Cada vez más Estados de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) están dando pasos positivos para reducir el uso y el alcance de la pena de muerte, con lo que generan un impulso hacia la abolición en una región históricamente asociada con un fuerte apoyo a esta pena cruel. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre. Los progresos realizados por muchos países ponen de manifiesto el aislamiento de Singapur como un caso anómalo en la región, mientras las ejecuciones en el mundo siguen limitadas a un reducido grupo de países.
A lo largo de los últimos 20 años, una oleada de reformas y disminuciones de las ejecuciones en los ahora 11 Estados miembros de la ASEAN ha modificado la imagen de la pena de muerte en la región, acercándola a los tres países plenamente abolicionistas en la ley (Camboya, Filipinas y Timor Oriental), según expone con detalle Amnistía Internacional en su nuevo informe, Changing Tides:Reform and resistance on the death penalty in ASEAN. Este mismo año, Indonesia cumplió 10 años sin ejecuciones, mientras que Malasia y Tailandia van camino de conseguir lo mismo en 2027 y 2028. Brunéi Darussalam y Laos también han mantenido una suspensión de las ejecuciones, y en los últimos decenios han impuesto pocas condenas a muerte. Sin embargo, Myanmar, Singapur y Vietnam se mantienen firmes en su utilización de la pena capital.
“El número de países de la ASEAN que lleva a cabo ejecuciones ha disminuido de forma continuada, y sólo Myanmar, Singapur y Vietnam han registrado ejecuciones en los últimos cinco años”, ha manifestado Joshua Ericsson, director ejecutivo de Amnistía Internacional Malasia.
“Este cambio subraya el creciente aislamiento de los Estados que siguen llevando a cabo ejecuciones y que justifican el mantenimiento de esta pena cruel como un medio de una eficacia excepcional para proteger la seguridad pública. Las reformas introducidas en la ASEAN demuestran que esa postura no es sostenible. Cuando se sitúan los derechos humanos en el centro de las respuestas de la justicia penal, los cimientos de la pena de muerte empiezan a resquebrajarse. Los Estados deben pasar de consolidar los periodos sin ejecuciones a establecer moratorias oficiales y, en última instancia, dictar su plena abolición en la ley”.
Singapur sigue en contra de las tendencias regionales
Singapur sigue siendo el único Estado miembro de la ASEAN del que se tiene constancia de que lleva a cabo ejecuciones regularmente y se opone abiertamente a una reforma sustancial, situando al país en la vía contraria a las tendencias mundiales y regionales más amplias hacia la restricción y la abolición. Hasta el 30 de septiembre de 2026, las autoridades han llevado a cabo 19 ejecuciones en lo que va de año, todas ellas por delitos de drogas; esta cifra supera ya las 17 ejecuciones registradas en 2025 y duplica con creces las nueve registradas en 2024. Amnistía Internacional ha seguido documentando condenas a muerte preceptivas, la mayoría impuestas por tráfico de drogas y basadas en procedimientos injustos, lo que convierte las ejecuciones en ilegítimas y arbitrarias en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Resulta alarmante el hecho de que las autoridades hayan intensificado sus esfuerzos por atacar y silenciar a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que llevan a cabo campañas contra la pena de muerte.
En lo que constituye un importante retroceso, las autoridades militares de Myanmar reanudaron las ejecuciones judiciales tras procedimientos flagrantemente injustos en 2022, después de más de 30 años sin llevar a cabo ninguna, y luego ampliaron el alcance de la pena de muerte en 2025 y 2026. En Vietnam, aunque la cifra oficial de ejecuciones sigue siendo secreto de Estado y resulta difícil confirmarla, las autoridades han impulsado reformas que se espera que reduzcan el número de delitos capitales de 18 a cuatro en poco más de un año.
Tendencias cambiantes hacia la abolición
Varios países de la ASEAN han implementado reformas significativas, como limitar el alcance de los delitos capitales, eliminar las condenas a muerte preceptivas y aplicar procesos de revisión de condenas o de nueva imposición de penas, así como nuevos compromisos políticos para revisar o reducir el uso de esta pena cruel.
“Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam encabezan la nueva oleada de reformas a medida que siguen reduciendo el alcance de la pena de muerte”, ha manifestado Joshua Ericsson. “Si el cambio de tendencia continúa, veremos una importante disminución en el número de personas condenadas a muerte o en espera de ejecución”.
Tailandia ha reducido las circunstancias en las que se puede imponer la pena de muerte por delitos de drogas en virtud de su ley de control de drogas de 2021. En Malasia, recientemente se han introducido reformas legislativas que han transformado sustancialmente el marco de aplicación de la pena de muerte en el país y han dado lugar a una reducción del número de personas condenadas a muerte: de más de 1.200 a aproximadamente 100 a final de 2025. En Indonesia, un nuevo Código Penal clasifica la pena de muerte como una “pena especial” que se aplicará como último recurso, mientras que en Vietnam está previsto que el número de delitos capitales se reduzca de 18 a cuatro en poco más de un año.
La pena de muerte para delitos relacionados con las drogas sigue en vigor
A pesar de los progresos realizados, tanto las salvaguardias internacionales como las restricciones al uso de la pena de muerte se han violado frecuentemente en nombre de la denominada “guerra contra las drogas”.
“La pena de muerte por delitos relacionados con las drogas sigue en vigor en los ocho Estados miembros de la ASEAN que aún mantienen esta pena cruel, y eso constituye una violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos”, ha manifestado Joshua Ericsson. “Singapur sigue siendo un caso anómalo en la región, como el único país de la ASEAN en el que hemos podido confirmar ejecuciones por delitos de drogas y en el que se siguen imponiendo condenas a muerte preceptivas por narcotráfico”.
En 2025, en Vietnam hubo una reforma legal que eliminó la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos el transporte de drogas. Se espera que se introduzcan nuevos cambios legislativos que reduzcan aún más el número de delitos capitales: los reducirían a cuatro, uno de los cuales es la producción de drogas. Tailandia redujo las circunstancias en las que esta pena cruel puede aplicarse a delitos relacionados con las drogas. En Malasia, tras la abolición en 2023 de la pena de muerte preceptiva, las condenas a muerte relacionadas con las drogas impuestas por los tribunales superiores se han conmutado en apelación.
La percepción de la pena de muerte está cambiando
A lo largo de los últimos 20 años se han realizado importantes progresos en los países de la ASEAN, lo que ha aumentado la brecha entre los países que llevan a cabo ejecuciones y los que avanzan hacia la abolición.
“Está claro que la manera en que se utiliza la pena de muerte está cambiando lenta pero inexorablemente en la región. Es evidente que la abolición está cobrando impulso a medida que aumenta la preocupación por la dignidad humana y el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Joshua Ericsson.
“Ya es hora de encontrar la manera de convertir este cambiante discurso en medidas concretas para garantizar la abolición completa y sin demora de este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN que aún mantienen la pena de muerte que establezcan de inmediato, o mantengan, una moratoria oficial de las ejecuciones, y tomen medidas urgentes para abolir por completo esta pena cruel. Mientras se produce la abolición completa, los Estados deben eliminar la pena de muerte para delitos de drogas, respetar el derecho a un juicio justo y eliminar todas las leyes y políticas que den lugar a la aplicación discriminatoria de la pena capital.
“La pena de muerte sigue siendo el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, pero la abolición en toda la región es posible si nos mantenemos firmes frente a los pocos países aislados que mantienen esta práctica”, ha declarado Joshua Ericsson. “Millones de personas en todo el mundo hacen campaña todos los años contra la pena de muerte, y demuestran así el auténtico poder de la humanidad. Amnistía Internacional seguirá pidiendo que se ponga fin a esta pena cruel hasta que el mundo quede libre de las sombras de los patíbulos”.
Notas para periodistas
Los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) son Brunéi Darussalam, Camboya, Indonesia, Filipinas, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.
El 24º Día Mundial contra la Pena de Muerte, un día global de activismo contra esta pena cruel que se celebra el 10 de octubre de 2026, brinda una excelente oportunidad para la reflexión y la movilización. El Día Mundial contra la Pena de Muerte es una iniciativa coordinada todos los años por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la que Amnistía Internacional es miembro fundador.
El número total de países de los que se tiene constancia que llevaron a cabo ejecuciones en 2025 (17) siguió en consonancia con los bajos totales anuales registrados desde 2018, de 20 países o menos.
Los y las activistas de Amnistía Internacional en muchos países se movilizarán contra la pena de muerte, entre otras cosas uniendo sus fuerzas para pedir al gobernador de California, Gavin Newsom, que conmute todas las condenas a muerte en ese estado estadounidense, y destacando el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad intelectual y grave discapacidad psicosocial (mental) en Japón.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.
