Motivos de preocupación de Amnistía Internacional en torno a la "Operación Enjambre”

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Irak y EE.UU. que ofrezcan garantías de que harán honor a las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tras difundirse la noticia de que un contingente de 1.500 soldados ha lanzado una ofensiva masiva contra elementos insurgentes en Samarra, al norte de Bagdad. La organización también exhorta a los grupos armados que actúan en Samarra a que acaten las normas del derecho internacional. Amnistía Internacional teme por la seguridad de la población civil que pueda estar presente en la zona. Cualquier omisión a la hora de tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de la población civil constituiría una contravención del derecho internacional humanitario. Las operaciones militares llevadas a cabo anteriormente por fuerzas estadounidenses e iraquíes, especialmente en la ciudad de Faluya en 2004 y en otros centros urbanos de Irak, se han cobrado muchas decenas de muertos y heridos entre la población civil y han causado la destrucción de bienes civiles. Amnistía Internacional teme que muchas de las muertes hayan sido consecuencia de ataques indiscriminados o desproporcionados y que la presente operación militar pueda recurrir a este tipo de ataques. La organización reitera su llamamiento a todas las partes involucradas en el enfrentamiento militar a que tomen todas las medidas precautorias que estén en su mano para evitar causar daños a la población civil. La organización hace hincapié en el hecho de que tanto el gobierno estadounidense como el iraquí tienen la obligación jurídica de observar en todo momento las disposiciones de todas las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, así como las normas del derecho internacional consuetudinario, que son vinculantes para todos los Estados. Los gobiernos de EE. UU. e Irak deben proporcionar a sus fuerzas instrucciones inequívocas: – prohibiendo cualquier ataque directo contra la población civil u objetos civiles (incluidos los ataques lanzados como represalia); – prohibiendo los ataques en los que no se intente distinguir entre objetivos militares y población civil u objetos civiles (ataques indiscriminados); – prohibiendo los ataques que, aunque dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tendrán un impacto desproporcionado sobre la población civil u objetos civiles; – prohibiendo los ataques contra objetos que son indispensables para la supervivencia de la población civil; – prohibiendo ataques con armas que sean, por naturaleza, de efecto indiscriminado; – ordenando que se trate humanamente a todos los prisioneros, a las personas heridas y a las que deseen deponer las armas; los prisioneros no deben ser asesinados, tomados como rehenes o sometidos a atentados contra la dignidad personal, especialmente tratos humillantes o degradantes; – ordenando que se tomen todas las demás medidas necesarias para proteger a la población civil de los peligros derivados de operaciones militares, medidas que deben incluir abstenerse de seleccionar objetivos militares en medio de concentraciones de población civil; – ordenando que se castiguen todas las infracciones del derecho de los conflictos armados y que se garantice que todos los responsables de tales infracciones comparecerán ante la justicia. Amnistía Internacional subraya que todas las personas detenidas durante operaciones militares y con posterioridad a ellas, sin excepción, deben ser tratadas humanamente, con pleno respeto por sus derechos, en todo momento. No deberá llevarse fuera de Irak a ninguna persona detenida para interrogarla. Tampoco deberán usarse técnicas coercitivas de ningún tipo en los interrogatorios de ninguna persona detenida durante operaciones militares o con posterioridad a ellas. La organización también insta a los grupos armados que actúan en Samarra a que respeten las normas vinculantes del derecho internacional y tomen medidas para evitar poner a la población civil en situaciones de riesgo. Todas las partes en conflicto deben permitir que organismos de ayuda humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja tengan acceso pleno a los prisioneros. Asimismo, deberá permitirse que los organismos locales e internacionales de ayuda humanitaria atiendan a las necesidades humanitarias de la población civil sin obstáculo alguno.