Londres.- El presidente Obama debe aprovechar su primera visita a China para instar a las autoridades de este país a que frenen la escalada de las violaciones de derechos humanos en el país, ha dicho Amnistía Internacional. La organización recordó al presidente Obama en una carta abierta su responsabilidad de presionar públicamente para que mejore el mal historial de derechos humanos de China durante su visita de la próxima semana a este país. Miles de activistas y abogados de derechos humanos chinos continúan enfrentándose a detención arbitraria, hostigamiento y encarcelamiento tras juicios injustos, mientras el número de ejecuciones en el país supera al de todos los países del mundo juntos. “El gobierno chino ha incrementado sus esfuerzos para silenciar cualquier crítica o cuestionamiento interno, a pesar del crecimiento económico masivo del país. El presidente Obama debe aprovechar esta oportunidad para demostrar que Estados Unidos considera los derechos humanos un aspecto fundamental de sus relaciones con China”, ha dicho Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional continúa siguiendo los casos de muchas personas recluidas bajo detención administrativa, incluido el sistema de detención denominado “reeducación por el trabajo”, en el cual los detenidos pueden pasar recluidos cuatro años sin juicio. La tortura es una práctica endémica por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley, y provoca muchas muertes bajo custodia. Los abogados de derechos humanos son hostigados, intimidados, agredidos, secuestrados sometidos a desaparición forzada y puestos bajo vigilancia y arresto domiciliario, y se arriesgan a ser acusados de delitos comunes por proteger los derechos de otras personas. Sólo en la primera mitad de 2009, Amnistía Internacional documentó al menos 4 casos de abogados de derechos humanos amenazados con violencia; al menos 10 a los que se les impidió reunirse con sus clientes o representarlos en los tribunales, y al menos 5 que estuvieron brevemente detenidos –uno de ellos durante un mes– por su actividad en el ámbito de los derechos humanos. El anuncio hecho esta semana de la ejecución de ocho hombres de etnia uigur y otro de etnia china han por su presunto papel en la organización de los disturbios de julio es una prueba más de la necesidad urgente de que la administración estadounidense presione a China para que lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y transparente de los sucesos que rodearon los disturbios. Los uigures y otros grupos religiosos y minorías étnicas, como tibetanos y practicantes de Falun Gong, siguen siendo maltratados y perseguidos por sus creencias. “A pesar de que China adoptó un plan de acción sobre derechos humanos tras organizar los Juegos Olímpicos del año pasado, su gobierno necesita demostrar al mundo que se toma en serio el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha afirmado Sam Zarifi. Amnistía Internacional pide a China que demuestre su compromiso con los derechos humanos cumpliendo de inmediato los siguientes puntos:
- abolición del sistema de detención de “reeducación por el trabajo”. En China hay un fuerte clamor interno para que se reforme el sistema. En el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Pekín, una carta abierta pidiendo su abolición recogió 15.000 firmas.
- investigación pública e independiente de la represión de 1989 contra los manifestantes de la plaza de Tiananmen en favor de la democracia. Defensores y activistas de derechos humanos se enfrentan al hostigamiento y la vigilancia de la policía cuando presionan a las autoridades para que asuman su responsabilidad por la represión de 1989.
- levantamiento de todas las restricciones y los obstáculos a la libertad de culto. Actualmente miles de personas son detenidas por sus actividades religiosas.
- alto a la represión de tibetanos y uigures y respeto de su identidad étnica, cultural y religiosa. Los tibetanos y los uigures han sido víctimas de amplias y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, graves restricciones de la libertad de religión y discriminación en el empleo.
- poner en libertad a Shi Tao, un periodista condenado a diez años de cárcel por “facilitar ilegalmente secretos de Estado a entidades extranjeras” debido a un mensaje de correo electrónico que envió a un sitio web radicado en Estados Unidos. El sumario de su caso demuestra que una de las pruebas fue la información sobre la cuenta de correo de Shi Tao proporcionada a la policía por la empresa de Internet Yahoo! Inc.
- poner de inmediato en libertad incondicional a las personas detenidas únicamente por participar en protestas pacíficas, por ejemplo, las protestas en apoyo al Dalai Lama, la independencia del Tíbet o una mayor autonomía para esta región.
- poner en libertad al preso de conciencia Ablikim Abdiriyim, hijo de la activista uigur Rebiya Kadeer, que cumple una condena de nueve años de cárcel en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang por “instigar actividades secesionistas y participar en ellas”, y cuya confesión se teme que haya podido ser obtenida bajo tortura. Ablikim Abdiriyim, sus hermanos y varios miembros de su familia fueron detenidos en mayo de 2006, motivo por el cual no pudieron reunirse con una delegación del Congreso estadounidense como tenían previsto. Su hermano Alim Abdiriyim también está encarcelado por evasión de impuestos, un cargo que podría tener motivos políticos.
- Garantizar los derechos de los abogados a desempeñar su actividad jurídica sin hostigamiento, intimidación, violencia o temor a ser procesados penalmente.
