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Se debe dejar de usar el "terrorismo" como pretexto para encarcelar a periodistas

El periodista Ali Anouzla está en peligro de ser condenado hasta a 20 años de cárcel por informar sobre un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. © ABDELHAK SENNA / AFP / Getty Images

El uso que las autoridades marroquíes hacen de la legislación antiterrorista para procesar y encarcelar a periodistas constituye un serio revés para la libertad de expresión y la independencia editorial, ha dicho hoy Amnistía Internacional, al denunciar los casos de dos hombres a quienes recientemente se les ha aplicado esa ley.

Ayer, las autoridades volvieron a aplazar la audiencia que habían fijado para hoy de Ali Anouzla, quien podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de prisión por informar sobre un vídeo del grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico. Entretanto, otro periodista marroquí, Mustapha El Hasnaoui, se declaró en huelga de hambre en prisión hace cinco días para protestar por los tres años de cárcel que se le impusieron por cargos de terrorismo por mantener presuntos contactos con personas que combaten a las fuerzas gubernamentales en Siria.

“Aplicar la legislación antiterrorista como pretexto para castigar a periodistas a causa de su actividad informativa supone un serio revés a la libertad de expresión en Marruecos”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

El aplazamiento de la vista de la audiencia de Ali Anouzla para el 20 de mayo con el juez instructor en las dependencias auxiliares de Salé del Tribunal de Apelación, al norte de la capital, Rabat, no es sino el último episodio de la larga serie de demoras acaecidas desde que las autoridades empezaron a investigar el año pasado el trabajo de este periodista.

Las autoridades marroquíes tienen que poner fin a esta farsa procesal contra Ali Anouzla y retirar todos los cargos de terrorismo que se han presentado en su contra. En el caso del periodista Mustapha El Hasnaoui, instamos a las autoridades que se limiten a cumplir la recomendación formulada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que ha pedido su puesta en libertad inmediata e incondicional, y que se le indemnización adecuadamente por los 10 meses que lleva ya privado de libertad”, ha señalado Philip Luther.

Ali Anouzla compareció fue procesado en septiembre de 2013, poco después de que en el sitio web que él mismo fundó, Lakome.com, se criticara como “propaganda” un vídeo de Al Qaeda en el Magreb Islámico. Amnistía Internacional teme que su enjuiciamiento se haya producido como castigo por su independencia editorial y las críticas vertidas contra las autoridades.

Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia durante el mes y medio largo que estuvo recluido tras su detención el pasado septiembre. Posteriormente quedó en libertad bajo fianza, pero sigue estando sometido a investigación. Entretanto, el sitio web Lakome.com sigue censurado por las autoridades.

Las autoridades marroquíes también han obstaculizado recientemente el registro oficial de Freedom Now, una nueva organización no gubernamental para la defensa de la libertad de prensa creada por defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, entre ellos Ali Anouzla. Otros grupos de derechos humanos de Marruecos y el Sáhara Occidental han tenido que hacer frente a bloqueos similares de sus actividades por parte de las autoridades locales, en flagrante contravención de las leyes nacionales de Marruecos y de las obligaciones internacionales que el país tiene contraídas en materia de derechos humanos.  

 

Periodista encarcelado se declara en huelga de hambre

Otro periodista, Mustapha El Hasnaoui, se encuentra actualmente en huelga de hambre en la prisión de Kenitra, a 50 kilómetros al norte de Rabat, donde cumple una condena de tres años de cárcel que le fue impuesta en aplicación de la legislación antiterrorista de Marruecos.

A pesar de no haber sido acusado de ningún delito específico de carácter violento, en julio de 2013 fue condenado porque presuntamente no había denunciado a personas de quienes se sospechaba que podrían estar cometiendo actos terroristas en Siria, así como de pertenencia a un grupo terrorista con esas mismas personas. Lo declararon culpable en un juicio sin garantías en el que la única prueba presentada en su contra fue el informe policial de su interrogatorio, que firmó sin leer, y del que posteriormente se retractó ante el tribunal.

Mustapha El Hasnaoui insiste en que sólo estableció contacto con personas que combatían contra las fuerzas gubernamentales en Siria en su calidad de periodista, y que los cargos presentados en su contra se fabricaron como represalia por haberse negado en repetidas ocasiones a las ofertas de ingreso en los servicios secretos marroquíes. En sus escritos ha criticado vehementemente las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las iniciativas "antiterroristas" de las autoridades marroquíes, y ha pedido reiteradamente que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre los atentados con explosivos en Marruecos desde 2003.

“En 2011, a los marroquíes se les prometió un nuevo Código de Prensa en el que se suprimiría la posibilidad de imponer penas de prisión a periodistas, promesa que los ciudadanos aún esperan que se cumpla. Entretanto, se sigue silenciando a todas las voces críticas”, ha declarado Philip Luther.

En aplicación del artículo 20 del Código de Prensa vigente en Marruecos, a los periodistas se les pueden imponer penas de prisión, incluso por publicar información que se considere que socava la monarquía o la integridad territorial del país, o que denigre al islam. Los periodistas, además, también pueden tener que hacer frente a sanciones similares si critican a funcionarios públicos y símbolos nacionales en aplicación del Código Penal. Asimismo, la legislación antiterrorista adoptada en 2003 conculca los derechos a la libertad de información y expresión, y tipifica como delitos (con una definición muy genérica) la apología, asistencia e incitación al terrorismo, aunque no supongan un riesgo real de actos violentos.

“Si las autoridades marroquíes quieren ser creíbles cuando afirman que respetan los derechos humanos, tienen que reformar estas leyes”, concluye Philip Luther.