ucraniano durante su cautividad. Estuvo más de dos meses detenido en régimen de incomunicación en una cárcel no oficial en el centro de Donetsk, donde también fue golpeado y sometido a otros malos tratos por sus captores.

Torturar a detenidos está siempre prohibido y es siempre un delito, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Tanto las autoridades ucranianas como las autoridades separatistas de facto deben garantizar que todas las fuerzas bajo su control son bien conscientes de esto y afirmar inequívocamente que no se tolerarán los malos tratos a detenidos.

En algunos casos, las detenciones fueron equivalentes a desaparición forzada porque las autoridades negaron tener conocimiento de la detención de la persona o se negaron a facilitar a la familia información sobre su suerte o paradero. La mayoría de las personas detenidas sufrieron tortura u otros malos tratos. Se privó de asistencia médica a varias que resultaron heridas bajo custodia.

En prácticamente todos los casos de los 18 investigados, la liberación de los civiles detenidos fue objeto de negociación en algún momento por parte del bando que los tenía bajo su custodia en el contexto de canjes de prisioneros. Esto da pie a temer seriamente que ambos bandos estén deteniendo a civiles para tener “moneda de cambio” en caso de hacer intercambios de prisioneros, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Tales detenciones constituirían toma de rehenes, que es un crimen de guerra.

Centros de detención secreta del Servicio de Seguridad ucraniano

En tres de los casos de desaparición forzada en territorio controlado por el Gobierno, las víctimas dijeron que el Servicio de Seguridad ucraniano las había mantenido en detención no reconocida durante periodos que variaban entre seis semanas y 15 meses. Una persona fue liberada en un canje de prisioneros y las otras dos finalmente quedaron en libertad sin juicio.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch concluyeron que había habido personas en detención no reconocida e ilegítima en los centros del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov, Kramatorsk, Izium y Mariúpol. En un informe de la ONU publicado en junio de 2016 se señalaba también el complejo del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov como presunto lugar de detención no oficial.

Múltiples fuentes, incluidos detenidos recientemente liberados, han informado a Amnistía Internacional y Human Rights Watch de que al menos 16 personas podrían continuar en detención secreta en el centro del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov. En una carta dirigida a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el Servicio de Seguridad ucraniano aseguró que no dirigía otro centro de detención que su único centro oficial de detención provisional en Kiev y negó tener información relativa a los presuntos abusos del Servicio de Seguridad ucraniano documentados por los grupos de derechos humanos.

“Las acusaciones de detención secreta contra Ucrania son convincentes y graves y merecen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. El Gobierno ucraniano debe reconocer la verdad y los países que brindan apoyo internacional deben ser directos en sus llamamientos al fin de estas prácticas”, ha afirmado Krivosheev, de Amnistía Internacional.

Detención arbitraria en zonas controladas por los separatistas apoyados por Rusia

En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, las fuerzas de seguridad locales, que actúan sin medida ni control, han detenido arbitrariamente a civiles y, en algunos casos, los han torturado. Residentes de Donetsk y Luhansk describieron a sus respectivos Ministerios de Seguridad del Estado como los organismos más poderosos y temidos de las autoproclamadas repúblicas.

“Debido a que no existe el Estado de derecho en las zonas controladas por los separatistas, las personas detenidas se han visto privadas de sus derechos y básicamente indefensas”, ha afirmado Lokshina, de Human Rights Watch.

Las personas privadas de libertad por ambos bandos enfrentados en el este de Ucrania están protegidas por el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que prohíben inequívocamente la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos. Las normas internacionales disponen que se investiguen las denuncias de tortura y otros malos tratos y que, si las pruebas lo permiten, se procese a los responsables. Debe proporcionarse adecuadamente agua, alimentos, ropa, alojamiento y asistencia médica a las personas detenidas.

El Gobierno ucraniano y las autoridades de facto de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk deben poner fin de inmediato a las desapariciones forzadas y a la detención arbitraria en régimen de incomunicación, y debe adoptar políticas de tolerancia cero para acabar con la tortura y los malos tratos. Todas las partes del conflicto han de garantizar que todas las fuerzas bajo su control conocen las consecuencias de someter a las personas detenidas a abusos según el derecho internacional, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

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