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Los crímenes de guerra y la amenaza de hambruna empañan el Día de la Independencia

Un grupo de niñas carga con comida y equipaje en una Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Campo de desplazados de Juba, junio de 2014. © CHARLES LOMODONG / AFP / Getty Images

Están surgiendo nuevos datos que indican que tanto el gobierno como las fuerzas de la oposición de Sudán del Sur continúan cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión de la celebración en el país, el 9 de julio, de su tercer Día de la Independencia. En una visita realizada a Juba este mes, la organización ha entrevistado a personas desplazadas internamente, cuyos testimonios describen las recientes atrocidades y la inminente crisis humanitaria.

Desde que comenzó el conflicto, en diciembre de 2013, se han visto desplazadas más de un millón de personas y 400.000 han huido a los países vecinos. En todo el país, 3,9 millones de personas corren un alarmante riesgo de inseguridad alimentaria y se teme que la hambruna sea inminente. Hay más de 100.000 personas en campos para personas desplazadas internamente instalados en las bases de la ONU –algunas llevan meses atrapadas en estos recintos y temen ser atacadas si salen de ellos–.

Una persona de la zona, comprometida con la defensa los derechos humanos, dijo a Amnistía Internacional: “¿Qué hay que celebrar si no lo siento?”.

“Ambas partes en el conflicto han dado muestras de una falta casi total de respeto por las leyes de la guerra y es la población civil la que paga el precio”, ha manifestado Michelle Kagari, directora adjunta del programa de Amnistía Internacional para África Oriental.


“Todas las partes deben poner fin de inmediato a los ataques contra civiles. Todos los Estados deben suspender las transferencias internacionales de armas a Sudán del Sur hasta que haya garantías de que no van a ser utilizadas para cometer o ayudar a cometer abusos graves.”


Antes de que estallara el actual conflicto, Sudán del Sur estaba ya repleto de armas pequeñas, legado de decenios de guerra civil. La amplia disponibilidad de las armas ha hecho proliferar los delitos violentos y los conflictos intercomunales, que se han cobrado un considerable número de víctimas. El gobierno ha puesto en marcha numerosas iniciativas de desarme civil, pero no han servido para mejorar la seguridad y a menudo se han visto ellas mismas empañadas por la violencia.

Desde que estalló el conflicto armado interno en diciembre del año pasado, están entrando todavía más armas en el país, según la información disponible.

Las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur leales al presidente Salva Kiir y las fuerzas de la oposición lideradas por Riek Machar han incumplido estrepitosamente las promesas de poner fin a los ataques contra civiles, la violencia sexual, la destrucción de bienes y la violencia contra los niños y las niñas, y de facilitar el acceso humanitario y hacer rendir cuentas a los responsables.

Ninguno de los bandos ha respetado el alto el fuego –acordado inicialmente el 23 de enero y renovado dos veces, el 5 y el 9 de mayo–. Continúan los enfrentamientos en los estados de Unity, Jonglei y Upper Nile (Alto Nilo).

La comunidad internacional debe presionar a las autoridades sudanesas para que lleven ante la justicia a quienes hayan cometido graves abusos o violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario durante el conflicto, porque, de lo contrario habrá más Días de la Independencia sin nada que celebrar”, ha añadido Michelle Kagari.

Las autoridades de Sudán del Sur no han tomado hasta ahora ninguna medida concreta para garantizar que se administra justicia por los delitos cometidos contra civiles durante el conflicto.

El gobierno ha dado muestra de falta de compromiso con la necesidad de realizar con prontitud investigaciones independientes y exhaustivas, con miras a procesar a los responsables de los abusos y violaciones de derechos humanos.


Información complementaria

Aunque originado por una disputa política, el conflicto armado interno de Sudán del Sur ha adquirido una dimensión de acusado carácter étnico, siendo principalmente dinka los miembros de las fuerzas del gobierno leales al presidente Kiir, y principalmente nuer los desertores del ejército y las milicias alidadas con ellos, leales al ex vicepresidente Machar. Cada bando ha atacado sistemáticamente a los miembros de la comunidad étnica del contrario. En el informe Nowhere Safe: Civilians Under Attack in South Sudan, basado en investigación de campo llevada a cabo en marzo de 2014, Amnistía Internacional documenta casos de ataques perpetrados contra civiles dinka, nuer y shilluk debido a su etnia y a su presunta filiación política.

Se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra ante un fondo de violaciones generalizadas de derechos humanos.

La supresión de la libertad de expresión intensifica el clima de represión y miedo. Se ha citado a miembros de la sociedad civil y a periodistas para ser interrogados por agentes del Servicio de Seguridad Nacional acerca de sus actividades y sus artículos. En marzo, el periódico en árabe Almajhar Alsayasy recibió la orden de cerrar por publicar artículos donde se criticaba al gobierno. La semana pasada, agentes de dicho servicio ordenaron verbalmente a los medios de comunicación que no publicaran artículos sobre federalismo, tema de amplio debate público. El 2 de julio, agentes también del Servicio de Seguridad Nacional se incautaron de ejemplares del periódicoJuba Monitor, y el 7 de julio, retiraron a mano armada 3.000 ejemplares deThe Citizen.

La primera vez que Sudán del Sur celebró el Día de la Independencia, el presidente Kiir prometió que el país no iba a tardar en adherirse a los convenios internacionales y en aplicar el derecho internacional.

Tras tres años de independencia, Sudán del Sur no ha terminado el proceso de ratificación de tratados fundamentales de derechos humanos
. El Parlamento dio su aprobación a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero siguen a la espera de la confirmación del presidente desde antes de que estallara el conflicto. Sudán del Sur es el único Estado miembro de la Unión Africana que no ha ratificado la Carta.