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Nigeria/Países Bajos: La sentencia contra Shell es “un paso esencial para hacer justicia”

©Amnesty International

El Tribunal de Distrito de La Haya ha dictado hoy una sentencia provisional en la causa abierta contra Shell a raíz de una demanda presentada por Esther Kiobel y otras tres mujeres por la participación de la empresa en la detención ilegal y ejecución de sus esposos por el ejército nigeriano. Ha fallado, en favor de las demandantes, que tiene competencia sobre el asunto y que éste no debe prescribir.

El tribunal ha decidido también que Shell debe entregar varios documentos internos confidenciales a los abogados de las demandantes y que se les brinde la oportunidad de interrogar a los testigos.

 



Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha señalado:

“Esta decisión es un paso esencial para hacer justicia a Esther y las demás demandantes. También sienta un importante precedente para otras víctimas de todo el mundo que intentan hacer rendir cuentas a poderosas empresas y luchan por acceder a la justicia.

“Enhorabuena a Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula. Ha sido gracias a su valentía y perseverancia que se haya llegado hasta aquí.

“Estas mujeres creen que sus esposos estarían todavía vivos de no haber sido por el implacable afán de lucro de Shell, que alentó la sangrienta represión del gobierno nigeriano contra las personas que protestaban aun a sabiendas del mortal coste humano. Shell podría tener ahora que comparecer ante un tribunal de justicia para que le pregunten qué sabía y cómo contribuyó a este horrible episodio de la historia nigeriana.

“La sentencia dictada hoy tendrá una enorme importancia para personas de todo el mundo que sufren los efectos de la codicia y la temeridad de empresas internacionales.”

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión del tribunal de ordenar a Shell que presente varios documentos internos, pero le ha decepcionado que no se haya ordenado presentar todos los que los abogados de Esther habían pedido.

Información complementaria


Shell ha sido acusada de instigar una serie de horribles violaciones de derechos humanos que el gobierno nigeriano cometió contra el pueblo ogoni en la década de 1990.

Esther Kiobel, Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula demandaron a Shell por el papel que afirman que desempeñó en la detención ilegal y ejecución de sus respectivos esposos por el ejército nigeriano tras una oleada de represión brutal de las protestas ogonis contra la devastadora contaminación de la región causada por la empresa.

Esther Kiobel presentó primero una demanda contra Shell en Nueva York en 2002, pero en 2013 la Corte Suprema estadounidense resolvió que Estados Unidos carecía de jurisdicción, por lo que los tribunales de ese país nunca examinaron el fondo de las acusaciones contra la empresa.

Los nueve ogonis

Amnistía Internacional ha documentado de forma independiente el papel desempeñado por Shell en los homicidios, violaciones y torturas perpetrados por el gobierno nigeriano para aplastar las protestas.

Barinem Kiobel, Baribor Bera, Nordu Eawo y Paul Levula fueron ahorcados en 1995 tras un juicio manifiestamente injusto. Sus viudas exigen ahora una indemnización y una disculpa pública de Shell por el papel que desempeñó la empresa en estos hechos. Junto con ellos, fueron ejecutados otros cinco hombres, entre los que figuraba el líder de las protestas y escritor Ken Saro-Wiwa. Se los conoce colectivamente como “”los nueve ogonis».

Las cuatro demandantes acusan a Shell de desempeñar un papel decisivo en la detención ilegal y la violación de la integridad personal y de los derechos a un juicio justo y a la vida de sus esposos, así como en la violación del derecho de ellas mismas a la vida familiar. Amnistía Internacional ayudó a Esther Kiobel a presentar la demanda en los Países Bajos en 2017 y detalló el papel de Shell en las detenciones y ejecuciones en el informe titulado In The Dock. Las demandantes también piden al tribunal que ordene a Shell entregar unos documentos internos marcados como confidenciales por la empresa durante las actuaciones judiciales en Estados Unidos entre 2002 y 2013y que son esenciales para la demanda.