“El Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar su embargo de armas al territorio de Sudán del Sur, dada la inacción del Estado para garantizar la rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con el conflicto y proteger a sobrevivientes, testigos y actores judiciales”, afirma hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe, titulado “If you don’t cooperate, I’ll gun you down”: conflict-related sexual violence and impunity in South Sudan, revela que continúa en el país la violencia sexual relacionada con el conflicto y que las armas de fuego pueden facilitarla. También revela que aún no se han implementados del todo dos apartados de un plan de acción elaborado para abordar este tipo de violencia en el país y adoptado por el gobierno en enero de 2021.
El 28 de mayo de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el embargo de armas al territorio de Sudán del Sur que había impuesto por primera vez en 2018 e identificó la implementación del plan de acción de 2021 como uno de los cinco parámetros de referencia respecto a los cuales se revisaría el embargo en mayo de 2022.
“Amnistía Internacional ha documentado más de una docena de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en los últimos años, entre los que se incluyen mujeres violadas a punta de pistola. Por tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar su embargo de armas al territorio de Sudán del Sur”, dijo Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
“Nuestro nuevo informe pone de relieve la necesidad urgente de que se abran investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos crímenes. Los perpetradores de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto deben responder ante la justicia y debe acabarse la impunidad generalizada por estos delitos”.
Según los relatos que personas sobrevivientes de este tipo de violencia han referido a Amnistía Internacional, las violaciones las han perpetrado muy diversos tipos de individuos, entre los que figuraban soldados gubernamentales, un miembro del Servicio de Seguridad Nacional (NSS), miembros del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) —principal grupo armado de oposición—, miembros del Frente de Salvación Nacional (NAS) —grupo armado no estatal que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2018—, hombres armados, “rebeldes” y hombres desarmados, incluidos adolescentes.
Tres de estas personas dijeron que habían sido secuestradas y obligadas a hacer trabajos forzados o usadas como esclavas sexuales entre dos y cuatro años. Tres sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que habían dado a luz tras ser violadas.
Angelina* dijo a Amnistía Internacional que, una noche de febrero de 2022, llegaron a su casa unos soldados gubernamentales que le ordenaron que saliera. Cuando salió, la violaron.
“Cuando terminó el primero, empezó el segundo. Cuando acabó el segundo, volvió el primero”
La violencia sexual relacionada con los conflictos suele denunciarse poco, sobre todo cuando los sobrevivientes son hombres. Jacqueline*, sobreviviente de violencia sexual relacionada con los conflictos, dijo que había visto a unos hombres armados violar a su vecino a finales de 2018. Contó: “Lo desnudaron, [le dijeron] que se agachara. Cuando se arrodilló, empezaron a violarlo por detrás”. Según Jacqueline, posteriormente el hombre se ahorcó.
“Las autoridades sursudanesas deben abordar urgentemente estos casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Su respuesta debe basarse en las necesidades médicas, psicológicas y socioeconómicas de las personas sobrevivientes. También debe abordar las causas fundamentales de la violencia e incluir a las personas sobrevivientes en la toma de decisiones sobre los asuntos que las afectan”, dijo Deprose Muchena.
Violaciones a punta de pistola
Nueve personas sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto dijeron a Amnistía Internacional que los perpetradores las habían violado a punta de pistola y las habían amenazado con matarlas con sus armas a ellas o a sus familiares si no obedecían. Gloria*, que fue violada a punta de pistola en 2016, dijo que se había encontrado con cinco hombres armados: “El soldado me dijo […] elige […] si tengo una relación sexual contigo o te mato a ti y a todos tus hijos”.
En otro incidente documentado por Amnistía Internacional, Elizabeth*, sobreviviente de violencia relacionada con el conflicto, dijo que unos soldados gubernamentales habían disparado a su esposo después de haberlo obligado a ver cómo la violaban. Contó que la habían violado siete soldados gubernamentales armados en 2019.
Las personas que defienden los derechos humanos en Sudán del Sur apoyan la renovación del embargo de armas como medida para reducir las violaciones de derechos humanos y los abusos, incluidos las violaciones y los homicidios de civiles. Una defensora de los derechos humanos dijo: “Cuantas más armas tengan [los sursudaneses], más violaciones ... la pistola es su fuerza para violar mujeres”.
Continúa la impunidad por actos atroces de violencia sexual
A pesar de que la ONU, Amnistía Internacional y otras entidades han documentado centenares de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto en el último decenio, el enjuiciamiento de presuntos autores sigue siendo poco habitual y prevalece la impunidad. Desde enero de 2020, sólo un puñado de casos de violencia sexual relacionada con el conflicto contra civiles cometidos por agentes de seguridad del Estado han llegado a juicio ante tribunales militares o civiles, lo que no es más que la punta del iceberg de la escala de los casos. Hasta la fecha, ningún presunto perpetrador de este tipo de violencia ha sido acusado formalmente de crímenes de guerra o de tortura. Sudán del Sur no ha incluido los crímenes de derecho internacional en su marco jurídico.
Amnistía Internacional se opone al uso de tribunales militares sursudaneses para abordar violaciones graves de derechos humanos contra civiles porque no cumplen las normas de imparcialidad procesal. Carecen de independencia, en parte porque el presidente tiene derecho de veto sobre los veredictos y condenas impuestas por los consejos de guerra.
La organización pide a las autoridades sursudanesas que establezcan el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur que prometieron crear en los acuerdos de paz de 2015 y 2018. También pide al gobierno que suspenda a todos los mandos sobre quienes existan sospechas razonables de haber ordenado, cometido o facilitado violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos actos de violencia sexual, hasta que se lleve a cabo una investigación efectiva, independiente e imparcial.
“Suspender a los mandos sospechosos de haber perpetrado actos violencia sexual es un paso vital para cambiar actitudes. Sin embargo, para garantizar un cambio de conducta de los soldados gubernamentales y de los grupos armados y que se hace la justicia, las autoridades sursudanesas deben investigar todos los actos de violencia sexual relacionada con el conflicto y enjuiciar a los presuntos perpetradores, incluidos quienes dan las órdenes”, concluyó Deprose Muchena.
Información complementaria
Amnistía Internacional llevó a cabo su investigación en el contexto de combates entre las fuerzas gubernamentales y el Frente de Salvación Nacional en el estado de Ecuatoria Central en febrero y marzo de 2022. Durante este periodo, la organización recibió más denuncias de violencia sexual relacionada con el conflicto, pero decidió no entrevistar a las mujeres porque éstas no habían recibido aún ayuda psicológica.
En 2014, el secretario general de la ONU citó al ejército de Sudán del Sur, el SPLM-IO, la policía y otros grupos armados en su informe anual sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos como partes sospechosas de cometer, o ser responsables de, pautas de violencia sexual en situaciones de conflicto incluidas en el programa de trabajo del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto puso en marcha un proceso que culminó en enero de 2021 con la adopción del Plan de Acción para las Fuerzas Armadas con el fin de abordar la violencia sexual relacionada con el conflicto en Sudán del Sur.
En 2019, las investigaciones de Amnistía Internacional concluyeron que, desde el comienzo de la guerra en 2013, el gobierno no había investigado ni enjuiciado a presuntos perpetradores de crímenes relacionados con el conflicto cometidos contra civiles, incluida la violencia sexual relacionada con el conflicto, lo que había permitido que floreciera la impunidad.
