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La citación inicial de dos presuntos responsables de crímenes de guerra, un paso pequeño pero importante hacia la justicia en Darfur

Londres.- Amnistía Internacional ha manifestado que la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar la comparecencia de dos presuntos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur es un paso pequeño pero importante para lograr justicia para los millones de víctimas de estos crímenes en Darfur. La organización ha instado al fiscal a emitir más citaciones u órdenes de detención lo antes posible.

Amnistía Internacional también ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que exija al gobierno de Sudán que no sólo detenga y entregue a los dos sospechosos, si éstos no comparecen voluntariamente, sino que además promulgue y aplique la legislación necesaria para llevar ante la justicia a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.

Ahmad Harun y Ali Muhammad Ali Abdelrahman (también conocido como Ali Kushayb) han sido acusados de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que incluyen homicidios, destrucción de bienes, pillaje, traslado forzoso de población, violaciones, privación de libertad, tortura, ultrajes a la dignidad personal y otros actos inhumanos. Ahmad Harun fue viceministro de Interior y Ali Muhammad Ali Abdelrahman es un conocido líder yanyawid.

La orden contra Ahmed Harum tiene especial importancia, ya que es la primera vez que la CPI trata de procesar a una persona por hechos sucedidos cuando estaba en el gobierno. También refleja los vínculos entre el gobierno y las milicias yanyawid, vínculos que el gobierno sudanés sigue negando.

La citación inicial contra estos dos hombres se produce un año y medio después del inicio de las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur. Hasta hoy, ningún fiscal de Sudán ni de ningún otro lugar ha hecho ningún intento serio de investigar o enjuiciar esos crímenes. El anuncio de citación hecho hoy ilustra la magnitud del desafío al que se enfrenta la comunidad internacional para lograr que las miles de personas que han cometido –y siguen cometiendo– esos crímenes en Darfur con total impunidad comparezcan ante la justicia, y para conseguir que los millones de víctimas y sus familias obtengan plena reparación ante la CPI, los tribunales sudaneses o los tribunales de otros Estados que ejerzan la jurisdicción universal.

El fiscal de la CPI ha indicado que, aunque en virtud del Estatuto de Roma de la CPI está facultado para investigar y procesar a cualquier persona sospechosa de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no puedan o no quieran hacerlo, sólo perseguirá a “los líderes que tengan la máxima responsabilidad en estos crímenes”. Está claro que en Sudán hay muchas otras personas que encajan en esta categoría y contra las cuales se pueden obtener pruebas admisibles, y que para aplicar su política el fiscal tendrá que pedir muchas más citaciones u órdenes de detención en un futuro próximo. Amnistía Internacional recibe con agrado este compromiso formulado hoy de investigar otros crímenes que siguen cometiéndose en Darfur.

Aunque el Consejo de Seguridad, en su resolución 1593 (2005), estableció que Sudán debe “cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria”, el ministro de Justicia de Sudán, Mohamed Ali al-Mardi, ha declarado hoy al parecer que “la CPI carece de jurisdicción para juzgar a cualquier sudanés” y que “el gobierno de Sudán no permitirá que ningún sudanés sea juzgado y castigado fuera del marco de justicia nacional”. La CPI no cuenta con un cuerpo de policía que ejecute sus órdenes de detención si los sospechosos no responden a las citaciones. Para detenerlos depende de la voluntad de los gobiernos de los Estados donde se encuentran los sospechosos, o de las fuerzas de pacificación, como la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). Sin embargo, la Unión Africana lleva más de un año negándose a firmar un acuerdo de cooperación con la CPI para ayudarla en sus investigaciones y entregarle a sospechosos.

Puesto que Sudán se niega a entregar a los sospechosos, corresponde ahora a la comunidad internacional, incluida la Unión Africana, hacer efectivas las citaciones de la CPI en caso de que los sospechosos no se entreguen. Si se emiten citaciones (u órdenes de detención) pero no se emprende ninguna acción al respecto, seguirá negándose a las víctimas y sus familias la justicia y la reparación. La comunidad internacional debe actuar sobre el caso de Sudán, no sólo para hacer justicia por los crímenes de Darfur, sino también para salvaguardar la efectividad a largo plazo de la CPI.

La magnitud de los crímenes cometidos en Darfur es enorme. Desde que comenzó el conflicto más de dos millones de personas se han visto desplazadas, unas 85.000 han muerto, y miles de hombres y mujeres han sido violados.

Como ha reconocido ya el Consejo de Seguridad en el caso de Ruanda, la responsabilidad de investigar y procesar a los sospechosos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es una responsabilidad compartida. Además de exigir a Sudán que cumpla con su papel, el Consejo de Seguridad debe pedir a todos los demás Estados que garanticen que no se convierten en refugio para personas sospechosas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur. Todos los Estados deben contar con la legislación necesaria para juzgar a presuntos criminales de guerra, y deben aplicar esta legislación cuando los sospechosos se encuentren en su territorio. Asimismo, deben estar dispuestos a aceptar la transferencia de casos de otras jurisdicciones que no puedan o no quieran enjuiciarlos.

Si desean más información, consulten el informe de Amnistía Internacional Sudán: Los principales actores deben obrar ya con determinación para garantizar que se hace justicia en Darfur, en http://web.amnesty.org/library/index/eslior410322006