La persecución de la minoría religiosa bahaí por las autoridades iraníes se ha intensificado con una reciente oleada de allanamientos, detenciones arbitrarias, demoliciones de viviendas y expropiaciones de tierras, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Desde el 31 de julio de 2022, agentes del Ministerio de Inteligencia iraní han allanado y confiscado en varias ciudades de todo el país decenas de propiedades de personas bahaíes y han detenido al menos a 30 miembros de la comunidad bahaí en razón de su credo. Las autoridades han sometido a un número aún mayor de personas a interrogatorios o las han obligado a llevar tobilleras electrónicas. El Ministerio de Inteligencia anunció el 1 de agosto que las personas detenidas eran “miembros principales del partido de espionaje bahaí” que “propagaban la doctrina bahaí” y “trataban de infiltrarse en diversos niveles del sector educativo en todo el país, especialmente en los jardines de infancia”.
“La execrable ofensiva contra la minoría religiosa bahaí es una manifestación más de la larga persecución que desde hace decenios llevan a cabo las autoridades iraníes contra esta comunidad pacífica . Las personas bahaíes de Irán no pueden sentirse a salvo en sus hogares o mientras profesan su fe porque corren el riesgo de persecución”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Las autoridades deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas bahaíes detenidas recientemente y a toda persona que ya estuviera en prisión únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión. Todas las sentencias condenatorias y las condenas impuestas por este motivo deben ser revocadas de inmediato.”
En Shiraz, provincia de Fars, otros 26 hombres y mujeres se hallan en riesgo inminente de sufrir detención arbitraria tras haber sido declarados culpables por un Tribunal Revolucionario de cargos falsos relacionados con la seguridad nacional derivados de su identidad como fieles bahaíes en un juicio masivo manifiestamente injusto y condenados en junio de 2022 a penas de cárcel de entre dos y cinco años.
Según la Comunidad Internacional Bahaí, las recientes detenciones elevan a un mínimo de 68 el número total de personas encarceladas en Irán a causa de su fe bahaí, incluidas las que están en prisión desde 2013. Según Naciones Unidas, más de 1.000 personas bahaíes corren actualmente el riesgo de ser encarceladas.
Intensificación de la persecución
El 2 de agosto de 2022, las autoridades demolieron seis casas de bahaíes y confiscaron más de 20 hectáreas de tierras en la localidad de Roshankouh en la provincia de Mazandarán, en el norte de Irán. Según informaciones de medios de comunicación estatales, las demoliciones se llevaron a cabo en presencia de varios altos funcionarios judiciales y del poder ejecutivo.
Tres víctimas dijeron a Amnistía Internacional que más de 200 agentes de diversas fuerzas de seguridad, incluidos agentes de inteligencia vestidos de civil y policías antidisturbios, acordonaron la población y su carretera de acceso desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y confiscaron los teléfonos móviles de sus habitantes para impedir que filmaran la operación, golpearon o rociaron con gas pimienta a algunas personas —entre ellas varios hombres de edad avanzada que se habían concentrado pacíficamente para protestar por las demoliciones— y dispararon al aire para dispersar a la multitud. Dos hombres estuvieron detenidos durante varias horas después de haber sufrido fuertes palizas.
Desde 2016, las autoridades intentan apropiarse de bienes de personas bahaíes en Roshankouh con el falso pretexto de que han invadido parajes protegidos. Como consecuencia de las recientes confiscaciones, se ha privado al menos a 18 agricultores bahaíes su medio de vida. En 2021, las autoridades también demolieron dos casas de bahaíes que estaban en construcción y confiscaron aproximadamente una hectárea de tierra que era el medio de vida de dos familias de agricultores bahaíes.
En otro caso, un tribunal de apelación confirmó un fallo de 25 de junio 2022 que autorizaba la confiscación de 18 propiedades bahaíes en la provincia de Semnán aduciendo que sus propietarios eran figuras destacadas de la “perversa secta bahaí”, que “se dedica a actividades ilegales y espionaje en beneficio de extranjeros”.
En el últimos 10 años, las autoridades de Semnán han cerrado por la fuerza al menos 20 comercios de bahaíes, han confiscado los equipos de dos unidades de fabricación bahaíes y han confiscado o impedido el acceso a las tierras de dos empresas bahaíes dedicadas a la agricultura y la cría de animales.
“Las autoridades iraníes han impuesto descaradamente un sistema de discriminación y opresión contra la población bahaí. Las autoridades iraníes deben abolir todas las leyes, políticas y prácticas institucionales discriminatorias que se han adoptado para expulsar y desposeer a las personas bahaíes de sus tierras y propiedades y despojarlas de sus derechos humanos, y garantizar que la personas bahaíes pueden existir y practicar su fe de manera libre y abierta” ha afirmado Heba Morayef.
Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente el 23 de agosto en la que instaba a las personas de todo el planeta a enviar cartas y a denunciar la intensificación de los ataques contra la minoría bahaí que llevan a cabo las autoridades iraníes.
Información complementaria
Las personas bahaíes constituyen la minoría religiosa no musulmana más numerosa de Irán. Sufren violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada, cierre forzado de negocios, confiscación de bienes, demolición de viviendas, destrucción de cementerios y discurso de odio a cargo de funcionarios y medios de comunicación estatales, tienen prohibido el acceso a la educación superior.
En 1991, el Consejo Supremo de la Revolución Cultural adoptó una política oficial, aprobada por el Líder de la República Islámica de Irán, que establece con claridad que “las relaciones del Estado con los bahaíes deben efectuarse de tal modo que se impida su avance y desarrollo”. La política añade que “deben ser expulsados de las universidades” y que “se les negará el empleo si se identifican como bahaíes” y “todo puesto de influencia, como en el sector educativo”.
Las autoridades iraníes han usado el hecho de que la sede central de la religión bahaí esté en Haifa (Israel) para denunciar la fe y acusar falsamente a su comunidad de espionaje.
