La declaración del “estado de emergencia” por el gobierno de Polonia en la frontera con Bielorrusia entraña graves riesgos para las personas solicitantes de asilo que intentan llegar a Polonia y amenaza con agravar la ya difícil situación a la que se enfrentan 32 personas afganas —4 mujeres, 27 hombres y una niña de 15 años— que llevan más de tres semanas atrapadas allí sin alimentos ni agua potable adecuados, tras ser devueltas sumariamente por Polonia, ha afirmado Amnistía Internacional.
El estado de emergencia restringirá el ya limitado acceso y el trabajo de los periodistas que informan sobre este asunto ya que prohíbe el uso de equipos de grabación en la zona. También dificultará el trabajo de abogados que ayudan a las personas solicitantes de asilo, así como la vital labor de supervisión que ONG y activistas llevan a cabo.
Finalmente, el 1 de septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja de Bielorrusia, con el apoyo de la Cruz Roja de Polonia, llevaron ayuda humanitaria al grupo de personas solicitantes de asilo afganas atrapadas en la frontera.
“Recordamos a las autoridades polacas que deben cumplir plenamente la orden dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de proporcionar a quienes están atrapados en la frontera alimentos, agua, prendas de vestir, atención médica adecuada y refugio”
“Aunque el ACNUR y la Cruz Roja han proporcionado apoyo básico, recordamos a las autoridades polacas que deben cumplir plenamente la orden dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de proporcionar a quienes están atrapados en la frontera alimentos, agua, prendas de vestir, atención médica adecuada y refugio. También deben garantizar la evaluación individual de todas las solicitudes de asilo, y permitir que organizaciones, abogados y otras instituciones tengan acceso sin trabas al grupo”, ha afirmado Nils Muižnieks.
Según informes, guardias de fronteras bielorrusos están ayudando a la gente a cruzar a Polonia, Lituania y Letonia. El 6 de julio, el presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka anunció que no impediría que la gente cruzase la frontera para entrar en esos países. Sin embargo, esto no debe utilizarse como excusa para devoluciones sumarias ilegítimas de solicitantes de asilo ni para negar el acceso al procedimiento de asilo.
Según la legislación internacional y de la Unión Europea sobre personas refugiadas, Polonia tiene la obligación de garantizar la evaluación individual de todas las solicitudes de asilo. Amnistía Internacional pide al gobierno de Polonia que ponga fin a las devoluciones sumarias, que garantice el acceso al territorio de quienes buscan protección, y que proporcione de inmediato asistencia humanitaria esencial a las personas refugiadas atrapadas en la frontera con Bielorrusia.
Acción Urgente de Amnistía Internacional sobre la situación en Usnarz Górny
El 24 de agosto, una delegación de Amnistía Internacional visitó Usnarz Górny, donde estas personas llevaban 15 días atrapadas. Amnistía Internacional también ha recibido informes según los cuales la guardia de fronteras de Polonia amenazó con ejercer la violencia y empleó la fuerza al expulsar al grupo a Bielorrusia.
Desde que el grupo llegó a la frontera, el gobierno polaco anunció cambios en dos leyes: una sobre personas extranjeras, y otra sobre la concesión de protección a personas extranjeras. Estos cambios jurídicos impedirán cruzar la frontera irregularmente para poder solicitar asilo en Polonia. El 20 de agosto, el Ministerio del Interior polaco emitió la orden de cerrar sus fronteras a quienes hayan entrado “irregularmente” en el país y obligarlas a abandonar de inmediato el territorio polaco hasta nuevo aviso.
El 25 de agosto, soldados del ejército polaco comenzaron a construir una valla en la frontera con Bielorrusia. El 31 de agosto, el gobierno de Polonia solicitó al presidente del país la declaración del estado de emergencia durante 30 días en las regiones fronterizas con Bielorrusia, aduciendo los riesgos que suponían los “3.000 intentos de cruzar la frontera en agosto”. La declaración del estado de emergencia incluiría la prohibición de reuniones, protestas, actos masivos y actos culturales, entre otras cosas.
