La justicia, víctima de Gujarat

Londres.- Casi tres años después del estallido de violencia de Gujarat, estado del oeste de India, los responsables continúan en libertad. La violencia se cobró la vida de más de 2.000 personas, en su mayoría musulmanas. A varios centenares de mujeres y niñas, las desnudaron, las violaron (en algunos casos en grupo) les abrieron el vientre y las arrojaron a hogueras, a veces todavía vivas. En un nuevo informe titulado  India: La justicia, víctima de Guajarat Amnistía Internacional examina cómo las autoridades del gobierno del estado, dirigido por el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), acusaron a los musulmanes de haber planeado el incendio de un tren ocurrido el 27 de febrero de 2002. Luego no tomaron medidas para impedir o detener los ataques generalizados y sistemáticos que muchedumbres hindúes perpetraron como consecuencia de ello contra miembros de la minoría musulmana; de hecho, a muchas autoridades del partido y del estado se las vio participar en ellos. En muchos casos, estos abusos contra los derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. El gobierno central (dirigido también por el BJP hasta mayo de 2004) no censuró al gobierno de Gujarat ni cuando estalló la violencia ni después de ella. Ahora, ambos gobiernos deben tomar medidas efectivas para proporcionar justicia, verdad y reparación a las víctimas.  “El gobierno del estado de Gujarat no protegió en absoluto a los musulmanes, en especial a las mujeres y las niñas, durante el estallido de violencia –señala Amnistía Internacional–. El hecho de que se niegue todavía a admitirlo y a expresar su pesar por lo ocurrido, pese a los datos aportados por gran número de observadores locales de merecido respeto, constituye una ofensa más a las víctimas.” Bilqis Yakoob Rasool, que fue víctima de una violación en grupo y perdió a 14 miembros de su familia, contó lo siguiente: ”Empezaron a molestar a las niñas y a desgarrarles la ropa. Violaron a nuestras hijas, desnudas, delante de la muchedumbre. Mataron al bebé de Shamin, que tenía dos días. Mataron a mi tío materno, y también  a la hermana de mi padre y a su marido. Después de violarlas, mataron a todas las mujeres […] Mataron también a mi bebé. La lanzaron al aire y se golpeó contra una piedra. Después de violarme, uno de los hombres me puso un pie en el cuello y me golpeó." Al sufrimiento de mujeres como Bilqis Yakoob Rasool se sumaron una sucesión de fallos institucionales que impidieron que se hiciera justicia contra sus agresores. Durantes los ataques, la policía no hizo nada o incluso participó en ellos. Cuando las víctimas intentaron presentar denuncias, la policía a menudo no las registró debidamente ni realizó investigaciones. En el caso de Bilqis Yakoob Rasool, la policía cerró la investigación alegando que no podía averiguar quiénes habían sido los violadores y los asesinos, a pesar de que ella había dado sus nombres. Los médicos a menudo no elaboraban los historiales con exactitud. Las leyes sobre violación existentes eran demasiado restringidas para poderse aplicar a la amplia gama de abusos que sufrieron las mujeres. En muchos casos, los jueces y los fiscales no protegieron a los testigos de amenazas, y se pusieron del lado de los acusados y los absolvieron.  “Apenas se ha hecho nada para impedir que esa violencia se repita –afirma Amnistía Internacional–. El gobierno del estado de Gujarat deber realizar con urgencia cambios institucionales para, entre otras cosas, impartir formación sensible a las cuestiones de género a la policía, los jueces y los fiscales. Se debe hacer rendir cuentas a quienes han obstaculizado deliberadamente el procesamiento de los autores de los abusos. Si el estado no toma medidas para remediar sus fallos, a las víctimas les resultara mucho más difícil superar su sufrimiento y volver a sentirse seguras." Algunas supervivientes se han enfrentado con valentía a estos obstáculos para pedir justicia. Bilqis Yakoob Rasool es una de ellas. Otra es Zahira Sheikh, quien vio morir quemados a familiares y vecinos en el negocio de su familia, la Best Bakery. Los casos de estas dos mujeres ponen de manifiesto fallos flagrantes cometidos en todos los niveles, incluidos la policía, los tribunales y el gobierno. Los defensores indios de los derechos humanos, las organizaciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación del país y el Tribunal Supremo han prestado apoyo a las víctimas de la violencia y contribuido a devolver a algunas de ellas la esperanza en esta última etapa. En agosto de 2004, el Tribunal Supremo ordenó revisar, con miras a la posible interposición de recursos, más de 2.000 denuncias cerradas por la policía y unas 200 causas en las que se había acabado absolviendo a los acusados. Para muchas víctimas, la justicia, si  por fin se hace, llegará demasiado tarde. “Muchas mujeres fueron quemadas vivas después de haber sido violadas, por lo que no quedó rastro alguno de los delitos cometidos contra ellas –explica Amnistía Internacional– Decenas de más no presentaron jamás una denuncia, porque se lo impidieron o porque tenían demasiado miedo o demasiada vergüenza para hacerlo. Son las víctimas olvidadas de la violencia. Amnistía Internacional envió el informe a los gobiernos de India y Gujarat antes de su publicación. Ambos hicieron detallados comentarios que han quedado reflejados en él.