La muerte por lapidación, una atrocidad contra los derechos humanos

Londres/Madrid.- La discriminación contra las mujeres en Afganistán seguirá teniendo graves consecuencias mientras el gobierno no tome medidas concretas para ponerle fin, según ha manifestado Amnistía Internacional tras el homicidio por lapidación de una mujer de 29 años acusada de adulterio. El homicidio, cometido la semana pasada, parece ser la primera ejecución que se lleva a cabo contra una mujer por cometer adulterio desde la caída del régimen talibán a finales de 2001. Según testigos presenciales, la mujer de 29 años, llamada únicamente Amina, fue sacada a rastras de la casa de sus padres en el distrito de Urgu, provincia de Badakhan, por su esposo y autoridades locales antes de ser lapidada públicamente. Al parecer, al hombre acusado de cometer adulterio con ella le propinaron cien latigazos y lo dejaron libre. Según los informes, Amina fue condenada a muerte por los tribunales locales, y ejecutada unas 48 horas después. Amnistía Internacional ha manifestado: “El caso de Amina demuestra que el gobierno afgano no protege a la población y no garantiza la justicia ni la imparte, especialmente para las mujeres”. “Las prácticas religiosas y tradicionales no pueden utilizarse como excusa para violar los derechos humanos fundamentales de las mujeres.” “El gobierno afgano tiene la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia, no sólo la perpetrada por el Estado sino también la perpetrada por grupos e individuos particulares.” Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la promesa del gobierno afgano de que investigará el homicidio ilegítimo de Amina y llevará a todos los responsables ante la justicia. La organización pide la abolición de la pena de muerte. El caso de Amina muestra lo injusta e irreparable que es su aplicación. Información complementaria Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias por considerar que constituye el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante y que viola el derecho a la vida. Esto se aplica especialmente en el caso de Afganistán, donde el sistema central de justicia penal no puede proporcionar salvaguardias adecuadas contra las decisiones de los tribunales locales y, por ahora, tampoco puede garantizar unas normas mínimas de justicia procesal y proceso debido. Amnistía Internacional pide al gobierno afgano que cumpla las obligaciones internacionales que ha contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 7 establece claramente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Conforme a lo establecido por el derecho internacional de derechos humanos, los Estados deben ejercer la diligencia debida para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, la vida, la libertad y la seguridad, así como su derecho a no sufrir discriminación, tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Ejecución inminente en Irán El próximo 1 de mayo será ejecutado Abbas Hosseini, hijo de refugiados afganos en Irán, por un asesinato que cometió cuando tenía 17 años. Irán como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, se comprometió a no ejecutar a nadie por delitos cometidos por personas menores de 18 años. Abbas Hosseini fue acusado de asesinato seis meses después de haberle asestado una puñalada a un miembro de la Guardia Revolucionaria. El Tribunal Supremo iraní confirmó la condena a muerte el 28 de octubre de 2004. Abbas Hosseini nació en septiembre de 1985 en Irán, donde su familia había huido huyendo de la guerra civil en Afganistán, y está reconocido como refugiado por el ACNUR. Tenía 17 años y cursaba estudios en un centro de enseñanza media en el momento del asesinato.  Amnistía Internacional solicita de manera urgente la acción de la ciudadanía a través de la web: www.actuaconamnistia.org para evitar que se lleve a cabo esta ejecución.