“Las autoridades tunecinas deben acelerar urgentemente el acceso justo a las vacunas para toda la población”, ha declarado hoy Amnistía Internacional ante el rápido aumento de personas enfermas de COVID-19 en medio de una cuarta ola. Los hospitales públicos ya han superado su capacidad máxima y las unidades de cuidados intensivos tienen una ocupación superior al 90%.
La distribución de la vacuna en Túnez comenzó en marzo de 2021, pero se ha visto obstaculizada por la falta de transparencia, las injerencias políticas, demoras en los envíos de vacunas y el hecho de que, en la selección de grupos prioritarios, no se hayan tenido en cuenta las vulnerabilidades en materia de derechos humanos. La inmensa mayoría de la población tunecina sigue sin estar vacunada: a 13 de julio, sólo el 13% ha recibido una dosis y menos del 6% tiene la pauta completa.
“El sistema sanitario de Túnez corre peligro de colapsar, pues los casos se disparan, dejando en evidencia lo deplorablemente insuficiente de la distribución de la vacuna por el gobierno”, ha afirmado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades no han dado prioridad a personas más jóvenes con enfermedades crónicas ni a otros grupos vulnerables, mientras las figuras se políticas se han saltado el turno. El gobierno tunecino debe dar prioridad inmediata al derecho a la salud y garantizar que las personas más vulnerables tienen acceso a vacunas”.
Segundo mayor índice de muertes diarias confirmadas
Se han registrado en Túnezal menos 16.000 muertes relacionadas con la COVID-19, una de las cifras de fallecimientos más altas por esta enfermedad en África a 13 de julio de 2021. De momento, el índice de muertes diarias confirmadas por millón de personas es el segundo más alto del mundo, sólo detrás de Namibia.
Aunque las autoridades han seguido algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dando prioridad a los profesionales sanitarios y a las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables no han recibido prioridad. Entre estos grupos figuran los de las personas con discapacidad, las que viven en la pobreza, las encarceladas y las que carecen de vivienda, que normalmente no tienen acceso a los servicios de salud, por lo que se ven desproporcionadamente afectados por la COVID-19 y tienen un riesgo mayor de enfermar de gravedad y morir si se infectan con el virus.
El gobierno tunecino publicó su plan nacional de vacunación en enero de 2021, con la meta de vacunar al 50% de la población del país antes de final de año. Seis meses después, tiene un retraso significativo debido a las demoras en las entregas consecuencia de la escasez global de vacunas y a la inestabilidad del gobierno. Túnez ha cambiado de titular del Ministerio de Sanidad cuatro veces desde que comenzó la pandemia, y se cree que el pulso político entre el jefe del gobierno y el presidente de la República también ha desempeñado un papel en el retraso en la compra anticipada de vacunas.
En abril de 2021 se supo que varios ministros del gobierno se habían saltado su turno para ser vacunados antes de que les correspondiera, lo que erosionó la confianza pública en el compromiso del gobierno con una distribución justa y equitativa de la vacuna y su voluntad de dar prioridad a la población de mayor riesgo.
En mayo y junio de 2021, el gobierno dio prioridad a la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la educación primaria y superior, turismo y justicia, tras las negociaciones con los influyentes sindicatos de estos sectores. Sin embargo, las razones aplicadas para determinar los criterios de vacunación no se han hecho públicas a pesar de que el ministro de Sanidad ha hecho referencia a la existencia de una normativa del gobierno que define la elegibilidad de cada lista prioritaria.
Esta falta de transparencia ha suscitado interrogantes importantes sobre las razones en las que se basan los criterios de elegibilidad y cómo se toman las decisiones sobre qué grupos tienen prioridad para ser vacunados. Hasta la fecha, el gobierno tunecino no ha dado prioridad a los trabajadores y trabajadoras esenciales en situación de riesgo alto, como los de los sectores del transporte y la alimentación.
“Las autoridades tunecinas deben presentar con urgencia un plan nacional revisado para garantizar el acceso justo y no discriminatorio de toda la población”, concluyó Amna Guellali.
“Deben tener en cuenta las vulnerabilidades sociales y de salud que aumentan los riesgos individuales o comunitarios ante la COVID-19, sobre todo para los grupos marginados”.
