El fallo de culpabilidad dictado hoy por el Tribunal Penal Internacional contra Ahmad al Faqi al Mahdi, destacado miembro del grupo armado Ansar Eddine, debe ser el primer paso para que haya rendición de cuentas en general por todos los crímenes cometidos durante el conflicto de Malí en 2012; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La Corte ha condenado a Al Mahdi a nueve años de prisión por dirigir intencionalmente ataques contra edificios religiosos y monumentos históricos de Tombuctú, ciudad del norte del país, entre junio y julio de 2012. Al Mahdi se declaró culpable ante la Corte. “Esta sentencia es el reconocimiento inequívoco de que los atentados contra monumentos históricos y religiosos pueden destruir la cultura y la identidad de una población y son delito con arreglo al derecho internacional”, ha afirmado Erica Bussey, asesora jurídica principal de Amnistía Internacional para África. “Esta positiva noticia no debe hacernos perder de vista el hecho de que cientos de civiles fueron víctimas de asesinato, tortura y violación durante el conflicto de Malí en 2012. Por tanto, la Corte debe seguir investigando los graves delitos cometidos por todas las partes del conflicto.” A pesar de que la Corte halló en su investigación preliminar que había una base razonable para pensar que en Malí se habían cometido crímenes de guerra —incluidos asesinatos, violaciones y torturas— desde 2012, no ha cursado más órdenes de detención. Asimismo han sido limitados los intentos de garantizar la rendición de cuentas en el ámbito del país. Amnistía Internacional considera fundamental que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las autoridades judiciales de Malí y la comunidad internacional en su conjunto garanticen la rendición de cuentas por todos los crímenes de derecho internacional cometidos en el país —por las fuerzas del gobierno, entre otros— desde 2012, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y otros actos de violencia sexual, y torturas. Información complementaria El gobierno remitió la situación de Malí a la CPI en julio de 2012. La Corte comenzó sus investigaciones en enero de 2013, centrándose en los crímenes de guerra cometidos en Malí desde 2012.
El 18 de septiembre de 2015 se emitió una orden de detención contra Al Mahdi y ocho días después, el 26 de septiembre, fue detenido y transferido a La Haya. La Sala de Cuestiones Preliminares confirmó los cargos en su contra el 24 de marzo de 2016. El juicio comenzó el 22 de agosto, y en los procedimientos participaron ocho víctimas. Es la primera vez que un acusado se declara culpable ante la Corte Penal Internacional. En el acuerdo de admisión de culpabilidad, Al Mahdi se comprometió a no recurrir el fallo condenatorio ni la condena de prisión si no superaba un periodo de entre 9 y 11 años. Las autoridades de Malí apenas se han esforzado después del conflicto en investigar y procesar a los responsables de los graves delitos cometidos. De hecho, en 2015, las autoridades pusieron en libertad al menos a 200 detenidos entre los que había varias personas implicadas en crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado de 2012-2013. El acuerdo de paz dispone la creación de una comisión internacional que investigue los delitos cometidos contra el derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de violencia sexual, pero aún no se ha constituido.
