Ante los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, de firmar una orden ejecutiva “para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos”, Joanne Lin, directora nacional de trabajo de incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha afirmado:
“Aunque no se conoce con certeza el alcance de la nueva política propuesta por Trump, el mensaje que envía es el siguiente: el presidente está manipulando una pandemia para promover el fanatismo y la xenofobia que son los sellos distintivos de su presidencia desde el primer día.
“Somos un solo país, y de ningún modo podremos abordar la propagación de la COVID-19 sin los inagotables esfuerzos de las personas inmigrantes que prestan servicios de atención de la salud y asistencia domiciliaria, trabajan en tiendas de comestibles y producen alimentos, cuya labor se considera esencial mientras al mismo tiempo tienen que luchar para acceder a atención, apoyo y servicios.
“Cuando Estados Unidos lidera el número de casos de coronavirus en el mundo, las medidas que expertos en salud coinciden en que detendrán la propagación, como el acceso a pruebas generalizadas y el autoaislamiento, han sido ridiculizadas y menoscabadas por Trump. Si el presidente Trump quiere limitar la propagación y las muertes que tienen lugar bajo su liderazgo, ha llegado la hora de recurrir a personas expertas en salud, y no de señalar a las personas inmigrantes.”
Información general y contexto
Amnistía Internacional ha documentado las políticas contra la inmigración aplicadas por el presidente Trump desde su primera semana en el cargo, cuando firmó el denominado veto a los musulmanes (la prohibición de entrada en EE. UU. a personas musulmanas) y puso en marcha una serie de medidas que siguen sumiendo a las familias en la incertidumbre y el peligro hasta el día de hoy. Amnistía Internacional Estados Unidos se ha pronunciado en contra de la prohibición de entrada a las personas musulmanas desde el primer momento, pidiendo al Congreso su anulación mediante la aprobación de la Ley de NO PROHIBICIÓN (H. R. 2214 / S. 1123). La membresía de Amnistía Estados Unidos se movilizó en todo el país contra la prohibición en estados de todo el país, participó en una marcha de protesta y concentración en Washington DC, presentó una petición de ámbito nacional a los líderes del Congreso, y apoyó a comunidades en aeropuertos y llevó a cabo reuniones para informar a la gente de sus derechos.
Tras la prohibición, Amnistía Internacional Estados Unidos creó 12 estudios de casos de los perjuicios causados a personas y familias de Yemen, Irán, Sudán y otros lugares y documentó cómo se han trastocado vidas debido a la prohibición, y en 2019 personal de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos viajó a Líbano y Jordania para llevar a cabo casi 50 entrevistas con personas refugiadas que como consecuencia de la prohibición estaban atrapadas en países donde hacen frente a políticas restrictivas y entornos cada vez más hostiles y no tienen los mismos derechos que las personas con residencia permanente o nacionalidad. El informe de Amnistía Internacional Estados Unidos The Mountain is in Front of Us and the Sea is Behind Us documentó cómo las políticas discriminatorias de Trump han diezmado el reasentamiento de refugiados desde Líbano y Jordania, países que albergan la cifra de personas refugiadas más alta del mundo en relación con su población. Amnistía Internacional ha detallado también cómo el retorno de personas refugiadas de Líbano a Siria es prematuro y, a finales de 2019, publicó otro informe, Sent to a War Zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees, en el que se describe en detalle cómo Turquía ha deportado a personas refugiadas sirias a Siria, donde corren un grave riesgo.
Amnistía Internacional ha documentado cómo, en algunos casos, la política de separación familiar del presidente Trump ha constituido tortura tal como se define en las leyes de Estados Unidos y en el derecho internacional, ha documentado atención negligente y malos tratos a personas que buscan seguridad en Estados Unidos, lo que las pone en mayor peligro en la situación generada por la COVID-19, ha denunciado la política Quédate en México, que ha empujado a las personas solicitantes de asilo a condiciones peligrosas y precarias en México, y se ha pronunciado contra los acuerdos sobre asilo y las prohibiciones de asilo que cercenan el acceso al sistema de asilo de Estados Unidos.
