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Se deben examinar los aspectos del nuevo Código Penal que son motivo de preocupación

En los últimos días, diversas asociaciones de prensa de Turquía han expresado su preocupación por el nuevo Código Penal que entrará en vigor el 1 de abril. Instituciones profesionales como el Consejo de Prensa y la Sociedad de Periodistas de Turquía han pedido al gobierno que examine con urgencia la nueva legislación, pues temen que restringa la libertad de prensa. El ministro de Justicia, Cemil Cicek, ha manifestado que es posible que el gobierno realice tal examen. Amnistía Internacional comparte este temor e insta al gobierno a tomar nuevas medidas para adaptar la legislación turca al derecho internacional de derechos humanos y a las normas internacionales relativas a la libertad de expresión. 

 

Aunque el nuevo Código Penal introduce muchos cambios positivos –en especial la eliminación de los artículos que hacen posible la discriminación basada en el género–, contienen aún numerosas restricciones de derechos fundamentales. Algunas disposiciones que las autoridades utilizaban anteriormente para infringir las normas internacionales relativas a la libertad de expresión se han mantenido. Por ejemplo, el artículo 159 de la legislación actual, que trata como delito los actos que “ofendan o denigren” a diversas instituciones del Estado y cuya abolición Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente, reaparece en el artículo 301 del nuevo Código Penal, en el apartado “Delitos contra los símbolos de la soberanía del Estado y el honor de sus órganos” (artículos 299 - 301). Amnistía Internacional teme que este apartado pueda utilizarse para tratar como delito la expresión legitima de la disidencia y de las opiniones.

 

En otros casos se han creado nuevos artículos que parecen introducir nuevas restricciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 305 del nuevo Código Penal trata como delito los “actos contra el interés nacional fundamental”. La explicación escrita adjunta al proyecto de ley presentado al Parlamento contenía a modo de ejemplos de delitos actos como “hacer propaganda en favor de la retirada de los soldados turcos de Chipre o de la aceptación de una solución de esta cuestión perjudicial para Turquía [...] o, en contra de la verdad histórica, de que los armenios sufrieron un genocidio después de la Primera Guerra Mundial”. Amnistía Internacional considera que la imposición de una pena por declaraciones de este tipo, salvo en el caso de que se hagan con la intención de incitar a la violencia inminente o de que exista la posibilidad de que inciten a ella, constituye una clara violación de las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.

 

Muchas de las disposiciones de la nueva legislación prevén condenas superiores si el “delito” se ha perpetrado por medio de la prensa y hacen posible que se impongan penas de privación de libertad a los periodistas. El presidente del Consejo de Prensa, Oktay Eksi, ha calificado la nueva legislación de “lamentable retroceso desde el punto de la libertad de expresión y de prensa”.

 

Información complementaria

El gobierno presentó el nuevo Código Penal como si se tratara de una legislación menos restrictiva y más democrática, y el Parlamento lo aprobó apresuradamente en septiembre de 2004 debido a la presión de la Unión Europea. Esta presión parece haber sido causa de que no se haya consultado debidamente con miembros de la sociedad civil como la prensa y los grupos de derechos humanos y es posible que haya contribuido a los problemas que continúa planteando la legislación.

 

Amnistía Internacional considera también motivo de preocupación otros aspectos del nuevo Código Penal no relacionados con la libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 122 del proyecto de Código Penal, que prohíbe la discriminación en razón del “idioma, raza, color, género, ideas políticas, creencias filosóficas, religión, confesión y otros motivos” fue modificado en el último momento a fin de eliminar del proyecto la “orientación sexual”. Amnistía Internacional  teme, por tanto, que la nueva legislación no considere delito la discriminación basada en la sexualidad.

 

Asimismo, a la organización le preocupa que se apliquen todavía leyes de prescripción en los juicios de personas acusadas de tortura. Aunque la nueva legislación ha aumentado el periodo de prescripción, los juicios de presuntos torturadores se retrasan a menudo deliberadamente y no cabe aplicar, por tanto, esta disposición, con lo que se contribuye a generar un clima de impunidad. Teniendo en cuenta la frecuencia con que ocurre esto y la condición de la prohibición de la  tortura como norma imperativa del derecho internacional general, Amnistía Internacional considera que no debe haber leyes de prescripción en el caso del delito de tortura. 

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