Se debe dejar de usar el "terrorismo" como pretexto para encarcelar a periodistas
Otro periodista, Mustapha El Hasnaoui, se encuentra actualmente en huelga de hambre en la prisión de Kenitra, a 50 kilómetros al norte de Rabat, donde cumple una condena de tres años de cárcel que le fue impuesta en aplicación de la legislación antiterrorista de Marruecos. A pesar de no haber sido acusado de ningún delito específico de carácter violento, en julio de 2013 fue condenado porque presuntamente no había denunciado a personas de quienes se sospechaba que podrían estar cometiendo actos terroristas en Siria, así como de pertenencia a un grupo terrorista con esas mismas personas. Lo declararon culpable en un juicio sin garantías en el que la única prueba presentada en su contra fue el informe policial de su interrogatorio, que firmó sin leer, y del que posteriormente se retractó ante el tribunal. Mustapha El Hasnaoui insiste en que sólo estableció contacto con personas que combatían contra las fuerzas gubernamentales en Siria en su calidad de periodista, y que los cargos presentados en su contra se fabricaron como represalia por haberse negado en repetidas ocasiones a las ofertas de ingreso en los servicios secretos marroquíes. En sus escritos ha criticado vehementemente las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las iniciativas "antiterroristas" de las autoridades marroquíes, y ha pedido reiteradamente que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre los atentados con explosivos en Marruecos desde 2003. “En 2011, a los marroquíes se les prometió un nuevo Código de Prensa en el que se suprimiría la posibilidad de imponer penas de prisión a periodistas, promesa que los ciudadanos aún esperan que se cumpla. Entretanto, se sigue silenciando a todas las voces críticas”, ha declarado Philip Luther. En aplicación del artículo 20 del Código de Prensa vigente en Marruecos, a los periodistas se les pueden imponer penas de prisión, incluso por publicar información que se considere que socava la monarquía o la integridad territorial del país, o que denigre al islam. Los periodistas, además, también pueden tener que hacer frente a sanciones similares si critican a funcionarios públicos y símbolos nacionales en aplicación del Código Penal. Asimismo, la legislación antiterrorista adoptada en 2003 conculca los derechos a la libertad de información y expresión, y tipifica como delitos (con una definición muy genérica) la apología, asistencia e incitación al terrorismo, aunque no supongan un riesgo real de actos violentos. “Si las autoridades marroquíes quieren ser creíbles cuando afirman que respetan los derechos humanos, tienen que reformar estas leyes”, concluye Philip Luther.
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