Madrid.- Con motivo de la inminente visita a España del líder libio Muamar al-Gadafi, Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para remitirle las cuestiones en materia de derechos humanos que preocupan a la organización con respecto a Libia. Para AI, el interés de España de incrementar las relaciones con Libia debe ir acompañado de una agenda de derechos humanos que incluya asuntos como la libertad de prensa y asociación, la pena de muerte y los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Además, Libia debe aceptar la visita de los Relatores Especiales para la libertad de expresión y sobre la cuestión de la tortura así como de organizaciones internacionales de derechos humanos. 1. Libertad de expresión Amnistía Internacional solicita al Gobierno español que transmita a la máxima autoridad libia su preocupación por los estrictos controles y la censura que se aplican tanto a los medios de comunicación nacionales y extranjeros como a Internet. El Estado es propietario de los principales periódicos y de casi la totalidad de las emisoras y cadenas de televisión del país; las escasas publicaciones internacionales a las que puede acceder la población libia pasan previamente los filtros de la censura oficial; y únicamente se puede hacer uso de Internet a través de un servidor, también controlado por el gobierno.
Además, la organización insta una vez más a Libia a erradicar la persecución, hostigamiento y detención a los que se somete a periodistas, escritores y activistas políticos que critican a las autoridades o pretenden organizar reuniones y protestas pacíficas contra el gobierno. En algunas ocasiones, a estas personas se les imputan cargos definidos en términos muy imprecisos, cuando no inventados. Tal es el caso de Fathi el-Jahmi, que fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interna en marzo de 2004 tras criticar a Muamar al-Gadafi y pedir reformas políticas en medios internacionales. Desde entonces permanece detenido en régimen de incomunicación, sin apenas contacto con el mundo exterior. Se cree que ningún miembro de su familia ha obtenido permiso para visitarlo desde agosto de 2006. Además, su estado de salud es muy delicado pues, según informes, sufre una serie de afecciones como diabetes, hipertensión y enfermedades coronarias. También Idriss Boufayed y otras 11 personas fueron detenidos en febrero de 2007 por manifestar pacíficamente su oposición política al gobierno. Boufayed fue detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Interna poco después de remitir un comunicado en el que anunciaba la celebración de una manifestación de protesta en la ciudad de Bengasi. Según informes recibidos, todas estas personas han permanecido en régimen de incomunicación durante largos periodos y al menos dos de ellas han sido torturadas. 2. Libertad de asociación Amnistía Internacional considera que, en la actualidad, no existen organizaciones de derechos humanos independientes en Libia. La legislación vigente en el país prohíbe la formación de partidos y asociaciones al margen del sistema político existente. Así, movimientos disidentes como el Grupo Islámico Libio (también conocido como Hermandad Musulmana) o el Movimiento Alianza Islámica, deben operar en la clandestinidad para evitar fuertes sanciones. Destaca el trabajo realizado en el país por la Sociedad por los Derechos Humanos. Sin embargo, no se le puede considerar una entidad independiente dada su vinculación a la Fundación Gadafi para el Desarrollo, así como por el hecho de que es dirigida por Saif al-Islam al-Gadafi, uno de los hijos del líder libio. En ocasiones, la Fundación emite comunicados que aparentemente sólo buscan defender la reputación de las autoridades. Por ejemplo, la Fundación publicó un comunicado el 20 de octubre de 2005 en el que se negaba la práctica de la tortura en las cárceles libias, a pesar de la existencia de persistentes denuncias en sentido contrario. 3. Pena de muerte Asimismo, el gobierno español debe tener presente en la próxima reunión la preocupación de Amnistía Internacional en relación a la aplicación de la pena capital en Libia. Este país no ha apoyado ninguna de las sucesivas resoluciones de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU que piden la abolición de la pena de muerte, ni la reciente moratoria sobre ejecuciones aprobada en noviembre de 2007 por la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. A nivel nacional, la legislación libia sigue contemplando la pena de muerte para un amplio espectro de delitos, incluidas determinadas actividades que no constituyen sino el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. Además, las autoridades libias no proporcionan estadísticas sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. Según fuentes no oficiales, nueve ciudadanos libios fueron ejecutados el 17 de abril de 2007, pero AI no tiene conocimiento de que las autoridades hayan publicado ningún comunicado al respecto. Por otra parte, se sigue condenando a pena de muerte tras procesos judiciales que violan las normas internacionales sobre juicios justos. Tal es el caso del médico palestino y las cinco enfermeras búlgaras, condenados a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento tras declararles culpables de infectar deliberadamente con el VIH a 426 menores en un hospital infantil en Bengasi en 1998. Durante el proceso se detectaron irregularidades tanto en la detención como en el interrogatorio, y el personal médico denunció haber sufrido tortura y malos tratos. 4. Derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas Amnistía Internacional siente preocupación por el trato que están recibiendo las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en territorio libio. Entre febrero y mayo de 2007, la organización recibió varios informes que denunciaban la falta de higiene y la escasez de alimentos y cuidados médicos que padecían centenares de extranjeros detenidos en centros de Misratah y al-Marj, al este de la capital, Trípoli. Amnistía Internacional ha recibido recientemente informes que indican que decenas de ciudadanos eritreos detenidos en los centros de Misratah y al-Marj corren el riesgo de ser deportados. En algunos casos, se trataría de individuos que han huido de Eritrea por temor a ser perseguidos por sus creencias políticas. Otros huyeron de su país tras haber sido obligados a cumplir el servicio militar por un periodo indefinido. En caso de ser repatriados, los ciudadanos eritreos estarían en grave peligro de ser detenidos a su llegada, de sufrir torturas y de ser encarcelados indefinidamente en régimen de incomunicación.
