Beirut.– El gobierno libanés debe adoptar medidas concretas para poner fin a todas las formas de discriminación contra refugiados palestinos y para proteger y hacer respetar sus derechos humanos íntegramente, según manifiesta Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha presentado en una conferencia de prensa celebrada hoy en Beirut.
Este nuevo informe, titulado Exilio y sufrimiento: Población palestina refugiada en Líbano, examina la amplia diversidad de restricciones que siguen afectando a la vida de cientos de miles de refugiados palestinos, 60 años después de que ellos, sus progenitores o los progenitores de éstos huyeran a Líbano durante los acontecimientos que rodearon la creación del Estado de Israel y la guerra árabe-israelí de 1948.
“Pedimos al gobierno de Líbano que adopte medidas inmediatas para eliminar toda forma de discriminación contra la población refugiada palestina, a fin de que pueda ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el resto de la población de Líbano –ha manifestado Amnistía Internacional–. La continuidad de las restricciones que impiden a los refugiados palestinos ejercer su derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a una vivienda adecuada carece por completo de justificación, por lo que se deben levantar tales restricciones sin mayor dilación.”
Más de la mitad de los 300.000 refugiados palestinos que hay en Líbano residen en 12 campos oficiales para población refugiada palestina. La extensión de terreno asignada a estos campos apenas ha variado desde 1948, a pesar de que la población ha experimentado un crecimiento notable. En algunos casos, familias de diez miembros comparten un solo habitáculo. Estas personas siguen privadas del derecho a una vivienda adecuada debido a unos niveles de habitabilidad inaceptables, restricciones sobre la propiedad de viviendas y, en los campos del sur de Líbano, restricciones excesivas sobre el derecho a reparar o mejorar sus casas. Amnistía Internacional ha documentado casos de refugiados palestinos que han sufrido intimidación, imposición de multas y detención simplemente por tratar de levantar una pared de ladrillos que protegiera su hogar de las inclemencias.
La población palestina sigue estando discriminada y marginada en el mercado laboral, lo que contribuye a unos altos índices de desempleo, salarios bajos y precarias condiciones de trabajo. Si bien las autoridades libanesas han levantado recientemente la prohibición que pesaba sobre 50 de los 70 tipos de trabajo reservados para ellos, los palestinos siguen encontrando obstáculos para conseguir empleo en alguno de ellos. Debido a la falta de perspectivas de conseguir un empleo adecuado, existe un alto índice de abandono de los estudios entre los escolares palestinos, que también tienen limitado el acceso a la enseñanza pública secundaria. La pobreza resultante se ve agravada por las restricciones impuestas al acceso a los servicios sociales.
“Cabe reconocer que, durante casi seis decenios, la población y las autoridades libanesas han ofrecido alojamiento a centenares de miles de refugiados palestinos, y que esto ha supuesto un elevado coste –tanto económico como de otra índole– para Líbano. Reconocemos también que la responsabilidad del sufrimiento de los refugiados palestinos va más allá de las fronteras libanesas y recae también en Israel y en la comunidad internacional, que, durante cerca de 60 años, no ha sido capaz de encontrar una solución duradera a la difícil situación de los refugiados palestinos ni de proteger debidamente sus derechos como personas refugiadas” ha señalado Amnistía Internacional. No obstante, el gobierno de Líbano tiene la obligación de acabar de inmediato con todas las formas de discriminación que sufre la población refugiada palestina y de respetar íntegramente sus derechos humanos.
En su informe, Amnistía Internacional reconoce que el actual gobierno de Líbano ha ido más lejos que sus predecesores al abordar las restricciones que coartan los derechos de la población palestina, lo que incluye suavizar aquéllas que se han impuesto sobre los intentos de mejorar las condiciones de alojamiento. Además, el gobierno ha señalado su interés en dar solución al problema de los palestinos no clasificados como desplazados internos; se calcula que existen entre 3.000 y 5.000 refugiados que no han sido registrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) ni por las autoridades libanesas, y que son quienes soportan las peores condiciones.
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que haga todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución duradera a la situación de los refugiados palestinos que respete y proteja íntegramente sus derechos humanos, incluido su derecho de retorno, lo que incluye proporcionar ayuda técnica y económica a Líbano para que pueda ofrecer el máximo nivel posible de protección de los derechos humanos a la población refugiada palestina.
“La comunidad internacional debe proporcionar asistencia técnica y económica a Líbano para que la población refugiada disfrute al máximo de su protección en materia de derechos humanos –ha manifestado Amnistía Internacional–. Esto debe incluir una respuesta favorable al llamamiento de las autoridades libanesas, realizado el 10 de septiembre, en favor de la aportación de fondos destinados a reconstruir el campo de Nahr al-Bared –que resultó gravemente dañado este mismo año a causa de los combates entre miembros de un grupo armado extremista y el ejército libanés– y sus inmediaciones, así como garantizar que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU dispone del mandato y los fondos necesarios para dar plena satisfacción a las necesidades de la población refugiada palestina.”
