Miembros de las Fuerzas Armadas de Malí, en colaboración con personal del grupo Wagner, cometieron crímenes de guerra, incluidos asesinatos y tortura de civiles, durante las operaciones conjuntas llevadas a cabo entre 2023 y 2025, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
‘No one isspared’: War crimescommittedbytheMalianarmy and foreignalliedforcesalongtheMauritanianborderdocumenta los homicidios de al menos 34 civiles en siete localidades malienses entre junio de 2023 y diciembre de 2025 cometidos por las Fuerzas Armadas de Malí y el grupo Wagner (empresa militar privada rusa activa en Malí desde finales de 2021 hasta junio de 2025).
El informe también documenta otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, y saqueo y destrucción de bienes civiles.
“Nuestras conclusiones muestran el panorama desgarrador al que hace frente la población civil atrapada en el conflicto, que está pagando el precio más alto mientras la impunidad sigue imperando. Las autoridades malienses no pueden ignorar estas graves denuncias y no iniciar investigaciones efectivas e imparciales sobre los presuntos crímenes”, ha declarado Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Deben proteger a la población civil durante las operaciones militares, cumplir el derecho internacional humanitario y garantizar su respeto, aclarar urgentemente qué cadena de mando supervisa las actuaciones del personal extranjero en el país y realizar el seguimiento de su conducta mediante un mecanismo nacional de rendición de cuentas independiente.”
Homicidios ilícitos de civiles
El informe ofrece información detallada sobre siete incidentes en los que 34 personas fueron objeto de homicidio ilícito en las regiones de Ségou, Mopti y Tombuctú.
Según la información recabada por Amnistía Internacional, ninguna de las víctimas participaba directamente en las hostilidades en el momento de su muerte. Se disparó deliberadamente contra ellas cuando trataban de huir o tras ser detenidas. Algunas fueron degolladas; otras, quemadas vivas o después de morir.
En Tin Adanda, una pequeña aldea de la región de Tombuctú, cuatro personas murieron de manera violenta el 12 de febrero de 2025 durante el despliegue de una patrulla conjunta de las Fuerzas Armadas de Malí y Wagner. Hana*, sobreviviente refugiada en Mberra (Mauritania), perdió a dos hijos y un primo, a quienes arrestaron y mataron. Describió a los miembros de la operación militar de la siguiente manera: “Casi todos eran hombres blancos, e iban acompañados de las Fuerzas Armadas de Malí.”
Ataques con drones contra la población civil
El informe describe en detalle dos ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Malí —contra un mercado en Ejdeir (el 16 de marzo de 2025) y contra la casa de una familia en Tangata (en noviembre de 2025), en la región de Tombuctú—, que se saldaron con la muerte de al menos 23 personas, entre ellas al menos cinco menores de edad.
“No hallamos indicios de la presencia de miembros de grupos armados u objetivos militares en ninguno de los lugares atacados con drones. De confirmarse ese dato, dichas operaciones constituirían un ataque directo contra la población civil y bienes de carácter civil, y deberían investigarse lo antes posible como crímenes de guerra”, ha afirmado Marceau Sivieude.
En Ejdeir, el ataque con drones, sin previo aviso y durante el día, alcanzó un mercado. El 17 de marzo de 2025, las Fuerzas Armadas de Malí afirmaron que habían atacado “reuniones de terroristas” en un campo de tránsito ubicado 109 km al noroeste de Léré, y que habían matado a “11 terroristas”. Según el análisis de Amnistía, la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Malí y, en particular, la ubicación corresponde al lugar que sufrió el ataques con drones en Ejdeir.
Aun en el caso de que hubiera presencia de combatientes u objetivos militares, atacar un mercado lleno de civiles y, a consecuencia de ello, causar víctimas civiles es una acción indiscriminada. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra si se realizan de manera intencionada o imprudente.
Según siete personas entrevistadas por Amnistía Internacional, algunas de las cuales perdieron a familiares o resultaron heridas en el ataque a Ejdeir, y según organizaciones de la sociedad civil, en el mercado no había combatientes; las 16 personas muertas y las siete heridas eran civiles.
“Nos ataron las manos a unos postes; nuestros pies no tocaban el suelo”
Amnistía Internacional entrevistó a 15 hombres sobrevivientes de tortura y otros malos tratos de las regiones de Ségou, Mopti y Tombuctú que afirmaron haber sido sometidos a tortura durante las patrullas conjuntas efectuadas por miembros de las Fuerzas Armadas de Malí y del grupo Wagner o bajo custodia en las bases militares de Léré y Nampala.
Esta información se vio corroborada por otras personas que presenciaron actos de tortura cometidos contra 30 personas durante las patrullas o dentro de esas bases militares. Testigos presenciales informaron de que cinco personas habían muerto en las bases a causa de la tortura y de las deficientes condiciones de reclusión.
Según la investigación de Amnistía Internacional, estos crímenes los cometieron mayoritariamente integrantes del grupo Wagner en presencia de miembros de las Fuerzas Armadas de Malí, que en ocasiones realizaban la función de intérpretes, y que miraban sin hacer nada o incluso, en algunos casos, amenazaban a las personas detenidas. Las víctimas eran suspendidas por los brazos en una barra de metal, asfixiadas mediante simulaciones de ahogamiento, golpeadas con barras de hierro y palos, o sometidas a descargas eléctricas.
Las personas detenidas y torturadas en las bases militares no fueron llevadas ante un tribunal. No tuvieron acceso a asistencia letrada ni a sus familiares a lo largo de la detención, que duró entre un día y cuatro meses.
Personas de etnia fulani, árabes y tuaregs, en el punto de mira
Un pastor de la región de Ségou refugiado en Mauritania afirmó: “En su mente [la de los soldados y los miembros de Wagner], todos los pastores son terroristas, y por eso no dudan en quemar a personas y bienes. No perdonan a nadie, ni siquiera a las personas ciegas o de edad avanzada”.
La inmensa mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades dedicadas al pastoreo (de etnia fulani, árabes y tuaregs) sospechosas de estar en connivencia con grupos armados no estatales únicamente por su origen étnico y por su presencia en una zona en la que dichos grupos estaban activos.
“Instamos a las autoridades malienses a garantizar la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos contra todas las comunidades. Asimismo, deben garantizar que las Fuerzas Armadas de Malí, sus socios militares extranjeros y los miembros de grupos armados sospechosos de cometer crímenes de guerra sean investigados y, cuando proceda, enjuiciados en procesos que cumplan el derecho a un juicio justo, y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Marceau Sivieude.
“La población civil de las regiones de Malí afectadas por el conflicto siguen afrontando graves riesgos. Las autoridades deben protegerla y hacer público el acuerdo entre el gobierno maliense y Africa Corps, que en junio de 2025 reemplazó al grupo Wagner y opera en el país actualmente. La Unión Africana debe condenar las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Malí y apoyar la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional”, ha sostenido Marceau Sivieude.
Información general
Este informe se basa en las investigaciones efectuadas entre 2025 y 2026 en 10 localidades de la región de Hodhech-Chargui (Mauritania), donde, a fecha de 31 de julio de 2026, el ACNUR había registrado más de 290.000 personas refugiadas malienses. Amnistía Internacional entrevistó a 119 personas refugiadas de las regiones de Ségou, Tombuctú y Mopti.
Las conclusiones del informe se enviaron a las autoridades malienses el 3 de agosto de 2026. Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta en el momento de la publicación.
Durante el último decenio, todas las partes en el conflicto armado no internacional entre las Fuerzas Armadas Malienses y varios grupos armados no estatales han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, Amnistía Internacional denunció varios casos de este tipo de violaciones cometidas por miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM) y del Frente de Liberación de Azawad (FLA).
Desde finales de 2021 hasta junio de 2025 se desplegaron en Malí en torno a 1.000 efectivos de la empresa privada de seguridad militar Wagner. Aunque el gobierno maliense negó su presencia en el país, las autoridades rusas afirmaron que Malí había solicitado el apoyo de una empresa privada para luchar contra los insurgentes.
La Corte Penal Internacional (CPI) lleva investigando la situación en Malí desde 2013. En junio de 2026, Malí notificó su retirada del Estatuto de Roma. Sin embargo, esto no afectará a las investigaciones en curso, y la CPI mantendrá su jurisdicción sobre los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos entre enero de 2013 y el 23 de junio de 2027, fecha en que se hará efectiva la retirada.
*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas en cuestión.
