Madrid.- En el día internacional del migrante, Amnistía Internacional lanza una ciberacción “SOS Europa” para denunciar las políticas migratorias y su impacto en los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente en relación a las políticas de detención, control de fronteras y acuerdos migratorios de cooperación entre países del sur de Europa y norte de Africa. La ciberacción está accesible en: www.actuaconamnistia.org
Amnistía Internacional pide a las instituciones europeas, a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y a aquellos Estados que participan en las políticas de control fronterizo en Europa que:
- rindan cuentas de las medidas adoptadas para prevenir las muertes en el mar
- hagan públicos los acuerdos sobre control de la migración
- establezcan mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas dentro de sus políticas y prácticas migratorias
- y se abstengan de realizar o sostener acuerdos de control migratorio con un país que no puede demostrar que no respeta y protege los derechos humanos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, o que carece que un sistema de asilo efectivo.
Durante el conflicto en Libia, Amnistía Internacional denunció que la OTAN no había rescatado a personas en situación de peligro en el mar, pese a que la principal justificación esgrimida para la intervención militar en ese país era evitar víctimas civiles.
Por su parte, Italia ha pasado por alto las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades libias. Los inmigrantes devueltos desde Italia han sufrido detenciones arbitrarias y prolongadas, palizas y otros abusos de derechos humanos en Libia. A pesar de esto, las autoridades italianas han firmado acuerdos con Libia sin transparencia y sin garantías de que los derechos de las personas devueltas a este país no sean violados.
Amnistía Internacional también ha denunciado casos como la operación conjunta realizada en septiembre de 2012 entre Marruecos y España, para expulsar a los migrantes que habían llegado a la Isla de Tierra, al tratarse de expulsiones colectivas, prohibidas por los tratados internacionales -artículo 4 del Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos-, que obligan a los Estados a garantizar que las personas tienen la oportunidad de contar con un procedimiento individual en el que puedan oponerse o impugnar su expulsión.
Dentro de Europa, también peligran los derechos de las personas migrantes La organización ha reiterado en numerosas ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las fronteras de la Unión Europea contra personas migrantes: criminalización, detención indiscriminada, discriminación en el acceso a servicios y restricción de sus derechos económicos, sociales y culturales.
En Chipre, las personas migrantes permanecen recluidas durante meses, incluso durante años, a menudo en condiciones deficientes, sin acceso a atención médica adecuada, y sin poder impugnar la legalidad de su detención debido a la precariedad de la asistencia letrada gratuita. En muchos casos, las autoridades chipriotas se niegan a poner en libertad a personas detenidas aun en el caso de que el Tribunal Supremo ordene su liberación.
En Grecia, Amnistía Internacional ha documentado el trato que reciben las personas migrantes, muchas de las cuales están recluidas en condiciones precarias en puestos fronterizos y centros de detención específicos con acceso limitado o inexistente a asistencia jurídica, social y médica. También han sufrido ataques con componente racista.
Varios países europeos han seguido expulsando a personas migrantes contraviniendo obligaciones internacionales de derechos humanos.
En Italia, Amnistía Internacional ha denunciado la grave explotación de que son objeto los trabajadores migrantes de África subsahariana, el norte de África y Asia que realizan trabajos no cualificados, a menudo temporales o de temporada y principalmente en el sector agrícola. La explotación es práctica generalizada en todo el país.
España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, también ha apostado por políticas cada vez más restrictivas en relación a la protección internacional de las personas migrantes, dando la espalda a sus obligaciones de derechos humanos. Organizaciones locales han denunciado que se siguen produciendo controles de identidad discriminatorios a personas migrantes, a pesar de que las autoridades dictaron instrucciones para prohibirlos. Además, la restricción del acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo muy vulnerable, incluso podría poner en peligro su derecho a la vida.
