La Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó el 21 de noviembre una resolución sobre el derecho humano al agua apta para el consumo y el saneamiento. Amnistía Internacional expresa satisfacción por esta resolución, la primera en la que todos los Estados miembros de la ONU afirman que los derechos al agua y al saneamiento son legalmente vinculantes en el derecho internacional. Sin embargo, siente que por culpa de la presión de Estados Unidos, los principales patrocinadores de la resolución —Alemania y España— retirasen de ésta un párrafo que contenía una confirmación fundamental del contenido de estos derechos. La postura de Estados Unidos contrasta enormemente con las opiniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y va contra los intereses de los miles de millones de personas que carecen de acceso adecuado al agua y al saneamiento.
La resolución adoptada también pide a los Estados que tengan en cuenta estos derechos en las metas, objetivos e indicadores de la agenda de desarrollo internacional posterior a 2015. Pide a los Estados que eliminen las desigualdades en el acceso basadas en factores como las disparidades entre la población rural y la urbana, la residencia en barrios marginales y los niveles de ingresos.
La resolución pide asimismo a los Estados que consulten con las comunidades las soluciones adecuadas para garantizar un acceso sostenible. Además, pide a los Estados que pongan en marcha mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los proveedores de los servicios de agua y saneamiento a fin de garantizar que respetan los derechos humanos y no causan violaciones o abusos de estos derechos.
La resolución se trasladará ahora al plenario de la Asamblea General para su adopción a mediados de diciembre.
