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Los países vecinos deben presionar a la ONU para imponer embargo de armas

Desde que comenzó el conflicto en diciembre, decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, han muerto y 1,8 millones han tenido que huir de sus casas. Todas las partes del conflicto usan armas ligeras y otras armas convencionales, y todas las partes podrían haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. AFP PHOTO / IVAN LIEMAN (Photo credit should read Ivan Lieman/AFP/Getty Images)

Los países vecinos de Sudán del Sur deben pedir urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU que establezca un embargo de armas para frenar las terribles violaciones que se están cometiendo en el conflicto que devasta el país. Más de 50 organizaciones sudanesas e internacionales de derechos humanos y humanitarias han firmado una petición en este sentido dirigida a los líderes de la región. Según estos grupos, los ataques continuos contra la población civil están contribuyendo a una crisis humanitaria.

Los líderes regionales —los presidentes de Kenia, Uganda y Etiopía entre ellos— van a reunirse el 6 de noviembre de 2014 en Addis Abeba para hablar de Sudán del Sur, en una cumbre del organismo regional Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).

“La población civil de Sudán del Sur está desesperada y necesita que los líderes de la región ayuden a protegerla”, declaró Geoffrey Duke, jefe de equipo del secretariado de la Red de Acción de Sudán del Sur contra las Armas Ligeras. “La entrada de más armas hará que estos civiles sufran más ataques y abusos: homicidios, violaciones, incendios, saqueos. Este es el momento de actuar.”

Los líderes regionales deben concluir la cumbre del 6 de noviembre con una petición clara al Consejo de Seguridad de la ONU para que imponga un embargo de armas global a Sudán del Sur, afirman las organizaciones.

Estas también han pedido a la IGAD que haga públicos los informes de sus observadores del alto el fuego en Sudán del Sur, incluidas las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas enfrentadas.

La IGAD inició conversaciones de paz en diciembre de 2013 en Etiopía, poco después de que empezara el conflicto en Sudán del Sur. El acuerdo de cese de hostilidades negociado por los mediadores regionales en enero ha sido roto en múltiples ocasiones tanto por las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur como por la oposición.

Desde que comenzó el conflicto en diciembre, decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, han muerto y 1,8 millones han tenido que huir de sus casas. Las partes del conflicto usan armas pequeñas y armas ligeras y otras armas convencionales y equipos militares. Las investigaciones realizadas por organizaciones independientes concluyen que ambas partes han cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad.

Los líderes de la región y los mediadores regionales han amenazado con adoptar medidas duras contra las partes del conflicto ante los continuos enfrentamientos y ataques contra viviendas civiles, iglesias, hospitales y bases de la ONU.

“Pero a pesar de las amenazas, no se ha adoptado ninguna medida y sólo se han dado una serie interminable de segundas, terceras, cuartas oportunidades para beneficio de las partes beligerantes y en detrimento de la población civil”, manifestó James Ninrew, director ejecutivo de Misión de Asistencia para África.

“La estación seca está en su apogeo y en la zona de conflicto las comunidades temen sufrir ataques una vez más.”

La IGAD ha creado un órgano de vigilancia en Sudán del Sur para investigar las violaciones del alto el fuego, incluido el acuerdo de ambas partes de no atacar a la población civil ni bienes civiles, actos que podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Pero aparte de publicar algunos datos limitados en agosto, los mediadores mantienen en secreto los informes sobre vigilancia pese a las reiteradas peticiones de los grupos de derechos humanos y otros de que los hagan públicos, sobre todo los relativos a crímenes graves.

“Los observadores tienen la importante tarea de ayudar a reducir las violaciones contra la población civil mostrando a las fuerzas que cometen abusos que se las está vigilando”
, afirmó Angelina Seeka, directora regional de End Impunity Organization. “Pero observar los ataques no sirve de nada si no se hacen públicos estos informes.”

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