Con la complicidad de jueces y fiscales, la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones iraníes han cometido una larga lista de escandalosas violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos contra personas detenidas en relación con las manifestaciones que barrieron el país en noviembre de 2019. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional en un condenatorio informe publicado hoy.
El informe, titulado Trampled Humanity: Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November protests, documenta los angustiosos relatos de decenas de manifestantes, transeúntes y otras personas que fueron detenidas violentamente, sometidas a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, desprovistas sistemáticamente de acceso a asistencia jurídica durante los interrogatorios, y torturadas reiteradamente para hacerlas “confesar”. Son los relatos de algunas de las 7.000 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) detenidas por las autoridades iraníes en cuestión de días durante su brutal represión de las manifestaciones.
Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica, personas que defienden los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, periodistas y personas que participaron en ceremonias en memoria de quienes habían muerto durante las protestas. Desde entonces, cientos de personas han sido condenadas a penas de prisión y flagelación y varias más a muerte, tras juicios manifiestamente injustos presididos por jueces parciales y celebrados a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se basaban sistemáticamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.
“En los días que siguieron a las manifestaciones masivas, los vídeos que mostraban a las fuerzas de seguridad iraní matando e hiriendo a manifestantes y transeúntes desarmados conmocionaron al mundo. Mucho menos visible ha sido el repertorio de crueldad contra las personas detenidas y sus familias perpetrado por las autoridades iraníes lejos del escrutinio público”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Esta interminable sucesión de delitos y violaciones de derechos, cometidos con total impunidad, ha venido acompañada de una ola de 'confesiones' forzadas en vídeos propagandísticos oficiales”
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
“En lugar de investigar las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y otros delitos cometidos contras las personas detenidas, los fiscales de Irán se convirtieron en cómplices de la campaña de represión al presentar cargos relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, mientras los jueces imponían sentencias condenatorias basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. Esta interminable sucesión de delitos y violaciones de derechos, cometidos con total impunidad, ha venido acompañada de una ola de ‘confesiones’ forzadas televisadas en vídeos propagandísticos oficiales y declaraciones grotescas de altos cargos que elogiaban a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad calificándolos de héroes por su papel en la brutal represión.”
Amnistía Internacional ha registrado los nombres y datos de más de 500 manifestantes y otras personas, entre ellas periodistas y personas que defienden los derechos humanos, a quienes se ha sometido a procesos penales injustos en relación con las manifestaciones.
Las penas de prisión impuestas a las personas condenadas oscilan entre un mes y 10 años de cárcel, por cargos vagos o falsos relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difundir propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público” e “insultos al Líder Supremo”. De las personas condenadas, al menos tres, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por actos de vandalismo, y otro hombre, Hossein Reyhani, está en espera de juicio por un delito punible con la muerte.
Amnistía Internacional tiene constancia de más de una decena de casos en los que se han impuesto penas de flagelación además de las penas de cárcel y, en al menos dos casos, las penas de flagelación se han ejecutado.
Amnistía Internacional insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a abordar la impunidad prolongada y sistemática por graves violaciones de derechos humanos en Irán y, entre otras medidas, apoyar el establecimiento de una investigación dirigida por la ONU cuyo objetivo sea garantizar la rendición de cuentas y la no repetición de estos hechos.
La organización insta también a todos los Estados miembros de la ONU a pedir enérgicamente a las autoridades iraníes que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que continúan encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las manifestaciones de noviembre de 2019; los Estados también deben pedir a las autoridades de Irán que anulen todas las sentencias condenatorias dictadas en juicios injustos, incluidas las basadas en declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, y que hagan rendir cuentas a los responsables.
Epidemia de torturas
La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que hubo un uso generalizado de la tortura y otros malos tratos por parte de la policía, los servicios de inteligencia y de seguridad y los funcionarios de prisiones contra hombres, mujeres, niños y niñas, tanto en el momento de la detención como durante la reclusión.
La fiscalía y las autoridades judiciales no cumplieron con su obligación legal de llevar a cabo inspecciones independientes e imparciales de los centros de detención, incluidos los dirigidos por los cuerpos de inteligencia y de seguridad; tampoco cumplieron con su obligación de garantizar el respeto de las disposiciones legales que prohíben el uso de centros secretos de detención, así como la tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas.
Se utilizó la tortura para castigar, intimidar y humillar a las personas detenidas. También se utilizó de forma habitual para extraer “confesiones” y declaraciones incriminatorias, no sólo sobre su participación en las protestas, sino también sobre su presunta relación con grupos de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación de fuera de Irán y gobiernos extranjeros.
Según la investigación llevada a cabo por la organización, con frecuencia a las víctimas las encapuchaban o les vendaban los ojos, les daban puñetazos, patadas y latigazos, las golpeaban con palos, mangueras de goma, cuchillos, porras y cables, las colgaban de ganchos o las obligaban a permanecer en dolorosas posturas en tensión durante periodos prolongados, las privaban de alimentos suficientes y de agua potable, las recluían en régimen de aislamiento prolongado, a veces durante semanas o incluso meses, y les negaban la atención médica por heridas recibidas durante las protestas o a causa de las torturas.
Otros métodos documentados de tortura consistían en desnudar a las personas detenidas y mojarlas con agua fría, someterlas a temperaturas extremas y a bombardeos de luz o acústicos, arrancarles las uñas de las manos y los pies, rociarlas con aerosoles de pimienta, administrarles forzosamente sustancias químicas, aplicarles descargas eléctricas, someterlas a simulacros de ahogamiento y realizar simulacros de ejecución.
Además, según la información recibida por Amnistía Internacional de fuentes primarias, las personas encargadas de los interrogatorios y los funcionarios de prisiones cometieron actos de violencia sexual contra detenidos varones; entre otras cosas, los obligaron a desnudarse, les dirigieron insultos de carácter sexual, les rociaron con aerosoles de pimienta en la zona genital y les aplicaron descargas eléctricas en los testículos.
Una víctima de la provincia de Jorasán Razaví que fue sometida a simulacros de ahogamiento explicó a Amnistía Internacional: “[Mis interrogadores] mojaban una toalla con agua y me la ponían en la cara. Después vertían agua lentamente sobre la toalla, para hacerme sentir que me ahogaba [...] entonces se detenían [...] hasta que me empezaba a encontrar mejor y entonces empezaban con la misma tortura otra vez. También me dieron puñetazos y patadas, y me flagelaron las plantas de los pies con un cable”.
Un hombre al que aplicaron descargas eléctricas relató: “Las descargas eléctricas fueron la peor forma de tortura [...] Sentía como si me clavaran millones de agujas en todo el cuerpo. Si me negaba a responder a sus preguntas, subían el voltaje y me daban descargas más fuertes. Yo sufría violentas sacudidas y sentía una intensa quemazón en todo el cuerpo [...] La tortura me ha dejado secuelas duraderas de salud física y metal. A día de hoy, todavía no puedo dormir por las noches”.
Una víctima de la provincia de Teherán, que estuvo colgada de un palo por las manos y los pies en una postura dolorosa, en un método que sus interrogadores denominaban “kebab de pollo”, explicó a la organización: “El dolor era terrible. Sentía tanta presión y tanto dolor en el cuerpo que me orinaba encima […] Mi familia sabe que me han torturado, pero no sabe cómo. La angustia me consume, porque aquí no hay nadie con quien pueda hablar”.
En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las víctimas denunciaron diversas formas de tortura psicológica destinadas a hacerlas “confesar”, como el uso de insultos degradantes y obscenidades, intimidación y acoso a los miembros de sus familias, amenazas de detener, torturar, matar o dañar de otro modo a sus familiares, entre ellos padres de avanzada edad o cónyuges, y amenazas de violaciones a las personas detenidas o a las mujeres de su familia.
Desapariciones forzadas
La investigación de Amnistía Internacional ha revelado que muchas personas detenidas fueron sometidas a desaparición forzada durante semanas o incluso meses en que estuvieron recluidas en lugares desconocidos dirigidos por los servicios de inteligencia y cuerpos de seguridad, entre ellos, el Ministerio de Inteligencia o la Guardia Revolucionaria. Otras personas detenidas estuvieron recluidas en prisiones o comisarías de policía, cuarteles militares, recintos deportivos y escuelas, todos ellos masificados.
Las angustiadas familias contaron a la organización que visitaron hospitales, morgues, comisarías de policía, oficinas de la fiscalía, juzgados, prisiones y otros centros de detención conocidos para preguntar por la suerte o el paradero de sus seres queridos, pero las autoridades se negaron a facilitarles información y amenazaron con detenerlas si continuaban buscando información o hablando en público de las personas desaparecidas.
En uno de los casos documentados por Amnistía Internacional, las autoridades detuvieron a un familiar de dos personas que habían sido sometidas a desaparición forzada por preguntar por la suerte y el paradero de sus seres queridos.
Amnistía Internacional tiene conocimiento de tres casos abiertos de desaparición forzada en los que las autoridades continúan ocultando la suerte y el paradero de las personas desaparecidas a sus familiares. Entre estas personas desaparecidas se encuentran los hermanos Mehdi Roodbarian y Mostafa Roodbarian de Mahshahr, en la provincia de Juzestán.
Metodología
La investigación llevada a cabo por la organización ha incluido entrevistas en profundidad con 60 víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos o con sus familiares o conocidos cercanos; ha incluido también entrevistas con dos manifestantes que vivían escondidos y con otras 14 personas que tenían información, así como información recibida por escrito de varios cientos de personas más en el país, y análisis de imágenes de vídeo, declaraciones oficiales y documentos judiciales.
FIN
