Según fotografías, imágenes difundidas en las redes sociales y relatos de testigos, el 7 de agosto, las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente perdigones contra miembros de la minoría kurda que protestaban pacíficamente en la ciudad de Naqadeh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, e hirieron a decenas de personas. Personas que presenciaron los hechos dijeron a Amnistía Internacional que la mayoría ha evitado acudir al hospital por miedo a la detención y la tortura y otros malos tratos.
“Las autoridades iraníes han dado, una vez más, vía libre a sus fuerzas de seguridad para infligir lesiones corporales graves a personas que protestaban a fin de mantener su férreo control del poder y aplastar la disidencia. El hecho de que las personas afectadas arriesguen su vida y su salud al no acudir al hospital por miedo a ser detenidas arbitrariamente dice mucho de los crueles métodos de tortura y otros malos tratos empleados por las autoridades contra las personas detenidas” afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Ya es hora de que la comunidad internacional tome medidas concretas por el reiterado despliegue letal de fuerza ilegítima que hace con impunidad el gobierno iraní contra quienes protestan, lo que incluye el apoyo al establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para recopilar datos de crímenes de derecho internacional y facilitar unas actuaciones penales independientes”.
Para dispersar las protestas de Naqadeh el 7 de agosto, las fuerzas de seguridad también dispararon gas lacrimógeno y golpearon con porras a quienes se manifestaban pacíficamente. Además, Mohammad Alizadeh, un hombre de 27 años, murió por disparos efectuados por una persona vestida de civil durante los sucesos.
Estos hechos se han producido semanas después de que las fuerzas de seguridad iraníes disparasen ilegítimamente munición real para reprimir unas protestas en su mayoría pacíficas por la escasez de agua en la provincia meridional de Juzestán que se propagaron a la provincia de Lorestan, lo que se saldó con la muerte de al menos 11 personas entre manifestantes y viandantes, incluido un adolescente, y heridas de decenas de personas, algunas menores de edad. También hay una oleada de detenciones en curso en un suburbio pobre de las afueras de la ciudad de Kermanshah, en la provincia del mismo nombre, en respuesta a las protestas en solidaridad con Juzestán que tuvieron lugar el 26 de julio.
Amnistía Internacional habló con tres personas que participaron en las protestas, tres familiares y seis personas defensoras de los derechos humanos.
Munición real y heridas de perdigón
Durante las protestas en la ciudad de Naqadeh el 7 de agosto, Mohammad Alizadeh murió por disparos en la pelvis cuando era perseguido por una calle lateral. Dos testigos presenciales dijeron a un miembro de la familia al que entrevistó Amnistía Internacional que un hombre vestido de civil le había disparado con una pistola y que éste caminaba detrás de un grupo de policías antidisturbios que perseguían a los manifestantes, lo que indica que actuaba junto con las fuerzas de seguridad o al menos con su aquiescencia. Amnistía Internacional obtuvo una radiografía de la pelvis de Mohammad Alizadeh compatible con heridas de munición real.
Al igual que innumerables manifestantes más, Mohammad Alizadeh decidió no buscar asistencia médica por temor a ser detenido. Según fuentes informadas, no se dio cuenta de que había sido alcanzado por munición real porque no sufría ninguna hemorragia externa visible. Cayó inconsciente poco después y murió camino del hospital. Las autoridades forenses estatales dijeron a su familia que había muerto por una hemorragia interna causada por heridas de bala.
Un miembros de la familia añadió que las autoridades presionaron a ésta para que enterrase el cuerpo de Mohammad Alizadeh en un cementerio fuera de Naqadeh y que agentes de los servicios de inteligencia y de seguridad los escoltaron hasta el lugar de la inhumación.
“Las autoridades iraníes deben permitir una investigación penal efectiva, independiente e imparcial sobre las circunstancias de la muerte de Mohammad Alizadeh y hacer que los responsables del homicidio respondan ante la justicia en un juicio justo y sin recurso a la pena de muerte”, añadió Diana Eltahawy.
Amnistía Internacional examinó también múltiples fotos que mostraban heridas de perdigón con los patrones clásicos de rociado en la espalda, las piernas, el abdomen, el cuello y la cara de manifestantes en Naqadeh. La organización también obtuvo una foto que mostraba una herida en la región occipital de la cabeza de un manifestante que podría haber sido causada por un bote de gas lacrimógeno o por balas de goma. Un perito patólogo externo verificó de forma independiente los detalles de las heridas.
Testimonios, fotografías y vídeos obtenidos por testigos presenciales, respaldados por imágenes de vídeo que circulan en las redes sociales desde el 7 de agosto, indican que entre las fuerzas de seguridad desplegadas había policías antidisturbios del Mando de la Unidad Especial de la policía iraní, así como agentes armados vestidos de civil. Basándose en los chalecos de camuflaje que vestían y en las armas que llevaban, los testigos creían que pertenecían a la milicia paramilitar de voluntarios denominada Basij.
Las personas que protestaron también denunciaron incidentes de hostigamiento y agresión a manos de algunos hombres vestidos de civil que se cree eran residentes locales que salieron en apoyo de las fuerzas de seguridad con cuchillos y palos y lanzando piedras contra quienes se manifestaban, aparentemente con la aquiescencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hay vídeos publicados en las redes sociales que muestran a grupos de policías antidisturbios y personas vestidas de civil atacando a manifestantes y dañando propiedades de forma conjunta.
Según las leyes y normas internacionales, nunca deben usarse escopetas de perdigones en situaciones de actuación policial. El uso de medios letales está asimismo prohibido salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger de una amenaza inminente de muerte o de lesión grave, lo que, según las investigaciones de Amnistía Internacional no ha sido el caso en los últimos años en Irán.
Estremecedores asaltos y detenciones, desaparición forzada y tortura
Desde hace casi un mes, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad iraníes están practicando detenciones arbitrarias masivas de cientos de personas, algunas menores de 12 años, para reprimir las protestas. En muchos casos, las autoridades sometieron inicialmente a las personas detenidas a varios días de desaparición forzada. La represión está teniendo lugar en varias ciudades de Juzestán, donde hubo protestas entre el 15 y el 25 de julio, así como en un suburbio de Kermanshah conocido como Mahdieh o Dareh Derizh, donde hubo protestas el 26 de julio.
Muchos manifestantes fueron recluidos inicialmente en centros de detención del Ministerio de Inteligencia o de la Guardia Revolucionaria, donde la tortura y otros malos tratos son generalizados.
Según testigos presenciales y personas que defienden los derechos humanos entrevistados por Amnistía Internacional, entre las personas afectadas en Juzestán y Kermanshah no sólo hay manifestantes identificados por informantes o imágenes de cámaras de vigilancia, sino también activistas y personas que habían sido detenidas en las protestas nacionales de noviembre de 2019.
En muchos casos, las personas detenidas fueron aprehendidas por hombres armados con la cara tapada en violentos asaltos nocturnos a sus domicilios.
El familiar de un hombre de Ahvaz, en la provincia de Juzestán, que salió en libertad después de 12 días de detención, dijo a Amnistía Internacional que su pariente estuvo recluido en régimen de aislamiento en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia. Dijo que lo interrogaron con los ojos vendados, que lo abofetearon repetidamente, lo amenazaron con la prisión prolongada y lo obligaron a firmar unas declaraciones escritas que no le permitieron leer.
Durante las protestas en Ahvaz también fue arrestado un niño de 14 años y llevado a un centro de detención de la Guardia Revolucionaria. Según una persona que lo conocía, el niño estuvo detenido sin acceso a su familia ni a asistencia letrada cerca de una semana y, cuando salió en libertad, tenía hematomas en la cara y el cuerpo.
Un testigo presencial de la zona próxima a Kermanshah describió torturas y otros malos tratos similares contra las personas a las que habían detenido en su barrio desde el 26 de julio y citó el caso de un amigo que salió de prisión con hematomas en todo el cuerpo.
Cientos de personas permanecían detenidas en condiciones de hacinamiento, lo que las ponía en riesgo de contraer la COVID-19.
“Las autoridades iraníes deben acabar inmediatamente con esta oleada de arrestos y detenciones arbitrarios, poner en libertad a todas las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y proteger a todas las personas detenidas de la tortura y otros malos tratos”, concluyó Diana Eltahawy.
