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La extradición del ex primer ministro libio vulnera derechos humanos

Al Mahmoudi, primer ministro del gobierno de Muamar al Gadafi © Prime Minister of the Russian Federation
Con su extradición desde Túnez, el ex primer ministro libio, Al Baghdadi al Mahmoudi, queda expuesto a sufrir tortura, juicio injusto e incluso ejecución extrajudicial; así lo afirmó el lunes Amnistía Internacional en su crítica a las autoridades tunecinas por esta decisión. Según la información recibida, Al Mahmoudi, primer ministro del gobierno de Muamar al Gadafi desde marzo de 2006 hasta que huyó a Túnez en 2011, fue entregado el domingo a representantes libios en Túnez y trasladado en helicóptero a una prisión libia. Amnistía Internacional había pedido reiteradamente a las autoridades tunecinas, incluidos el presidente y el primer ministro, que no lo extraditaran ya que podía ser objeto de violaciones de derechos humanos en Libia. “Amnistía Internacional condena la decisión de las autoridades tunecinas de enviar a Al Mahmoudi de regreso a Libia, donde corre peligro real de sufrir tortura y otros malos tratos, juicio injusto y posible ejecución extrajudicial” señaló Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. A la organización también le preocupa que Al Baghdadi al Mahmoudi sea condenado a muerte en Libia; Amnistía Internacional se opone a la pena capital en todos los casos por considerar que es la violación máxima del derecho a la vida. “Todos los autores de violaciones de derechos humanos deben comparecer ante la justicia, pero con la extradición de Al Baghdadi al Mahmoudi, las autoridades tunecinas no sólo han violado su propia legislación sino además su obligación internacional de no devolver a nadie a un país donde corra peligro de sufrir violaciones de derechos humanos” aseguró Hassiba Hadj Sahraoui. “Se deben exigir responsabilidades a quienes autorizaron su extradición y, con ello, violaron la prohibición absoluta de devolución ante el peligro de tortura.” El ex primer ministro libio viajó a Túnez cuando las fuerzas del coronel Gadafi perdieron el control de Trípoli en agosto de 2011. Detenido a finales de septiembre y condenado a seis meses de prisión por “entrada ilegal”, ese mismo mes fue absuelto en apelación. Según las solicitudes de extradición que Amnistía Internacional ha visto, entre los cargos formulados contra Al Baghdadi al Mahmoudi en Libia figuran “malversación de dinero público”, “insultos a funcionarios públicos”, “amenazas a agentes de seguridad con armas” e “incitación a cometer violación”. Las acusaciones están basadas en hechos presuntamente ocurridos entre 2006 y 2011. La extradición de Al Mahmoudi había sido aprobada por un tribunal de apelación tunecino en noviembre de 2011, pero el presidente Moncef Marzouki, única autoridad facultada por la legislación tunecina para autorizar dicha extradición, la había paralizado afirmando que no la consentiría por motivos de preocupación relacionados con derechos humanos. Según informes, la oficina del primer ministro ha manifestado que la extradición se llevó a cabo debido a la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación en noviembre. Marzouki, ex activista de derechos humanos, niega haber autorizado la extradición. Según el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal tunecino, el presidente tiene la decisión final sobre todas las extradiciones. Amnistía Internacional señala que al ex primer ministro se le debe permitir acceso a abogados y familiares y garantizar un juicio con las debidas garantías en Libia. La organización ha documentado en Libia numerosos casos recientes de detenidos que firmaron declaraciones bajo tortura o coacción. Asimismo, Amnistía Internacional tiene indicios de al menos 20 casos de muerte bajo custodia en Libia desde agosto. Según informes, la prisión donde está recluido Al Baghdadi al Mahmoudi depende del Ministerio de Justicia. Decenas de centros de detención oficiales y semioficiales de Libia están bajo el control de milicias armadas que son responsables de graves abusos contra los derechos humanos, que incluyen tortura y otros malos tratos e incluso ejecuciones extrajudiciales.

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