Amnistía Internacional y el Centro Abdorrahman Boroumand han comunicado hoy que, desde que comenzó el año, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a una persona árabe ahwazí, 14 kurdas y 13 baluchis tras juicios manifiestamente injustos —y han condenado a muerte como mínimo a 12 más—, en una escalofriante escalada del empleo de la pena de muerte como herramienta de represión contra las minorías étnicas.
Asimismo, las investigaciones de Amnistía Internacional y el Centro Abdorrahman Boroumand revelan que las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 94 personas en total sólo entre los meses de enero y febrero —con un espeluznante trasfondo de denuncias de violencia sexual y otras torturas—, lo que supone un considerable aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado.
“Las autoridades iraníes están llevando a cabo ejecuciones a un ritmo aterrador. Su actuación constituye un ataque contra el derecho a la vida, y un indisimulado intento no sólo de oprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el miedo a la fuerza bruta que le espera a la disidencia, ya sea en la calle o en el patíbulo”, ha declarado Roya Boroumand, director ejecutivo de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand.
Ejecuciones tras juicios injustos y tortura
A finales de febrero, las autoridades iraníes ejecutaron en secreto a un hombre árabe ahwazí y a otro kurdo, tras juicios manifiestamente injustos. Asimismo, a lo largo de las últimas semanas han condenado a muerte al menos a seis personas árabes ahwazíes y a seis baluchis más, algunas de ellas declaradas culpables en relación con las protestas que prenden por todo el país desde el pasado mes de septiembre.
El 20 de febrero, el árabe ahwazí Hassan Abyat fue ejecutado en la prisión de Sepidar (provincia de Juzestán), mientras que el 22 de febrero, el kurdo Arash (Sarkawt) Ahmadi corrió la misma suerte en la prisión de Dizel Abad (provincia de Kermanshah). Fuentes bien informadas aseguraron a Amnistía Internacional que, tras su detención, los interrogadores sometieron a ambos hombres a tortura y a otros malos tratos para obligarlos a “confesar”. Violando el derecho a la presunción de inocencia, sus “confesiones” forzosas fueron retransmitidas por los medios de comunicación estatales, en una maniobra de las autoridades destinada a denigrarlos y justificar sus ejecuciones. No se les permitió tampoco acceder a representación legal y sus ejecuciones se consumaron en secreto, sin notificación previa a las familias ni permitir a éstas una última visita.
Hassan Abyat fue condenado a muerte dos veces: una, por el Tribunal Revolucionario, por “enemistad con Dios” (moharebeh); y otra, por el Tribunal de lo Penal, por asesinato (ghesas) —en referencia a la muerte de un agente de la fuerza paramilitar Basij en 2011— y por presunta pertenencia a un “grupo de oposición”. Hassan Abyat negó toda participación en la muerte del agente. Tras haberlo sometido a desaparición forzada, los interrogadores ataron a Hassan Abyat a una cama especial de tortura, lo golpearon con cables y le administraron descargas eléctricas en los testículos, según un testigo que, además, describió a Amnistía Internacional cómo podían verse las cicatrices de la tortura en el cuerpo de Hassan Abyat. El tribunal lo declaró culpable sin investigar las denuncias de tortura.
Arash (Sarkawt) Ahmadi, que fue también detenido en enero de 2021, fue condenado a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) debido a su pertenencia en el pasado a un grupo de oposición kurdo-iraní proscrito y a la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. Según activistas kurdos de derechos humanos, los interrogadores de la Guardia Revolucionaria lo obligaron a “confesar” bajo tortura y otros malos tratos.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena capital es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Según el derecho internacional, la imposición de pena de muerte tras un juicio sin garantías constituye una privación arbitraria del derecho a la vida.
Hombres árabes ahwazíes y baluchis condenados a muerte
A lo largo de las últimas semanas, al menos 12 personas de las minorías árabe ahwazí y baluchi han sido condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos.
El 14 de febrero se comunicó a seis hombres árabes ahwazíes —Ali Mojadam, Moein Khanfari, Mohammad Reza Mojadam, Seyed Salem Mousavi, Seyed Adnan Mousavi y Habib Deris— que habían sido condenados a muerte tras un juicio colectivo ante el Tribunal Revolucionario de Ahvaz, en una causa judicial que se remontaba a 2017, por el cargo de “enemistad con Dios” (moharebeh) debido a su presunta “pertenencia a grupos ilegales”. Según activistas ahwazíes de derechos humanos, para condenarlos se utilizaron sus propias “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, al menos seis jóvenes de la minoría baluchi fueron condenados a muerte en diferentes juicios relacionados con las protestas que tuvieron lugar en la provincia de Sistán y Baluchistán en septiembre de 2022. Shoeib Mirbaluchzehi Rigi, Kambiz Khorout, Ebrahim Narouie, Mansour Hout, Nezamoddin Hout, y Mansour Dahmaredeh, que tiene una discapacidad física, fueron condenados a muerte por los cargos de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) o “enemistad con Dios” (moharebeh), por incendios provocados y lanzamiento de piedras. El derecho internacional prohíbe el empleo de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten a lo que se entiende por “los más graves delitos”, que entrañan el homicidio intencional.
Según fuentes conocedoras del caso, los interrogadores sometieron a los hombres a torturas y otros malos tratos, incluida violencia sexual, para obligarlos a “confesar”. Según dichas fuentes, a Ebrahim Narouie le clavaron agujas en los genitales, mientras que a Mansour Dahmardeh lo golpearon con tal violencia que le rompieron los dientes y la nariz.
De las 28 personas de minorías ejecutadas en 2023, 19 fueron declaradas culpables de delitos de drogas; 7, de asesinato; y 2, de los muy generales e imprecisos cargos de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz) o “enemistad con Dios” (moharebeh), que no se ajustan al principio de legalidad.
“Causa pavor observar cómo las ejecuciones suelen estar precedidas por el empleo sistemático de ‘confesiones’ extraídas mediante tortura a fin de condenar a la persona acusada en juicios manifiestamente injustos. El mundo debe actuar de inmediato para presionar a las autoridades iraníes a fin de que dicten una moratoria oficial de las ejecuciones, anulen las sentencias condenatorias y las condenas a muerte injustas y retiren todos los cargos relacionados con la participación pacífica en actos de protesta”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Asimismo, instamos a todos los Estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes contra los que existan sospechas razonables de responsabilidad penal en delitos de derecho internacional y en otras violaciones graves de los derechos humanos.”
