El presidente mexicano Enrique Peña Nieto acaba de firmar la Ley General de Víctimas (Ley de Víctimas), lo cual supone un importante y necesario avance a la hora de saldar la deuda que las autoridades mantienen con las víctimas de la situación de violencia que vive el país.
Esta ley establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. Estas medidas deben facilitar el acceso a su derecho a la verdad y la reparación del daño, al tiempo que se garantiza su debida atención y la no repetición de los actos de violencia.
La aprobación de la ley en el legislativo fue posible gracias al impulso y el trabajo de la sociedad civil y, en particular, de las propias organizaciones que agrupan a las víctimas de esta violencia. A pesar del apoyo unánime a la ley en su trámite parlamentario, el anterior presidente de la República, Felipe Calderón bloqueó su promulgación. Este bloqueo constituyó una muestra más de la falta de atención a las víctimas que caracterizó la estrategia de seguridad implementada durante el anterior gobierno.
