Se ha hallado más evidencia de tortura y malos tratos en Guadalajara

Amnistía Internacional constata la nula voluntad de las autoridades estatales de investigar gravísimas alegaciones  de tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos. Los abusos fueron cometidos por parte de diferentes cuerpos policiales en el estado de Jalisco durante las manifestaciones del 28 de mayo del 2004 en Guadalajara en el contexto de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe y la Unión Europea. En su visita a Guadalajara, Amnistía Internacional ha recibido información sobre al menos diez prácticas de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de decenas de detenidos durante las manifestaciones en las instalaciones de la Seguridad Pública del Estado de Jalisco y dos dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Entre estas denuncias se encuentran la aplicación de métodos de asfixia con una bolsa en la cabeza, privación de sueño, golpes con toletes o sillas metálicas, la obligación de hacer repetidas flexiones (lagartijas), a desnudarse, a permanecer inmovilizados además de no tener acceso a comida y agua durante al menos las primeras 48 horas de detención. Los delegados de Amnistía Internacional declararon que “el estado de derecho no existió como tal durante los primeros días de detención”. Los delegados de Amnistía Internacional lograron confirmar la gravedad de las denuncias de abusos y la evidente falta de acción por parte de las autoridades del estado. En estas circunstancias intolerables, la organización pide una intervención decisiva del gobierno federal que asegure el final de la impunidad en este caso. “El gobierno federal está obligado a prevenir que las autoridades locales cometan o toleren violaciones de derechos humanos como la tortura”, dijo Amnistía Internacional. “Además, la presencia de diferentes corporaciones federales de seguridad en Guadalajara el 28 de mayo 2004 para la Cumbre, también significa que el gobierno no debería lavarse las manos este caso.” Además, la organización destacó ante las autoridades de Jalisco las denuncias recibidas de las declaraciones obtenidas bajo coacción y tortura. Los delegados expresaron su preocupación porque estas declaraciones, en su mayor parte autoinculpatorias, fueron admitidas por los jueces, sin ser investigadas, para consignar a los detenidos, lo cual es una clara violación de los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano que prohíben como prueba cualquier declaración obtenida bajo tortura. Amnistía Internacional reiteró la dificultad de los cuerpos de policía para mantener el orden público en circunstancias difíciles como las que existieron el 28 de mayo, en las que al menos 13 agentes estatales y municipales fueron heridos presuntamente por manifestantes violentos. Sin embargo, la organización ha recibido información de algunos manifestantes que fueron golpeados mientras estaban inmovilizados en el suelo, lo que podría indicar un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales. Durante la visita, la organización pidió nuevamente a las autoridades estatales que garantizara una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata sobre los hechos del 28 de mayo y los días siguientes y que los resultados se hagan públicos. Además, pidió que cumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitidas en 2004. Información de fondo Más de 100 personas fueron detenidas el 28 de mayo del 2004, y 49 de ellas (de los cuales cuatro fueron menores) fueron procesadas por varios delitos incluyendo pandillerismo, motín y robo, entre otros. Hasta la fecha se han dado varias sentencias condenatorias y al menos una absolución. Dos personas continúan recluidas en el penal. Los demás procesos continúan abiertos. Durante la visita, la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con personas procesadas, organizaciones de derechos humanos, abogados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Procurador General de Justicia del Estado, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, el Secretario de Gobierno y regidores del ayuntamiento de Guadalajara.