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Los responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y tortura, aún en libertad

Tropas malienses de la unidad de Cooperación Sanuya toman el control el 3 de octubre de 2013 del Cuartel militar de Soundiata en Kati, una ciudad cercana a Bamako,© HABIBOU KOUYATE/AFP/Getty Images

La inacción de las autoridades malienses para hacer rendir cuentas a los responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y tortura está avivando la inseguridad en Malí. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional durante una visita realizada al país por su secretario general.

Unos días después de la celebración de elecciones legislativas en Malí, Amnistía Internacional presenta un Programa de Derechos Humanos en una conferencia de prensa celebrada en la capital, Bamako, con la asistencia de su secretario general, Salil Shetty.

El Programa pide que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en los últimos dos años por todas las partes del conflicto.

En particular, Amnistía Internacional pide información sobre la ejecución extrajudicial de al menos 40 civiles y sobre el paradero de 32 personas que han desaparecido tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad.


“En los últimos dos años, Malí ha sufrido la crisis más grave de su historia”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Muy pocos de los responsables han rendido cuentas, y no hay señales de que vayan a rendirlas.”


Las elecciones son un paso importante para establecer el Estado de derecho en Malí pero, si las autoridades realmente van en serio, deben investigar y procesar a los responsables de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y abuso sexual.”

Los tribunales malienses iniciaron un proceso contra tres miembros de las fuerzas de seguridad por su papel en desapariciones forzadas en octubre de 2013. El general Sanogo, cerebro del golpe militar de abril de 2012, fue citado para comparecer ante el tribunal el 21 de noviembre, pero se negó a comparecer, alegando gozar de una condición especial como ex jefe del Estado.

El Consejo de Seguridad de la ONU desplegó en diciembre de 2012 una misión de mantenimiento de la paz, encabezada por tropas africanas. Algunos miembros de esta misión (denominada ahora MINUSMA) incurrieron en “conductas indebidas graves”, incluidos abusos sexuales, en septiembre de 2013.

Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el hecho de que la ONU haya actuado de inmediato para determinar lo sucedido, y pide que los responsables comparezcan ante la justicia, que se otorgue reparación a las víctimas y que se hagan públicos los resultados de la investigación.

Ejecuciones extrajudiciales
Según la información recibida, las fuerzas de seguridad de Malí han ejecutado extrajudicialmente al menos a 40 civiles acusados de estar vinculados con grupos armados. Los investigadores de Amnistía Internacional hablaron con un hombre que había presenciado cómo unos soldados arrojaban cadáveres a un pozo en Sevaré en enero de 2013. El hedor que emanaba del pozo era abrumador.

El fiscal de Sevaré dijo que había ordenado una investigación sobre esos homicidios pero, hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido información sobre los resultados de esa investigación.

Desde que comenzó la crisis, Amnistía Internacional ha documentado 14 homicidios ilegítimos cometidos por grupos armados en el norte del país, así como otros abusos atroces contra los derechos humanos. Entre ellos se encuentra el caso de una pareja lapidada por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio en julio de 2012, o el caso de seis personas a las que amputaron la mano y el pie derechos ante una multitud en Gao en septiembre de 2012. Los miembros amputados fueron después exhibidos en la comisaría de policía.

Dos periodistas de Radio France International fueron secuestrados y asesinados en Kidal, en el norte de Malí, el 2 de noviembre.

“El asesinato sin sentido de dos periodistas franceses, este mismo mes, es sólo uno más de los síntomas de la inseguridad constante que vive el país”, ha manifestado Salil Shetty. “La falta de respeto por los derechos humanos contribuye a esa inseguridad.”

Desapariciones forzadas
Desde que comenzó la crisis en enero de 2012, 32 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad malienses y han “desaparecido”. Entre ellas se encuentran soldados acusados de ser leales al presidente derrocado, Amadou Toumani Touré, así como civiles acusados de apoyar a los grupos armados.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Malí que hagan cuanto esté en su mano para determinar la suerte corrida por los desaparecidos y que emprendan investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales.

El Programa de Derechos Humanos expone con detalle la tortura de soldados y policías acusados de apoyar al presidente derrocado y de participar en el contragolpe de Estado en abril de 2012.

Algunos presos han contado a Amnistía Internacional que los obligaron a sodomizarse mutuamente, les aplicaron descargas eléctricas en el pene y les quemaron con cigarrillos.

Uso de niños soldados y violencia sexual contra niñas
Durante sus visitas periódicas a Malí, los investigadores de Amnistía Internacional se reunieron con niños soldados, algunos de tan sólo 13 años, que relataron cómo habían sido reclutados por grupos armados. Algunos tenían que acarrear armas, a otros los estacionaban en puestos de control, y otros tenían que cocinar. A algunos también los mandaban a primera línea.

Amnistía Internacional ha documentado asimismo casos de violación y abuso sexual contra mujeres y niñas a manos de miembros de grupos armados, entre ellos el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad.

Una niña de 16 años contó a los investigadores de Amnistía Internacional cómo la habían violado repetidamente, durante dos días, los miembros de un grupo armado que la habían capturado en Gao, localidad donde residía. La organización pide que se investiguen las denuncias de abuso sexual, que se procese a los responsables y que se establezcan programas de ayuda para proporcionar a las víctimas atención médica y psicológica.

“La población de Malí está profundamente traumatizada por los sucesos de los últimos dos años”, ha manifestado Salil Shetty. “El garantizar que todos los responsables de abusos contra los derechos humanos comparecen ante la justicia es fundamental para conseguir una paz duradera. Es la única forma de ayudar al país a pasar esta dolorosa página de su historia.”

La Corte Penal Internacional anunció en enero de 2013 que iba a abrir una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos durante el anterior año de conflicto. Amnistía Internacional ha recibido con alegría esta decisión, pero pide al fiscal que examine toda la gama de delitos presuntamente cometidos en el país, incluidos los perpetrados por las fuerzas de seguridad de Malí.