Las fuerzas de seguridad iraníes mataron ilegítimamente al menos a 66 personas, entre ellas niños y niñas, y causaron lesiones a centenares más al disparar munición real, perdigones y gas lacrimógeno contra manifestantes, transeúntes y fieles religiosos durante la represión violenta ejercida tras las oraciones del viernes 30 de septiembre en Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Desde entonces, otras 16 personas han muerto violentamente en otros incidentes relacionados con la represión de las protestas en curso en Zahedán. Las pruebas recabadas por activistas, familiares de víctimas y testigos presenciales, así como imágenes y vídeos de las protestas, sugieren que el número real de muertes en Zahedán probablemente sea más elevado.
El ataque del 30 septiembre, acontecimiento al que la población iraní se refiere ampliamente como el “viernes sangriento”, marcó la jornada más mortífera registrada desde el inicio de las protestas que se extienden por todo Irán desde hace casi tres semanas, cuando Mahsa Amini, detenida por la policía “de la moral” iraní, perdió la vida bajo custodia.
“Las autoridades iraníes han mostrado reiteradamente un profundo desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y no se detendrán ante nada para mantenerse en el poder. La violencia cruel que las fuerzas de seguridad iraníes están desplegando no surge de la nada. Es resultado de la impunidad sistemática y de la respuesta decepcionante de la comunidad internacional”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Es particularmente abominable que casi tres años después de las protestas de noviembre de 2019, en las que cientos de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo, las autoridades iraníes continúen con descaro su asalto implacable contra la vida. La única forma de romper el círculo de impunidad que posibilita esas acciones es que los Estados miembros de la ONU establezcan de manera urgente un mecanismo de investigación y rendición de cuentas por los más graves crímenes de derecho internacional cometidos en Irán”.
Un plan calculado para aplastar las protestas a cualquier precio
Las protestas de Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán, poblada por la minoría étnica baluchi —que sufre una opresión de larga data—, estaban programadas tras las oraciones del viernes 30 de septiembre en solidaridad con las protestas que se están celebrando en todo el país y para exigir rendición de cuentas por la presunta violación de una niña de 15 años por un jefe de policía en la provincia.
El 30 de septiembre, cuando un grupo de personas terminaron de rezar en la Gran Musalla de Zahedán, un amplio lugar de oración cercano a la mezquita principal de la ciudad, y se congregaron frente a la comisaría de policía para protestar y corear sus protestas, las fuerzas de seguridad dispararon munición real, perdigones y gas lacrimógeno desde el tejado de la comisaría.
Simultáneamente, miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil dispararon contra los manifestantes y transeúntes desde los tejados de varias casas cercanas, como han corroborado fotografías difundidas por activistas.
Las fuerzas de seguridad también dispararon munición real, perdigones y gas lacrimógeno directamente contra las zonas aledañas de la musalla, donde cientos de personas, entre ellas algunas de edad avanzada y niños y niñas, seguían haciendo las oraciones del viernes.
Amnistía Internacional ha documentado una alarmante escalada del uso de la fuerza y las armas de fuego desde el 21 de septiembre, cuando el máximo órgano militar del país dictó un orden a los jefes en todas las provincias en la que se les daban instrucciones de “reprimir con severidad a alborotadores y antirrevolucionarios”.
Disparos a la cabeza y el corazón
Las pruebas recabadas por Amnistía Internacional muestran que la mayoría de las víctimas recibieron disparos en la cabeza, el corazón, el cuello y el torso, lo que revela una intención clara de matar o causar daños graves.
El 1 de octubre, Mawlana Abdolhamid Ismaeelzahi, destacado líder suní de las oraciones del viernes en Zahedán, relató la represión en un testimonio de vídeo. Declaró que más 40 personas habían muerto después de que miembros de las fuerzas de seguridad aposados en los tejados disparasen munición real contra un grupo de jóvenes que se manifestaban frente a la comisaría de policía, así como directamente contra los hombres y mujeres que rezaban en la musalla.
Amnistía Internacional ha registrado los nombres de 66 personas asesinadas durante el incidente de la musalla del 30 de septiembre, pero cree que el número real de muertes es superior. La organización también ha registrado los nombres de 16 personas que murieron violentamente en otras protestas celebradas en otras partes de Zahedán desde el 30 de septiembre, y sigue investigando estas muertes. Entre las víctimas mortales hay al menos tres niños y niñas, dos de los cuales perdieron la vida durante el incidente de la musalla el 30 de septiembre, y otro, en un incidente separado ese mismo día. La organización está investigando informes sobre la muerte de al menos otros cuatro niños y niñas en Zahedán desde el 30 de septiembre.
El número de víctimas mortales registradas por Amnistía Internacional incluye sólo a personas identificadas por nombre por la organización a través de información de fuentes primarias directamente afectadas por las muertes o de activistas de derechos humanos baluchis. La organización ha hablado con las familias de 21 víctimas mortales en Zahedán.
Anteriormente, Amnistía Internacional había registrado los nombres de 52 personas víctimas mortales a manos de las fuerzas de seguridad iraníes entre el 19 y el 25 de septiembre en todo el país.
Desmentidos y encubrimiento del Estado
En consonancia con su constante de desmentidos y encubrimiento, las autoridades han dado un número de víctimas mortales inferior al real al informar de que durante las protestas de Zahedán del 30 de septiembre habían muerto 19 personas, incluidos transeúntes y miembros de las fuerzas de seguridad.
En un intento de eximirse de la responsabilidad por las muertes, las autoridades han difundido falsos relatos en los que culpan de las muertes a “terroristas”, “agitadores” y “separatistas” que, según ellas, actuaban para gobiernos extranjeros.
En vídeos de propaganda difundidos en medios de comunicación estatales tras el 30 de septiembre se ve a personas detenidas encapuchadas que, según las autoridades, han participado en ataques armados contra las fuerzas de seguridad en Zahedán. En uno de los vídeos se ve a una persona detenida a la que un presentador de televisión formula una serie de preguntas dirigidas, obligándola a hacer declaraciones autoincriminatorias, sin la presencia de un abogado, sobre su presunta participación en los tiroteos del 30 de septiembre. Teniendo en cuenta la pauta bien documentada de las autoridades iraníes de producir y difundir declaraciones obtenidas bajo coacción de personas detenidas para encubrir sus violaciones de derechos humanos, a Amnistía Internacional le preocupa que esas declaraciones hayan sido obtenidas con coerción.
Cruel justificación del uso ilegítimo de la fuerza
Según las autoridades, los manifestantes saquearon e incendiaron bienes públicos. No obstante, más allá de una minoría de manifestantes que lanzaba piedras contra la comisaría de policía, Amnistía Internacional no ha encontrado pruebas de que durante el incidente de la musalla del 30 de septiembre manifestantes y transeúntes realizasen de forma generaliza actos violentos que representasen una amenaza para la vida o causasen lesiones graves a las fuerzas de seguridad u otras personas y que justificasen el uso de medios letales contra ellas.
Las pruebas también revelan que muchas de las personas que murieron durante el incidente de la musalla recibieron disparos por detrás de la cabeza o el torso, lo que indica que estaban de espaldas a las fuerzas de seguridad y no representaban una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.
Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de las armas de fuego sólo se considera legítimo en respuesta a una situación de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos peligrosas. Aunque algunos manifestantes cometan actos de violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que las protestas pueden continuar sin intimidación ni injerencias indebidas de las fuerzas de seguridad. El uso de la fuerza sólo está permitido como último recurso en respuesta a protestas violentas; debe ser legal, necesario y proporcionado, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben distinguir entre las personas que participan en la violencia y las que no.
