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Siete años de prisión y 600 latigazos para el fundador de un foro online

Raif Badawi, condenado a 7 años de prisión y 600 latigazos por fundar un foro online. © Private

La condena dictada el lunes contra el escritor y activista Raif Badawi –siete años de prisión y 600 latigazos– por expresar pacíficamente sus ideas es una afrenta a la justicia y una atroz violación de las obligaciones contraídas por Arabia Saudí en materia de derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La flagelación es un castigo corporal que viola la prohibición, establecida en el derecho internacional, de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional condena enérgicamente la constante represión que las autoridades saudíes ejercen sobre la libertad de expresión, y las numerosas condenas dictadas contra activistas de derechos humanos en el país en lo que va de 2013. La organización considera que Raif Badawi y todas las demás personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión son presos de conciencia y pide su libertad inmediata e incondicional.

El 29 de julio, un tribunal penal de Yidda, en el oeste de Arabia Saudí, declaró a Raif Badawi culpable de, entre otras cosas, crear y mantener un foro online –Saudi Arabian Liberals–, en el que se publicaban comentarios anónimos considerados ofensivos hacia el Islam por las autoridades religiosas. Raif Badawi fue declarado culpable asimismo de insultar a los símbolos religiosos en sus publicaciones en Twitter y Facebook, y de criticar a la “Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio” (conocida también como policía religiosa) y a las autoridades que se oponían a incluir mujeres en el Consejo de la Shura. El juez ordenó también el cierre del foro online.

El enjuiciamiento y la condena de Raif Badawi por expresar sus opiniones, entre ellas sus dudas sobre la interpretación oficial de la religión y las prácticas religiosas, es el episodio más reciente de un intento creciente de las autoridades saudíes de impedir toda forma de libertad de expresión.

Durante 2013, las autoridades saudíes han acosado, intimidado, detenido o condenado a más de una decena de destacados activistas de derechos humanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. El día que Raif Badawi fue condenado, su abogado, Waleed Abu al Khair, destacado defensor de los derechos humanos, compareció ante el tribunal para la sesión número 13 de su juicio –que dura ya 20 meses– por ridiculizar el sistema judicial saudí.

Tan sólo en junio, las autoridades saudíes condenaron al menos a 11 personas a penas de prisión por manifestar sus opiniones en la web. El 24 de junio, el Tribunal Penal Especial de Dammam condenó a siete hombres a entre cinco y diez años de prisión por publicar en Facebook comentarios en apoyo a un clérigo musulmán saudí detenido en la Provincia Oriental del país, en la que las manifestaciones celebradas se han reprimido haciendo uso de fuerza excesiva.

Ese mismo día, las autoridades condenaron y encarcelaron al Dr. Abdulkareem Yousef al Khoder, catedrático de Jurisprudencia Islámica y cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, a ocho años de prisión y 10 años de prohibición de viajar por cargos imprecisos como desobedecer al gobernante, incitar al desorden convocando manifestaciones, dañar la imagen del Estado difundiendo información falsa a grupos extranjeros y participar en la fundación de una organización no autorizada. Anteriormente, en marzo, las autoridades condenaron a otros dos cofundadores de la Asociación y defensores de los derechos humanos, el Dr. Abdullah bin Hamid bin Ali al Hamid y el Dr. Mohammad bin Fahad bin Muflih al Qahtani, a penas de entre cinco y diez años de prisión y a prohibiciones de viajar de la misma duración por cargos igual de imprecisos.

Una semana antes, el 17 de junio, el Tribunal Penal Especial de Yidda condenó a un destacado activista de derechos humanos, Mikhlif bin Daham al Shammari, a cinco años de prisión seguidos de 10 años de prohibición de viajar por su activismo pacífico de derechos humanos. También en junio, las autoridades condenaron a dos destacadas activistas de los derechos de las mujeres, Wajeha al Huwaider y Fawzia al Oyouni, a 10 meses de prisión por tratar de ayudar a una mujer de la que las autoridades consideraban que desafiaba a su esposo.

Además de tomar medidas represivas contra activistas y organizaciones, las autoridades saudíes han tratado de eliminar la presencia online y las cuentas en redes sociales de activistas y organizaciones, como han hecho con el sitio web de Raif Badawi, Saudi Arabian Liberals. El mismo día que se desmanteló la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, se ordenó el cierre de las cuentas de la Asociación en las redes sociales. También se ha ordenado a decenas de hombres y mujeres detenidos durante manifestaciones en los últimos meses que cancelen sus cuentas en redes sociales, y se los ha amenazado con largas penas de prisión si hablan públicamente de sus casos o utilizan Internet para realizar activismo público.

El hecho de que se haya detenido y condenado a activistas sobre la base del contenido de sus publicaciones en Twitter o Facebook sugiere que las autoridades están vigilando estrechamente los espacios públicos en la web. A algunos activistas se les ha acusado de “delitos” tales como ponerse en contacto con grupos extranjeros –en muchos casos, organizaciones internacionales de derechos humanos– o guardar y compartir información en Internet.

Las autoridades también han tomado medidas para vigilar y controlar el software cifrado de redes sociales como Viber, Skype y Whatsapp. En marzo, se filtró una carta “confidencial y urgente” de la Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información saudí que pedía a los proveedores de Internet que tomaran “todas las medidas necesarias para ejercer un control de seguridad sobre las comunicaciones”. En otra carta “confidencial y urgente” posterior, la Comisión pedía que todos los proveedores informaran a las autoridades sobre los progresos realizados en la vigilancia de las aplicaciones de redes sociales y que, en ausencia de progresos, notificaran a la Comisión su capacidad técnica de cerrar esas aplicaciones. Poco después, Viber anunció que se habían bloqueado sus servicios en Arabia Saudí, aunque se restauraron unos días después.