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Los somalíes, chivos expiatorios en la represión antiterrorista

La comunidad somalí de Kenia está siendo el chivo expiatorio de una operación antiterrorista. Copy: TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

La comunidad somalí de Kenia está siendo el chivo expiatorio de una operación antiterrorista en la que miles de personas han sido sometidas a detención arbitraria, hostigamiento, extorsión, malos tratos, reubicación forzosa y expulsión, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

En un nuevo documento informativo, la organización documenta la perturbadora oleada de graves violaciones de derechos humanos que sufre la comunidad somalí de Kenia desde que comenzaron las medidas represivas de seguridad –conocidas como operación Usalama Watch– a principios de abril de 2014.

Parece que la operación Usalama Watch se está utilizando como pretexto para castigar de forma generalizada a la comunidad somalí de Kenia, cuyos miembros se han convertido en chivos expiatorios: miles de ellos han sido detenidos, maltratados y trasladados a la fuerza y cientos han sido expulsados ilegalmente a un país desgarrado por la guerra”, ha dicho Michelle Kagari, directora adjunta para la región de África Oriental en Amnistía Internacional.

“Aunque Kenia tiene motivos de preocupación legítimos sobre su seguridad nacional, poner en el punto de mira a toda una comunidad, ya marginada y vulnerable, es una terrible infracción de las leyes nacionales y el derecho internacional. Pedimos al gobierno de Kenia que ponga fin de inmediato a las violaciones contra somalíes, incluidos refugiados, garantice su protección y proporcione resarcimiento en los casos en que se han producido violaciones.”

Las autoridades de Kenia comenzaron a detener masivamente a los somalíes tras dos ataques de marzo en los que murieron y resultaron heridas decenas de personas. Debido a la falta de transparencia y del debido proceso, aún no se conoce el número exacto de personas que fueron arrestadas ni las que siguen en detención. Sin embargo, el secretario del gabinete del Ministerio del Interior y Coordinación del Gobierno, Joseph Ole Lenku, ha afirmado que sólo en la primera semana de la operación se detuvo a más de 4.000 personas.

Amnistía Internacional no tiene noticia de que se hayan presentado cargos relacionados con el terrorismo contra ningún somalí
detenido durante esta operación.

En muchos casos, las personas detenidas han permanecido durante días en condiciones insalubres, hacinadas en celdas o en un estadio de fútbol sin comida y sin acceso a abogados. Amnistía Internacional ha sabido del caso de un bebé que murió tras quedar solo en casa durante tres días mientras su madre estaba detenida. El acceso a los detenidos por parte de organizaciones como el ACNUR es muy limitado.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de palizas, intimidación, extorsión y acoso sexual a manos de las fuerzas de seguridad durante las operaciones de registro. A la organización le han hablado de una mujer que sufrió una conmoción cuando las fuerzas de seguridad intentaron entrar a la fuerza en su vivienda y murió después en el hospital. Amnistía Internacional también ha sabido de la muerte de otros dos niños pequeños a consecuencia de la operación represiva de seguridad.

Más de un millar de somalíes han sido trasladados a la fuerza a campos de refugiados superpoblados e inseguros en el norte de Kenia, separando a niños de sus padres y a mujeres en periodo de lactancia de sus hijos.

A pesar del deterioro de la situación de seguridad en Somalia, 359 somalíes han sido expulsados de Kenia, entre ellos al menos tres personas registradas como refugiadas. Muchos de los expulsados tenían tarjeta de extranjero o afirmaban que la documentación que los acreditaba como refugiados o extranjeros les había sido confiscada o destruida tras su detención. La expulsión de refugiados y solicitantes de asilo a un país como Somalia, donde puede que su vida o su libertad estén amenazadas, vulnera el principio de no devolución, piedra angular de la protección a los refugiados.

“Kenia viola su propia Constitución y el derecho internacional al someter a la comunidad somalí a expulsiones ilegítimas y a trato cruel, inhumano y degradante so pretexto de la operación antiterrorista Usalama Watch", ha dicho Michelle Kagari.

“En swahili, ‘usalama’ quiere decir seguridad. Esta reacción violenta contra la comunidad somalí de Kenia no va a contribuir a la seguridad en Kenia. Pedimos a las autoridades kenianas que cumplan sus obligaciones legales internacionales y los requisitos de su propia Constitución de respetar los derechos humanos y restaurar la seguridad de la comunidad somalí de Kenia”.

Información complementaria

La Operación Usalama Watch comenzó poco después de los ataques de marzo en Mombasa y Eastleigh, un barrio predominantemente somalí de Nairobi. El 4 de abril, las fuerzas de seguridad cercaron Eastleigh y comenzaron a detener indiscriminadamente a miles de personas. Desde el principio, la operación se centró desproporcionadamente en la comunidad somalí, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, aunque ha habido arrestos de ciudadanos kenianos, refugiados de otras nacionalidades, extranjeros indocumentados y trabajadores de ONG.

La publicación de este documento informativo coincide con la fecha de la vista de una acción judicial colectiva presentada por nueve miembros de la Asociación de la Comunidad de Eastleigh en nombre de más de 500 personas.

La mayoría de las personas expulsadas son somalíes. Amnistía Internacional sabe de la expulsión de 28 etíopes y de seis solicitantes de asilo ugandeses que fueron detenidos y devueltos a Uganda.